Un amplio y diverso grupo de organizaciones sociales promotoras de la Asamblea Constituyente, reunidas en la articulación Poder Social Constituyente, manifestaron su “profunda preocupación por la crisis institucional y política que afecta a nuestro país”, en tanto expresaron su indignación ante lo que consideran el inaceptable escándalo develado por el llamado caso PENTA, que muestra de la magnitud del financiamiento ilícito de campañas políticas.
Poder Social Constituyente hizo estas declaraciones a través de un comunicado, a la vez que envió una carta pública a los presidentes de ambas cámaras, Isabel Allende en el Senado, y Aldo Cornejo, en la Cámara de Diputados. En la misiva señalan que “los datos conocidos hasta ahora de la relación del financiamiento ilegal o éticamente reprochable, no hacen más que incrementar la desconfianza de la ciudadanía con la política. Nuestra democracia languidece ante la concentración del poder, en que reducidos círculos de elite buscan la satisfacción de sus intereses particulares y no los de la democracia, de la defensa de derechos, de bienes públicos y bienes comunes”.
Este caso, agrega la carta, lamentablemente, confirma la falta de legitimidad que tiene el Congreso Nacional para implementar mediante una vía interna e institucional un mecanismo para dotarnos de una nueva Constitución Política.
“El único mecanismo que asegura legitimidad y soberanía a la ciudadanía es un proceso que devuelva la soberanía al poder constituyente originario, esto es el pueblo de Chile. Tenemos el convencimiento que esto sólo podrá materializarse mediante la realización de una Asamblea Constituyente”, finaliza.