El duopolio insiste en defender la corruptela, con lo que inconscientemente opta por el suicidio y el derrumbe estrepitoso del sistema, de su particular sistema, el cual se ha sustentado en engaños, traiciones y entreguismos.
Cuando elegimos a nuestros representantes, ¿para qué lo hacemos? ¿Para que legislen en beneficio de 16 millones de chilenos…o para que abran el país a las fauces de ladrones transnacionales que depredan el territorio y se sientan en esos 16 millones de compatriotas? Es la pregunta clave.
Lo dijo en esta primera semana del mes de abril el Contralor General de la República: “no podemos cerrar los ojos, la corrupción ha llegado”. Derecha y Centroderecha (Alianza y Nueva Mayoría) han arribado a su punta de rieles, estación terminal del experimento llamado neoliberalismo salvaje que administró con entusiasmo y corrupto interés el duopolio que ambas forman desde inicios de los años 90. Lo anterior no se circunscribe únicamente a los aspectos económicos, pues en lo que concierne a la política, y a la sociedad en su conjunto, también el carro nacional que arrastra esa locomotora de fabricación estadounidense llamada “Política de los Acuerdos” carece no sólo de nuevos rieles, sino también de pasajeros interesados en subir al vagón.
La situación política de esos bloques que conforman una sociedad de intereses mutuos es definitivamente desastrosa. Desde el mismo momento en que se asociaron para “mejor gobernar” optaron por aplicar la teoría del empate, y esta vez lo han logrado plenamente. Les ha sido imposible superar al otro en cuestiones de corrupción, amiguismo, familisterio y sinvergüencerías. La verdad es que lo vienen haciendo desde hace a lo menos un par de décadas, y podrían haber continuado en la misma labor delictiva si no hubiesen terciado las redes sociales y la prensa electrónica independiente.
Por cierto, EMOL, COPESA y los canales de la televisión chilena nada habrían destapado ni acusado en relación a escándalos conocidos últimamente, como La Polar, la colusión de las farmacias, la de las avícolas, PENTA, CAVAL, SQM, etc., pues la prensa ‘oficial’ siempre se encargó de taparle la cara al macho amañando noticias, omitiendo información e incumpliendo dramáticamente el rol principal de los medios de comunicación, cual es informar la verdad, toda la verdad, sin excusas ni ambages, duela a quien duela y caiga quien caiga. Este es un hecho de la causa… a no olvidar.
Con un gobierno titubeante, zigzagueando hacia a la anomia, los lobos y coyotes que habitan en ambas coaliciones políticas salieron enloquecidamente a campo traviesa, dispuestos a imponer sus términos en irrestricta defensa de negociados, triquiñuelas y evasiones de impuestos. Ya no usan caretas ni se disfrazan de ovejas. Hoy aparecen tal como son, con su pelaje y colmillos, sus garras y sus amenazas predadoras. “O nosotros, o el fin del mundo”, aúllan desde lontananza, avisando con ello que -junto a las escuadras de especuladores financieros-, están decididos a impulsar un acuerdo zoológico para perdonar y santificar las barbaridades que hayan hecho hasta el momento mismo en que estampen sus firmas.
El feble argumento que utilizan es “salvar la legitimidad de las instituciones”, y parten del fallido supuesto que tales instituciones ‘funcionan’ o han funcionado, lo que por cierto dista mucho de la realidad si por ‘funcionar’ se entiende la defensa de los derechos de la sociedad civil (y no hago alusión a las otras sociedades, la eclesiástica y la militar, ya que ellas siempre han estado al resguardo de cualquier tormenta, cobijadas por el dinero y el poder).
El quid del asunto puede encontrarse en el corazón mismo de los supuestos anteriores, pues las actuales instituciones, cuya legitimidad se ve atacada por el imbatible virus de la democracia verdadera, sirven todavía de coadyuvantes en la comisión de delitos que durante décadas fueron cometidos a espaldas de la comunidad nacional en el más silencioso de los acuerdos, donde todos (en las tiendas partidistas, en los poderes del estado y en la prensa en manos de los poderosos) sabían que estaban realizando acciones punibles, que los de la acera del frente cometían el mismo acto y que todos, sin exclusión, reiteraban esos eventos a los que se les consideraba (para alivianar el pecado) como asuntos típicos de la política en momentos de campaña y para “la acción del buen gobierno concordado y cohabitado”.
Parlamentarios, gobernantes y dirigentes políticos mintieron (y omitieron la verdad) a lo largo de dos décadas. Veinte años durante los cuales esquilmaron al fisco, se burlaron de los electores y ningunearon la dignidad de dieciséis millones de chilenos. Veinte años en los que también amañaron datos y cifras oficiales (como la CASEN, por ejemplo) para sostener la flagrante mentira que vendían urbi et orbi como si fuese una exportación no tradicional: “Chile es el país más transparente y menos corrupto de América Latina”. Le ruego, amigo lector, que no se ría.
Hoy, la áspera duda alcanza incluso al gobierno gracias a que hijo y nuera de la Presidenta aparecieron involucrados en el caso CAVAL junto a Andrónico Luksic, jefe de una de las familias más ricas y poderosas de Chile y de América del Sur. Para acrecentar las críticas, de manera coetánea a lo anterior surgieron nombres de parlamentarios pertenecientes a la coalición oficialista enredados en oscuras negociaciones con la empresa SQM, cuyo jefe no es otro que el ex yerno del dictador Augusto Pinochet Ugarte. Se trata de Julio Ponce Lerou, quien ha invertido miles de millones de pesos en contratar asesorías, estudios e investigaciones referentes al análisis de la situación política actual, todas las cuales fueron efectuadas por miembros de partidos políticos del bloque llamado Nueva Mayoría (ex Concertación).
¿Para qué le servían tales estudios a una empresa dedicada a la química y a la minería? Quizás, Ponce Lerou –y sólo quizás- decidió “comprarles” a esos dirigentes oficialistas sus silencios y voluntades. O tal vez lo hizo para agenciarse algo más que el apoyo legislativo, pues la ira de muchos verdaderos socialistas atraviesa por la inaceptable idea de que ciertos dirigentes y parlamentarios de la Nueva Mayoría se han entregado –por dinero, claro está- a las fauces y veleidades de quienes apoyaron, e incluso aplaudieron, la matanza de miles de chilenos, algunos de los cuales fueron enviados al fondo del océano atados a rieles de ferrocarril.
No es entonces una cuestión meramente económica… se trata de la violación del alma impoluta de la democracia por la que lucharon millones de compatriotas durante los años del totalitarismo, en los que personajes como Ponce Lerou, Ricardo Claro, Carlos Délano, Lavín, los hermanos Zaldívar, Moreira y todos los demás -que son vastamente conocidos por la opinión pública-, sirvieron de ayudistas (e incluso de financistas en algunos casos) en el genocidio al que fue sometido el pueblo chileno entre 1973-1990, y a la posterior expoliación económica por todos sabida.
El velo ha sido descorrido. Las redes sociales lo hicieron, obligando luego a la prensa ‘oficial’ a seguir –aun a contrapelo y a contra voluntad- las estelas dejadas por diarios electrónicos, facebook y twitter. En la desesperación que provoca intuir que la batalla está a punto de perderse, individuos como Jovino Novoa, Sergio Bitar, Francisco Vidal y Jorge Pizarro, vomitan la última palabrería intentando obnubilar una vez más a chilenos desavisados con el inefable expediente de “proteger la legitimidad de las instituciones” y, en consecuencia, no sólo salvar a un gobierno y a un establishment que se derrumban como los muros de Jericó sino, también, proteger el propio pellejo para continuar en la senda de la politiquería y el robo en descampado que propicia y santifica el garumaje que habita en el Poder Legislativo.
Alguna vez, tiempo atrás, dijimos que Chile se encontraba “en la pitilla”. Hoy lo reafirmamos. La presidenta Bachelet puede –si así lo desea y estima (aunque requiere carácter, independencia sostenible y liderazgo real para ello)- dar un fuerte golpe de timón y encauzar la nave gubernativa por mares menos tormentosos. El Ministerio Público debe continuar su labor… el gobierno necesita mostrarse ante la sociedad nacional e internacional realmente transparente y defensor de las leyes y la soberanía popular… no hay otro camino, a menos que doña Michelle opte, erradamente, por la defensa corporativa de políticos corruptos y empresarios predadores para privilegiar intereses transnacionales que, en esencia, poco aportan al verdadero desarrollo armonioso y bienestar concreto de los chilenos.
Si Bachelet opta por la defensa corporativa de los causantes del embrollo, no debería extrañar la secuencia de movilizaciones, paros y huelgas que sobrevendrían en el país haciendo tambalear al actual gobierno. Como tampoco debería extrañar la aparición de uno o más ‘líderes’ populistas dispuestos a encabezar el próximo gobierno, ya que contarían con significativa aprobación de una ciudadanía que, pese a reconocerse hastiada de corruptelas, mentiras y traiciones, confirmaría con ello su ignorancia en estas delicadas materias… ignorancia provocada y protegida por quienes legislaron e impusieron el sistemita, y que más temprano que tarde deberán refugiarse en sus actividades laborales o comerciales abandonando por largo tiempo la práctica del llamado (y muy fácilmente rentable) “servicio público”.
La decisión de apoyar la aplicación de la ley o de apoyar al delincuente político, está en manos de Michelle Bachelet. Ella deberá decidir entre el camino de la justicia y la legalidad, o abrir puertas a la explosión social luego de proteger delincuentes disfrazados de dirigentes y parlamentarios.
Con ira en el alma y esperanza en el corazón, el país está al ‘aguaite’ para escuchar –o vivenciar- la respuesta de la señora en La Moneda. ¿Gobierna para los 16 millones de chilenos, o lo hace para un grupúsculo predador y ladrón? He ahí el quid del asunto.