Febrero 18, 2025

El verdadero lobby no está en el lobby. Está en la misma política

Este fin de semana ha entrado en vigor la ley del lobby, que ordena las influencias y persuasiones privadas sobre los funcionarios y legisladores. Pero difícilmente terminará con un sistema político cada vez más imbricado con el poder económico y cuyas expresiones más evidentes van desde la defensa de parlamentarios DC a sus militantes que lucran con la educación hasta el mismo caso Penta.

 

 

 

El caso Penta, o la Penta política, como tituló hace un par de meses la revista Punto Final, que ha revivido la corrupción política a los mejores momentos de la década pasada, es una hebra más en la gruesa trenza que ata las relaciones público privadas, una doble costura que sostiene todo el andamiaje neoliberal binominal. Tras la privatización de gran parte de las actividades públicas, del mismo aparato del estado, el poder público ha tendido a expresarse como una extensión del poderoso poder privado. Las grandes decisiones en el estado neoliberal se toman en los núcleos más duros de las grandes corporaciones.

 

 

Ante ello, el caso Penta emerge como perfecta muestra de las interacciones público privadas, de la forma de hacer negocios pero también de hacer política. Un nueva marca en los actos de corrupción y en la concentración del poder que nos lleva, necesaria y directamente, a recordar la aguda y tan citada frase de lord Acton: si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo que podemos observar son crecientes niveles de concentración del poder, que tienen como efecto nuevas marcas en los grados de corrupción. Si tuviéramos una estadística que nos midiera esta actividad, el caso Penta esbozaría el clásico gráfico del palo de hockey.

 

Esta forma de hacer política la hemos visto durante los últimos 25 años. La concentración de la riqueza ha conducido a una concentración del poder, proceso que se retroalimenta y amplifica. Decisiones políticas y leyes a la medida del gran poder corporativo, o leyes matizadas por estas poderosas asociaciones y gremios. Un proceso denominado durante las décadas como política de los consensos y hoy renombrado como cocina legislativa. Desde los albores de la transición han sido las cúpulas más exclusivas quienes han pauteado no sólo las decisiones gubernamentales y votaciones parlamentarias, sino las mismas elecciones y candidaturas.

 

El lobby como negación democrática

 

Hay una íntima relación entre el poder económico y el político. Es un hecho, que se manifiesta de forma secreta, como lo ha sido el caso Penta y las facturas brujas para justificar aportes financieros ilegales a las candidaturas, pero también de manera embozada, que tiene su expresión en el lobby. En cierto modo, esta actividad recién normada, que ha transcurrido en un territorio indefinido, un tablero sin reglas claras, es también la muestra de los alcances de la fusión de lo público y privado. No como gran demostración democrática, sino en sentido inverso. El lobby, de cierta forma, es una contradicción de la democracia, que en un régimen binominal como el nuestro es su simple negación. Lo que no se logra en las urnas, se logra a través de influencias directas.

 

El lobby no usa el dinero. Usa argumentos, busca influir en los legisladores. Esta es la denominación técnica. ¿Pero qué contrapeso puede tener un grupo de vecinos que defienden su barrio contra, por ejemplo, la inmobiliaria que construye un mall de muchos millones de dólares? ¿Dónde está la línea que separa los argumentos con el soborno? No necesariamente financiero, pero en regalos, en viajes pagados en primera clase en hoteles de cinco estrellas.

 

La nueva ley del lobby, que entró en vigor este fin de semana, establece normas para su ejercicio, entre ellas la inscripción en un registro nacional del lobista. Firmas de relaciones públicas, de imagen corporativa, de simple y llano lobby, como son las empresas Extend, Tironi y Asociados, Imaginacción o Azert, tienen en común no sólo sus actividades de asesorías comunicacionales sino el perfil de sus dueños y ejecutivos. Mientras la primera está controlada por las hijas de Belisario Velasco, la siguiente es de Eugenio Tironi, exasesor de comunicaciones del gobierno de Patricio Aylwin, en tanto Imaginacción es del exministro de Aylwin Enrique Correa y Azerta de Cristina Bitar, cercana a la UDI. Condición sine qua non para estar en este negocio que mueve millones de dólares son, como puede verse, las relaciones políticas.

 

La nueva ley establece una serie de normas, condiciones y sanciones. Según puede leerse, hasta los viajes de un diputado o subsecretario deberán estar justificados, así como todas sus reuniones, en tanto habrá un seguimiento público de las actividades de los funcionarios y legisladores ante, por ejemplo, ciertas decisiones administrativas relevantes o reformas legales. Se calcula que son varios miles de personas las que se regirán bajo esta ley. De no cumplirla, habrá sanciones de hasta un par de millones de pesos.

 

Quiénes son los verdaderos profesionales del lobby

 

Acotar aquí el lobby sería una ingenuidad. Esta es una forma, la más visible tal vez, de influir, pero no necesariamente la más efectiva. Objetivos similares tienen desde las asociaciones empresariales, gremiales, fundaciones de diversa composición que la ley ordena bajo el concepto de gestor de intereses.

 

Pero las formas de influir, en especial de los verdaderamente poderosos, son más opacos y efectivos. Entre ellos, la cooptación de políticos, como es su ingreso en los directorios de las grandes corporaciones. Esta imbricación aún menos regulada entre figuras políticas instaladas al interior de las empresas es evidentemente una forma manifiesta de lobby. Que no se le reconozca, es otro asunto y parte de la misma maquinaria de corrupción política. Desde los primeros años de la transición política, para no mencionar los de la dictadura, son numerosos los políticos devenidos en representantes empresariales lo mismo que en el sentido inverso. Desde los funcionarios de la dictadura José Yuraszeck y Julio Ponce Lerou, convertidos en multimillonarios a través de Endesa y Soquimich, a funcionarios, ministros y subsecretarios de la Concertación como Oscar Guillermo Garretón, Daniel Fernández o Jorge Rosenblutt, posteriormente bien instalados en corporaciones como Iansa, Hidroaysén y Endesa España, hasta casos como el de Alfredo Moreno, exministro de Relaciones Exteriores del gobierno pasado y ahora presidente de las empresas Penta, o Rodrigo Pérez Mackenna, exministro de Vivienda y Urbanismo y hoy presidente de la Asociación de AFPs, cargo que detentó durante 20 años Guillermo Arthur, fundador de la UDI y exministro del Trabajo del mismísimo Pinochet.

 

La larga transición chilena ha sido interpretada por más de un analista como un período postdictatorial, o una extensión, bajo ciertos aspectos democráticos, de una sólida estructura heredada de la dictadura. Este es un hecho, que si bien es tema de debate político, expresado en la propuesta del gobierno de Michelle Bachelet de reforma constitucional, es también materia de consenso en cualquier debate académico o de mínima seriedad política. Es por ello que la transición, si bien estuvo gobernada por la Concertación, fue conducida por los ministros y funcionarios de la dictadura, entonces líderes y correas transmisoras de los poderes económico, político y, por cierto, militar.

 

Si hemos mencionado a Guillermo Arthur en la jefatura de las AFPs durante más de diez años, la lista que podemos ir armando liga a diversos sectores de la economía con las privatizaciones y la dictadura. Así, Hernán Büchi, exministro de Hacienda de Pinochet, es presidente de empresas del grupo Luksic, vicepresidente de Soquimich, y director de varias otras compañías, desde Falabella, Copesa y Parque Arauco. Otro ministro de Hacienda de Pinochet, Carlos Cáceres, fue director de Enersis, Carozzi, de bancos y pesqueras.

 

Si hacemos un breve recuento de los presidentes de la poderosa Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) desde 1990 en adelante veremos que la relación de sus líderes con la dictadura es más que evidente. Entre ellos está el empresario Hernán Briones, de Cemento Bío Bío, tan amigo de Pinochet que además de visitarlo en Londres fue presidente de la Fundación Augusto Pinochet.Lo mismo Felipe Lamarca, exdirector del Servicio de Impuestos Internos durante la dictadura, Bruno Philippi, asesor económico de varios ministerios de Pinochet, Andrés Concha, director de ProChile y la Direcon durante el mentado régimen. Sólo el último y actual presidente de este enclave derechista, Herman von Mühlenbrock, tiene una carrera acotada al sector privado.

 

 

Lobby con ventilador

 

El lobby tampoco podemos limitarlo a las actividades gremiales. La influencia política hay que seguirla por otros cauces, muchos de ellos opacos y falsos. No sólo está direccionada hacia parlamentarios y los gobiernos, sino también, como ejercicio comunicacional básico, hacia la creación de sentido y opinión pública. Las inversiones que hace la derecha y el empresariado en este ámbito han sido exitosas, las que se extienden desde los medios de comunicación a fundaciones, centros de estudios y universidades. No es mucho más lo que vamos a agregar aquí sobre El Mercurio y el rol de Agustín Edwards como gestor del golpe de Estado de 1973, pero sí podemos recordar quiénes han estado tras centros de estudios como el CEP y el Instituto Libertad y Desarrollo. Mientras el CEP ha sido controlado históricamente por el grupo Matte, cuyos vínculos con la dictadura llegaron hasta ministerios, a la cabeza de Libertad y Desarrollo han estado desde Hernán Büchi, Carlos Cáceres y Cristián Larroulet, todos altos funcionarios de Pinochet. Bien sabemos que cada documento, ensayo o investigación de este centro ha sido históricamente insumo de parlamentarios de derecha y portada del diario de Agustín.

 

Centros de estudio, pero también universidades. La generación de ideas y producción de sentido tiene una fuerte carga ideológica que penetra en el sistema social. Qué otra explicación tienen directorios de universidades privadas con un marcado sesgo derechista, como lo son, por ejemplo, las universidades del Desarrollo (UDD), San Sebastián o Finis Terrae, esta última de la congregación Legionarios de Cristo y sede en la cual Cristián Labbé, exalcalde de Providencia y hoy procesado por violaciones a los derechos humanos, impartía también su cátedra. En la UDD podemos hallar a Hernán Büchi (nada menos que presidente de la universidad), a Alfredo Moreno, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ambos socios fundadores del grupo Penta y procesados hoy por delitos tributarios y aportes electorales ilegales. En la San Sebastián, según Poderopedia, nos encontramos con el empresario Alejandro Pérez, ex hombre fuerte del grupo Angelini en Celulosa Arauco; Andrés Navarro, dueño de Sonda y amigo del expresidente Sebastián Piñera y con fuertes vínculos con la exconcertación; Luis Cordero, fundador y hoy exmilitante de la UDI y Juan José Cueto Plaza de LAN, entre otros.

 

El lobby seduce no sólo a políticos, sino puede hacerlo con asociaciones completas. Es un hecho que grandes organismos nacionales e internacionales han cambiado de parecer de la noche a la mañana tras los líquidos argumentos de compañías farmacéuticas, la agroindustria o los mismos gobiernos. Otros casos son las contracampañas para destruir reputaciones. Un caso reciente es la filtración de cómo y cuánto cobró la empresa de comunicaciones Clark Lytle Geduldig & Crawford a la Asociación de Banqueros Estadounidenses para desprestigiar al movimiento Occupy Wall Street.

 

 

El lobby empresarial en toda su extensión llegó en partes iguales a la Concertación y sus gobiernos desde 1990 en adelante. El poder no solo estaba en todos los gremios y asociaciones económicas sino al interior de los partidos gobernantes. Si hacemos un seguimiento a las grandes tendencias que siguieron los capitales durante las décadas más intensas de la globalización, veremos la fusión que se produjo entre las corporaciones españolas que inundaron Chile y Latinoamérica y el contexto de los entonces gobernantes. Las empresas reclutaron desde los partidos oficialistas a varios de sus directores. La lista, que no tiene desperdicio, es sólo un ejemplo que puede ser tomado cual muestra estadística.

 

Partamos con Ximena Rincón (DC), ex intendenta de Santiago, exsenadora y hoy ministra de la presidencia . Ella pasó a formar parte del directorio de la AFP Provida durante los años que fue controlada por el BBVA de España, directorio en el cual también estuvo el socialista y ex ministro José Antonio Viera-Gallo.

 

Otro es el olvidado Carlos Mladinic (DC), ex ministro de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei Ruíz Tagle y presidente del Sistema de Empresas Públicas. Este DC fue miembro del directorio de la privatizada Aguas Andina, controlada por la hispana Aguas de Barcelona.

 

Fernando Bustamante (del círculo más cercano a Ricardo Lagos), aunque salió de los titulares de prensa, vale recordarlo por sus múltiples directorios. Fue presidente del Metro, que es pública, del directorio de la española Telefónica, de Enap y BancoEstado.

 

Cómo no mencionar a Eugenio Tironi. El ex ministro de Aylwin es hoy un connotado empresario de las comunicaciones y otras áreas. Es también, por cierto, un exitoso publicista del neoliberalismo en sus columnas de El Mercurio, un reconocido lobbysta y ha sido miembro del directorio de Enersis y de la Fundación Paz Ciudadana. A través de su empresa de comunicaciones le ha hecho la campaña corporativa a Hidroaysén.

 

Jaime Estévez (PS), ex ministro de Obras Públicas y ex presidente del BancoEstado durante el período Lagos, hoy en el directorio de Endesa y en el negocio del fútbol.

 

Jorge Rosenblut (PPD), subsecretario de Telecomunicaciones durante los gobiernos de Aylwin y Frei Ruíz-Tagle, es presidente de Endesa y ha sido director de la AFP Cuprum y otras varias corporaciones.

 

Con este organigrama, el que, insistimos, es solo una muestra aleatoria pero bien representativa, de qué podemos sorprendernos sobre las actividades de nuestros gobernantes y parlamentarios. Pero vale la pena recordar algunos episodios amargos para el ciudadano. Habría que colocar en el lugar más destacado de esta breve compilación las reformas a la ley de pesca, en las cuales han votado parlamentarios no sólo accionistas de pesqueras sino otros y otras que han recibido comprobadas ayudas financieras. O también las leyes de medicamentos, guiadas por el poderoso lobby farmacéutico que compra desde médicos, funcionarios y políticos.

 

En la memoria aún tenemos el episodio cuando la Cámara, que un día había votado a favor del sofware libre en la administración pública, al día siguiente, gracias a las gestiones de un diputado PPD, apoyaba al gigante Microsoft con su ubicuo sistema windows.

 

Si así funciona la Cámara, en los gobiernos la cosa no está mejor, con múltiples y persistentes casos de corrupción por sobreprecios, licitaciones brujas y otras comisiones. Pero vale recordar uno en especial durante el anterior gobierno de Michelle Bachelet. La embajada de Estados Unidos consiguió que una empresa contaminante, como la termoeléctrica Campiche de la corporación estadounidense AES Gener, se instalara en una zona ambientalmente protegida. La solución fue que un Ministerio cambiara, por decreto, la condición de área verde por la de zona industrial.

 

Y hoy, en estos momentos, vemos cómo la DC, vinculada directamente con el negocio y el lucro en la educación, intenta desde el mismo parlamento boicotear la reforma educacional. Si eso no es lobby, cómo se llamaría. No hay salud.

 

 

Publicado en El Ciudadano

 

 

 

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