Cuando se firmó un acuerdo de toda la casta política (desde la UDI al PC) que reconocía el liderazgo de la presidenta Bachelet y respaldaba de antemano las medidas que esta tomara “contra” la corrupción, lo que venía no podía ser sino la más vergonzosa impunidad para los propios firmantes respecto de los graves hechos en que están involucrados.
Ver a la UDI firmando un pacto “contra corrupción” deja de manifiesto el único y real sentido que podía tener el acuerdo.
Ese acuerdo tuvo destinatarios claros, el poder judicial y el Ministerio Público. Como sabemos ambos dependen en su origen del poder Ejecutivo y Parlamentario (la casta política). El acuerdo era decirle a estos poderes públicos si ustedes se cruzan en nuestro camino sepan desde ya que se enfrentarán a todos nosotros juntos.
Este pacto ha comenzado a dar sus repugnantes frutos. Los controladores de Penta, Lavín y Délano, han salido de la cárcel sin que, como lo exige el Código Procesal Penal, se hayan aportado antecedentes nuevos; antes lo contrario, todos los antecedentes nuevos involucran a los imputados en nuevos y reiterados delitos.
De su parte Pablo Wagner, bajo imputación de delitos que largamente superan los 5 años y un día, también ha salido de la cárcel.
Al director del Servicio Impuestos Internos, señor Jorrat, se le designó en propiedad en el cargo al día siguiente que señaló no tener interés en perseguir políticos por fraude al fisco. Se pagó de inmediato, al contado. La situación es tan brutal, que para forzar la investigación, el propio Fiscal Nacional denunció al Servicio de Impuestos Internos nuevos fraudes en que están los políticos profesionales.
Lo más grave ha venido de la propia presidenta Bachelet. Ella anunció un paquete de medidas señalando que existiría un vacío legal respecto a las boletas ideológicamente falsas. Es decir que ahora se sancionarían. Ergo, lo que ya pasó no sería sancionable, las boletas falsificadas en sus contenidos (falsedad en lo que se dice) no darían cuenta de un delito. Esto no es así, la falsedad de lo que dice un documento si ello causa perjuicio patrimonial a otro, en este caso al Fisco, es un delito.
En este mar de sinvergüencerías pasan otras cosas graves, que la prensa no registra, por ejemplo el que varios violadores a los DDHH tales como el ex teniente de Ejército Patricio Kellet Oyarzún y el ex mayor de carabineros Ricardo Lawrence se encuentran prófugos. Paralela y cómodamente siguen cobrando sus pensiones y la Policía de Investigaciones no los encuentra. ¿Son parte estos también de la impunidad?.
Se han conocido las declaraciones de los hijos del senador Jorge Pizarro en la fiscalía, cosas risibles, muy difíciles de creer; informes verbales sobre temas ucranianos por los cuales se recibían cifras millonarias. No se entregaban directamente sino por interpósita persona que luego si creemos en esta rueda de carreta tendría que ir a hacer el relato verbal de segunda mano al destinatario final. Sin embargo el honorable don Jorge no renuncia ni siquiera a la presidencia de la Democracia Cristiana. Se ha perdido el honor, el recato y hasta la vergüenza.
En lo sucesivo veremos cosas peores, la impunidad de los corruptos está en marcha.
ROBERTO AVILA TOLEDO