La Comisión nominada por la Presidenta de la República, encargada estudiar y proponer posibles soluciones a la colusión entre política y negocios, nació muerta: en primer lugar por la experiencia de otras Comisiones, entre la del Acuerdo de la LGE (Ley General de Educación), que terminó con manos entrelazadas – con la máxima de que “los ratones unidos jamás serán vencidos” -; en segundo lugar, la conforman algunos intelectuales que tienen cero calle, por consiguiente, nulo conocimiento de la vida del chileno de pié y que, además, la mayoría de la gente los conoce menos que algunos de los ministros de Estado; en tercer lugar, la ciudadanía percibe el hecho de este nombramiento como una maniobra dilatoria para que el tiempo, o bien, una catástrofe, se encarguen de apaciguar la ira popular contra las castas en el poder. Es muy posible que de esta Comisión salgan buenas ideas, pero servirá de poco, pues se hace casi imposible que los mismos concernidos y coludidos en la corrupción se auto-reformen – por cierto, esto no ha ocurrido nunca en la historia de ningún país -.
Siguiendo el pensamiento de Bernard Shaw, cuando el 90% rechaza a los parlamentarios actuales, la única salida que resta es cambiarlos – como se hace con los pañales, pues nadie sería capaz de dejar a un infante cagado durante todo el día – y no es tan complicado, pues basta seguir la sabia proposición del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz que, en práctica, podría traducirse en que la Presidenta convocara a un plebiscito revocatorio de los cargos de diputados y senadores; otra vía sería la propuesta de una reforma constitucional que aprobara la revocación de mandato, pero como es casi seguro de que la casta política en el Congreso no quiera “reformarse” voluntariamente, habrá que buscar, con el método de la no-violencia activa ciudadana, la forma para erradicar a los corruptos y dar paso a una democracia representativa con elementos de democracia directa, es decir, revocación de mandato de elección popular, iniciativa popular de ley y plebiscitos y referéndum de iniciativa bien sea del Ejecutivo, de Legislativo y/o de la ciudadanía.
Se argumentará que este camino no es constitucional, pero debemos considerar que la actual “Carta Magna” es intrínsecamente tramposa, en consecuencia, discutible su legitimidad de ejercicio, que es una de las causas de la deslegitimación del sistema político actual. Por lo demás, los mecanismos de la democracia directa se emplean en el país más democrático de América Latina –Uruguay -, y los plebiscitos y referendos son de uso cotidiano, por ejemplo, en la V República francesa, incluso en Chile cuando este país era democrático – la Constitución de 1925 tenía muchos componentes plebiscitarios, y Eduardo Frei Montalva propuso al Congreso una serie de proyectos de tipo plebiscitarios para resolver los conflictos de poder con el Congreso -.
Existe otra salida a la crisis política muy oportuna que dice relación con el llamado de la Presidenta a un plebiscito, consultando a los verdaderos detentores del poder, los ciudadanos, para que se pronuncien si quieren o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente, a fin de redactar una nueva Constitución democrática que, una vez plebiscitada, se elija a las nuevas autoridades de la II República de Chile.
Creo que es difícil que las castas políticas dejen voluntariamente el poder, sólo resta la esperanza en la fuerza pacífica de la movilización ciudadana.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
12/03/2015
*(Georges Bernard Shaw)