Hace pocos días, en entrevista para CNN-Chile, el Senador Walker, actual Presidente de la Cámara Alta, dijo que el gasto electoral (para campañas) debiera reducirse en un 50%. Ese punto de vista, aun cuando no constituye más que solo eso, y no siendo expresión de un proyecto de ley concreto, sí puede ser un atisbo de lo que la llamada “clase política” con presencia en el Legislativo tantea para sortear el brete en que la han colocado las investigaciones de la Fiscalía sobre lo que serían los mecanismos para financiarse en general y para erogar los gastos las campañas electorales en particular. Esto último, desde luego, ha sido modelado por los propios partidos y coaliciones que conocemos, modelado hasta la sinvergonzonería de 1989 en adelante.
Pero desde el punto de vista de un ciudadano, ¿qué es lo sensato en materia de gasto para campañas electorales en un país como Chile y en cualquier país? ¿Cuál es la mecánica de ese ítem que, en un contexto de voto voluntario, me llevaría a sufragar de nuevo, o en un contexto de voto obligatorio, a no anular o decisión afín?
1.- Prohibir toda propaganda en lugares públicos y privados a través de carteles o papelería en todas sus modalidades, donde durante estos últimos 25 años destacan las conocidas “palomas”.
2.- Perfeccionar las paletas propagandísticas que la ley electoral obliga a instalar a cada comuna, circunscripción y/o distrito, de forma tal que el espacio para cada aspirante sea absolutamente igualitario.
3.- Que cada elector reciba en el respectivo domicilio en donde aparece inscrito, un impreso en el que, en cantidad de páginas iguales para cada aspirante, aparezca su foto y su programa y/o propuestas.
4.- Franjas televisadas en que cada candidato cuente, asimismo, con igual tiempo que sus contrincantes para exponer su programa y/o propuestas.
5.- Incorporar la figura anterior a una franja radial.
Esos cinco puntos, cuyo costo debiera cargarse al erario público (ínfimo si se lo compara con el impacto moral y monetario de lo que hemos visto hasta aquí), son los únicos mecanismos que me parecen compatibles con una idea de igualdad para cualquier aspirante legalmente inscrito. Y así, quedan para otro capítulo los métodos de concentración del poder previo a las campañas y elecciones con que partidos y coaliciones, finalmente, elección tras elección, imponen a sus candidatos y copan los cargos de representación popular, aun cuando sean votados, como en el proceso de diciembre de 2013 y “gracias” a la implementación del voto voluntario, con menos del 50% del padrón habilitado para sufragar.