A los que se manifiestan decepcionados por los anuncios del gobierno para enfrentar la corrupción de la casta política y que consideran que debió condenar el sistema que la origina, habría que preguntarles por qué esperaban eso.
¿Ignoran acaso que el gobierno, sus partidos, los partidos de oposición y el Parlamento, están implicados en la corrupción? ¿No lo demuestra así la lluvia de boletas, facturas falsas y declaraciones de imputados que están apareciendo en la investigación del Ministerio Público? ¿Alguien cree que la podredumbre se limita a los casos Penta, Caval y Soquimich? ¿Se ignora que las empresas mineras, pesqueras, forestales, eléctricas, etc., financian las campañas electorales de presidentes, parlamentarios, alcaldes y concejales? ¿Nadie sabe que en las últimas elecciones presidenciales el dinero de las empresas fluyó a raudales hacia la Nueva Mayoría? ¿Es un secreto acaso que las reformas del actual gobierno sólo persiguen la modernización del modelo de libre mercado que instauró la dictadura? ¿Es que nadie se da cuenta que la base de este sistema es la Constitución Política y que a ella se someterán los anuncios de la presidenta?
La corrupción es el salario que recibe la casta política por cumplir su rol de guardián del sistema. De esto no se habla en los anuncios del gobierno, que elude señalar cómo y por qué se produce la corrupción.
¿Es acaso la primera vez que una denuncia termina acallada bajo una montaña de leyes, decretos y discursos que simulan atacar la corrupción, pero que solo imponen un paréntesis para calmar la indignación y propiciar el olvido?
Lo que están haciendo los actores políticos -férreamente unidos en el esfuerzo “republicano” de salvar las instituciones en crisis- es forjar un nuevo pacto para seguir medrando de la corrupción.
A partir de las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial, de los proyectos de leyes de probidad dormitando en el Congreso y de las variadas propuestas “anticorrupción” entregadas al Ejecutivo incluso por rufianes confesos como la UDI, va configurándose el intento de sofocar la crisis mediante un “arreglín” que se ciñe a un libreto conocido. Tal como en casos anteriores, se trata de un simulacro de justicia -que pagarán los protagonistas conocidos del escándalo-, y de una maraña de leyes, decretos y reglamentos que pronto serán burlados por la codicia de la elite gobernante.
Los gobiernos de la Concertación (hoy Nueva Mayoría) tienen experiencia en barrer su basura debajo de la alfombra. Recuérdese el caso MOP-Gate en el gobierno de Ricardo Lagos. La jueza Ana Chevesich encontró 25 “aristas” del caso y procesó a más de un centenar de personas. Pero al final nadie fue a prisión. El escándalo se hizo humo en virtud del acuerdo Lagos-Longueira que “salvó a la patria” al mejor estilo “republicano” de la casta política.
Tampoco es primera vez que la presidenta Bachelet quiebra lanzas contra la corrupción. En su anterior administración tuvo que promulgar la pomposa Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. Los casos Penta, SQM y Caval (más los que todavía permanecen en penumbras) demuestran que aquello sirvió de poco. Dicha ley creó el Consejo para la Transparencia cuyos consejeros designa el presidente de la República con acuerdo del Senado. Su presidenta hasta 2017 es la economista militante del PPD, Vivianne Blanlot Soza, que a la vez participa en los directorios de Colbún S.A., del grupo Matte, de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, y del Scotiabank Chile, de capitales canadienses. Blanlot fue ministra de Defensa en el primer gobierno de Bachelet y anteriormente directora de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y de la Comisión Nacional de Energía, todo lo cual explica el interés de los grupos económicos por tenerla en sus directorios.
En la actual coyuntura, la presidenta Bachelet recurrió una vez más a una comisión de nombre pomposo para conjurar la crisis. Esta vez fue el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencia y la Corrupción. Como disponía el libreto previamente acordado, todos los sectores políticos representados en el Parlamento se comprometieron de antemano a apoyar sin reticencias las propuestas del Consejo Asesor. No obstante la parafernalia de los anuncios presidenciales, ninguna iniciativa propone atacar el corazón de la corrupción, o sea el sistema que la reproduce. Para decirlo con la brutalidad que la situación exige: “Chile no va a cambiar mientras las elites no suelten la teta”. Son palabras de un conspicuo miembro de la elite, Felipe Lamarca, ex presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, quien agregó: “Es urgente hacer reformas… En un sistema que solo tiene de mercado el nombre, pero todos los poderes están concentrados, el chorreo funciona a goteo… El riesgo es que cuando las cosas siguen, explotan… La gente empieza a tener la sensación de que permanentemente se la afilan”(1).
La casta política, sin embargo, no tiene conciencia de la profundidad de la crisis. Quizás porque su sueño no se ha visto interrumpido -todavía- por la indignación del pueblo. Esa casta ni siquiera se dio por notificada con el bofetón de la abstención del 60% en las pasadas elecciones.
Todos los síntomas -aunque débiles aún en su manifestación pública- están indicando que el pueblo exige cortar el nudo gordiano que impide toda auténtica reforma: la Constitución Política del Estado. Esa acción fundacional debe comenzar con la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En tal sentido es positivo el anuncio de Bachelet de que en septiembre se iniciará un “proceso constituyente” con participación ciudadana. Lamentablemente no avanzó en cómo se realizará: ¿manejado por la misma casta política o se regirá por normas democráticas autónomas de la institucionalidad? En todo caso, hay que participar para impedir que el proceso muera en la bóveda de una institucionalidad corrupta que la nueva Constitución Política debe abolir.
PF
(1) La Tercera, 9 de octubre de 2005.
Editorial “Punto Final”, edición Nº 827, 1 de mayo, 2015