El libro “Así empezó todo”, de Enrique Santos Calderón, trata sobre uno de los temas más cruciales de América Latina: el proceso de paz en Colombia entre las Farc y el gobierno. Cuenta, con lujo de detalles, sobre la primera ronda de negociaciones (2012); a la vez, además, entrega valiosos elementos de contexto, relacionados con actores relevantes para una solución al conflicto: el papel de los medios, el parlamento y los militares. Y aborda desafíos como la necesaria construcción de una política de Estado al respecto o la ratificación interna de los acuerdos en un escenario de post conflicto.
De reciente aparición (noviembre de 1914), se publica dos años después de la primera tratativa, realizada en forma secreta en La Habana y a menos de un mes del anuncio del cese al fuego unilateral por el destacamento guerrillero, casi simultáneamente con la reapertura de relaciones políticas entre Cuba y Estados Unidos.
Su autor, hermano del presidente de dicha nación, ha sido testigo y protagonista de diversas negociaciones entre sucesivos gobiernos y la guerrilla más antigua del continente americano, cuyos antecedentes se remontan a 1948, con el asesinato del líder del partido liberal por la oligarquía de la época, Jorge Eliecer Gaitán y la reacción popular posterior, que diera origen al Bogotazo, con su secuela posterior de violencia y represión. A partir de los ’60, con la influencia de la revolución cubana, aparecen grupos insurgentes de distintos orígenes y filiaciones: FARC (prosoviéticos); el ELN (guevaristas y cristianos, inspirados en la Teología de la Liberación), con Camilo Torres como uno de sus fundadores; EPL (prochino); M-19 (nacionalista) y Quintín Lame (indígena). De ellos, los que continúan manteniendo la opción armada son las FARC y el ELN. Según fuentes autorizadas, pese a las bajas de los últimos años, en el año 2012 los grupos guerrilleros en conjunto controlaban un 35% del territorio nacional (los otros dos tercios son controlados por los paramilitares y el Estado, respectivamente).
Según cifras oficiales, este conflicto armado ha dejado más de 220.000 muertos y cinco millones de desplazados. De ahí que, al menos en las dos últimas décadas, las elecciones hayan sido una suerte de referéndum de los diferentes caminos de solución al problema de la violencia, ampliamente rechazada por la mayoría de la población.
Al respecto, es posible detectar una mayor comprensión a este fenómeno por parte del pueblo colombiano: en la década anterior, lo que se impuso fue el camino señalado por Uribe, con la promesa de derrotar a la guerrilla por la vía militar, obteniendo una altísima popularidad. En cambio, en las últimas elecciones, el mismo pueblo hizo valer sus anhelos de construcción de una salida política. Ello era lo que representaba Santos, y una parte importante de la izquierda (Polo Democrático) que apoyó esta opción en segunda vuelta.
A diferencia de tratativas anteriores, las negociaciones en curso se vienen llevando a cabo con la participación directa de los diferentes poderes del Estado (incluyendo altos oficiales), con una comunidad internacional que ha mostrado activamente su apoyo al proceso, incluyendo los gobiernos de Noruega y Cuba como garantes y el de Venezuela como acompañante. Y que incluso han contado con el respaldo declarado de los familiares de las víctimas de la guerrilla.
Pero, sobre todo, esta vez no sólo se trata del fin de la violencia, sino de impulsar un gran “Acuerdo General por la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado el 27 de agosto de 2012, con una agenda de desarrollo amplia, que incluye la reforma agraria, cuestión absolutamente pertinente: el 1% de las familias concentran aproximadamente el 60% de la tierra apta para producir.
En última instancia, el logro de estos esfuerzos dependerá del alcance y el sentido de las reformas estructurales que, muy necesariamente, deberá llevar a cabo el gobierno colombiano y los distintos actores que intervengan en la “construcción de la paz”.