Aumentar la edad de jubilación es la solución. Falso. Indudablemente el aumento en la edad de jubilación no representa una solución para los casi 500 mil pensionados que hoy reciben una pensión promedio a través de la modalidad de retiro programado equivalente a $128.933 (61% del salario mínimo vigente según las estadísticas proporcionadas por la Superintendencia de Pensiones al 31 de octubre de 2014), sino que más bien intenta generar una disminución en el número de años en los cuales el ahorro acumulado debe ser distribuido.
Lo anterior traería consigo un potencial aumento de las pensiones a pagar en el futuro, lo que de ninguna manera es sinónimo de una mejor gestión por parte de las AFPs, hecho que se justifica al observar que el ahorro acumulado promedio para las personas entre 60 y 65 años es relativamente bajo (alrededor de $27 millones por persona, que en total alcanzan los $10 billones de pesos, pertenecientes a 370.824 afiliados de este rango, los que a su vez representan alrededor de un 12% del total de los fondos acumulados del sistema), lo anterior sumado a que solo el 35% de los afiliados pertenecientes a este grupo etario realiza contribuciones efectivas en las AFPs, lo que evidencia al mismo tiempo la escasa participación en el mercado laboral formal por parte de este grupo. Por lo tanto, el potencial incremento que estos fondos pudieran alcanzar como resultado del aumento en la edad de jubilación no sería suficiente para generar un aumento significativo en el monto de las pensiones (a niveles equivalentes al salario mínimo vigente), ya que este se encuentra altamente condicionado a la rentabilidad de las inversiones, las que representarían la única fuente de ingresos para un 65% de los afiliados.
Como complemento a lo anterior, es importante mencionar que más de la mitad de los ingresos recibidos por los mayores de 65 años tiene su origen en las rentas provenientes del trabajo, y no precisamente en los supuestos beneficios entregados por el sistema de pensiones, (según estadísticas de la OECD en su informe “Pensions at a Glance – 2013”). Por lo tanto, difícilmente un aumento en la edad de jubilación revertiría esta lógica, más aún en los sistemas de pensión privados, los que no se caracterizan por una distribución equitativa de los ingresos, en especial para aquellos pensionados que perciben menores rentas, lo anterior en base a la visión de la propia OECD, puesto a que estos no están constituidos sobre el principio fundamental de la solidaridad y además parecieran no tener por objetivo entregar pensiones que permitan sustituir un porcentaje considerable de las rentas percibidas por los trabajadores durante su vida laboral activa.
Ahora bien, si se analizan las reformas a los sistemas de pensiones llevadas a cabo por los países OECD, podemos ver que estas consideran el aumento en la edad de jubilación como eje principal, con el fin de resguardar la sostenibilidad financiera y el nivel de los beneficios que proporcionan los sistemas de pensión. Sin embargo, es necesario tener presente que el origen de esta medida dice relación con los impactos de la crisis económica provocada por el sistema financiero (la que generó un importante deterioro de los fondos de pensión a nivel local y en aquellos países que utilizan el modelo de capitalización individual como parte de la seguridad social), y los altos niveles de deuda en especial de los países de la Unión Europea, dificultades que no tienen directa relación con la forma en la cual se estructuran los sistemas de pensión públicos en dichos países y que los por lo demás representan una fuente importante de los ingresos percibidos por las personas de la tercera edad (60% en promedio). Adicionalmente, en el informe al cual se hace referencia anteriormente, se identifica como una señal de alerta el aumento en la edad de jubilación, si se consideran las altas tasas de desempleo juvenil registradas por los países de la Unión Europea, por lo tanto, este tipo de medidas podría poner presión en el mercado del trabajo en ambos extremos, lo que hace necesario el desarrollo de políticas por parte de los gobiernos, orientadas a la co-existencia de todos los grupos que conforman la sociedad, más aún si consideramos de facto que los trabajadores en Chile registran una edad promedio de salida del mercado laboral (formal e informal) de 69,4 años en los hombres y de 70,4 años en las mujeres, ambas edades muy superiores al promedio de los países OECD (64,2 y 63.1). Adicionalmente, es importante considerar que las mujeres se encuentran insertas en un modelo altamente discriminador, como resultado de las mejores expectativas de vida que presentan en relación con los hombres, lo que trae consigo el otorgamiento de pensiones más bajas, posicionándolas en un contexto de alto riesgo de pobreza en la vejez.
Con respecto a la demografía, esta se presenta favorable, según el análisis efectuado por el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) y presentado a la Comisión Pensiones en Junio de 2014. En este análisis se indica que la situación demográfica del país es beneficiosa, ya que gracias al bono demográfico que todas las sociedades experimentan en el curso de su urbanización, la proporción entre población pasiva y activa, conocida como tasa de dependencia, se ha reducido en Chile a la mitad de lo que era hace cincuenta años y será más beneficiosa a fines del presente siglo que lo que era a mediados del recién pasado. Adicionalmente, quienes esgrimen el “envejecimiento” como una problemática, gustan de comparar exclusivamente el número de adultos mayores con el número de personas en edad de trabajar, por lo tanto, lo asimilan con los cotizantes en las AFPs, sin considerar que los descuentos a los salarios no son la única manera en que las personas activas transfieren recursos a los adultos mayores (CENDA, Junio 2014). Este punto es de vital importancia, ya que las pensiones no solo se componen de valores monetarios, sino que deben ser complementadas con el acceso a los servicios públicos, como la salud, la educación, el transporte y la vivienda social, que también afectan los niveles de vida de las personas mayores.
Si se toman como referencia los datos proporcionados por la OECD, los cuales consideran la tasa de dependencia como la proporción de la población activa (rango de edad entre 20 y 64 años) y pasiva (personas de 65 años y más), podemos ver que Chile es considerado un país demográficamente joven, el cual mantendrá esta característica dentro de los próximos cuarenta y cinco años, donde para 2060 se espera una disminución en su tasa de dependencia en relación con el resto de los países de la OECD.
En suma, podríamos concluir que la demografía es un aspecto que no representa impedimento alguno para la implementación de un nuevo sistema solidario de pensiones que sea sostenible financieramente en el tiempo y que el potencial aumento en la edad de jubilación no constituye beneficio alguno para los trabajadores, sino que más bien vulnera aún más sus derechos.
“Los cambios demográficos afectan por igual a todos los esquemas de pensiones. Estos son solo mecanismos de cálculo, simples o enrevesados, generosos o mezquinos, explícitos o invertidos, que determinan la cantidad de bienes y servicios que cada generación proporciona a la precedente y ayudan en parte a transferirlos. Si las pensiones en Chile resultan bajas, ello no se debe a la demografía, que es muy ventajosa, sino a que algo está fallando en el mecanismo de cálculo y transmisión” – Manuel Riesco (CENDA)
La Comisión Asesora Presidencial es independiente
Falso. Con fecha 29 de abril de 2014, se crea la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, cuyo objetivo es la realización de un diagnóstico del modelo de capitalización individual (sistema privado de pensiones), así como la elaboración de propuestas de solución a las deficiencias identificadas en la etapa de diagnóstico. Al mismo tiempo, la Presidenta de la Republica designó 24 comisionados (15 nacionales y 9 internacionales) cuya responsabilidad es la de liderar dicho proceso, a través de la realización de audiencias con los distintos representantes del mundo laboral y empresarial, proceso llevado a cabo entre los meses de mayo y septiembre de 2014.
En lo que respecta a los comisionados nacionales sorprende la funcionalidad de algunos con el actual modelo privado de pensiones y el evidente conflicto de interés que genera esa condición. Los casos más relevantes se presentan a continuación:
Ricardo Paredes – Economista, Académico, Investigador y Consultor.
Experto en Educación, presidió la comisión sobre financiamiento estudiantil creada por el Gobierno de Sebastián Pinera, además formó parte del comando de Evelyn Matthei como Presidente de la Comisión Educación.
Miembro del Consejo Consultivo Previsional en el Gobierno de Sebastián Pinera, creado como resultado de la reforma al sistema previsional del año 2008.
Consultor registrado en la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP)
Como Consultor ha realizado diversos estudios en materia previsional, en el cual se destaca el estudio sobre Tasas de Reemplazo en el Sistema de Pensiones, encargado por la Asociación de AFPs (representante del gremio) en el año 2012.
Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y Presidente del Instituto de Economía (Idecon). Involucrado en el caso de corrupción MOP-GATE en el año 2000, por el delito de Estafa y Fraude al fisco.
Martin Costabal – Economista/MBA de la Universidad de Chicago, Académico, Político, Director de Empresas y Ex – Ministro de Hacienda de Pinochet
Director de Presupuestos y miembro del equipo que diseñó el Sistema de Capitalización Individual (1974-1980) y asesor del Ministerio de Economía (1979-1980)
Ministro de Hacienda en los últimos años de la Dictadura Militar (1989-1990)
Gerente General de AFP Habitat (2000-2004)
Integrante del Tribunal Supremo de la Unión Demócrata Independiente (UDI)
Formó parte de la comisión que reformó el sistema previsional el año 2008.
Otros comisionados como David Bravo (Presidente de la Comisión), Regina Clark, Carlos Diaz y Andras Uthoff, si bien no cuentan con un extenso prontuario al nivel de Paredes y Costabal, fueron miembros del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional aprobada el año 2008, además, Bravo, Diaz y Uthoff participan activamente del Consejo Consultivo Previsional creado el año 2008, por lo tanto, deberían tener bastante claridad respecto al diagnóstico del sistema previsional.
En conclusión, se podría establecer que las AFPs tuvieron un exceso de representatividad tanto a nivel de la comisión evaluadora como en las audiencias realizadas, sin mencionar que la presencia en la comisión de la clase trabajadora es completamente nula. También hubo un sesgo en el número de actores pro sistema privado de pensiones que presentaron propuestas a la comisión, ya que de un total de 78 audiencias, las AFPs fueron representadas en 30 ocasiones (número que no considera a los partidarios de la AFP estatal (iniciativa que no pone fin al sistema privado de pensiones), donde destaca la participación de 100% de las AFPs, la Asociación de AFPs (representante del gremio), Directores de AFPs, Ex Superintendentes de Pensiones, la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones (FIAP), la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), la Asociación de Administradores de Fondos Mutuos (AAFM), la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), la Fundación Jaime Guzmán , Libertad y Desarrollo (LyD), Econsult, Icare, entre otros importantes personeros e instituciones partidarios del sistema de AFP.