El que sería el gobierno de la Nueva Mayoría, apoyado por una amplia concertación de partidos, una holgada mayoría parlamentaria y una derecha hecha pedazos, evoluciona inexorablemente a una administración no muy diferente de las anteriores y en que día a día tiene más consideraciones con la oposición, el gran empresariado y otros grupos de presión.
Sucedió así con la Reforma Tributaria, la que en un abrir y cerrar de ojos terminó negociándose con los referentes patronales y los senadores de la Alianza, para culminar en acuerdo en la casa de un empresario. Asimismo, pese a la voluntad inicial de un profundo cambio en el sistema educacional ya se puede apreciar que éste, en vez de adherir, pone en tensión a las expresiones oficialistas y todo indica que de nuevo en el Senado los tropiezos serán severos. Con lo que posiblemente el proyecto original del Ejecutivo se exponga también a modificaciones sustantivas.
No es menor que se le haya dado tiempo a los detractores de cualquier reforma educacional para lanzar una verdadera “campaña del terror” respecto de los objetivos de La Moneda, al grado que ya son más los que salen a la calle para oponerse a los cambios que para respaldarlos. Los grandes diarios, los recursos de los establecimientos que lucran y el manifiesto interés de la Derecha están imponiéndose en el debate ideológico, ayudados por las vacilaciones, como por los manifiestos recelos de algunos parlamentarios oficialistas respecto de la iniciativa. En especial, de la Democracia Cristiana donde militan no pocos sostenedores de colegios y universidades privadas y bien subvencionadas por el Estado. Si en los tres primeros cometidos del Gobierno, como la supresión del lucro, la selección de estudiantes y el copago se observan tantos inconvenientes es muy probable que en todo lo que queda de esta Reforma, que es mucho, las diferencias se hagan insalvables.
En la que se anuncia como una reforma laboral, bastaron las primeras precisiones de la ministra del Trabajo para que los dirigentes máximos de la Central Unitaria de Trabajadores se sintieran defraudados por el Ejecutivo. Especialmente, por la omisión que la titular del ramo hizo respecto de la posibilidad de recuperar la negociación inter empresas, la prohibición de despedir a los trabajadores en huelga, o fomentar la afiliación sindical automática, entre otros asuntos que, al parecer, ya habían sido convenidos por la CUT con la Presidenta Bachelet. En esto se explica que las cúpulas sindicales reaccionaran tan airadamente respecto de una intervención de la ministra Javiera Blanco en la Universidad Adolfo Ibáñez , exposición que luego fuera celebrada por El Mercurio por la forma en que ésta ayudó a terminar con la incertidumbre empresarial respecto de esta iniciativa tan demandada durante toda la posdictadura. Sin duda que los dirigentes sindicales se sienten traicionados por un gobierno con el cual han tenido todo tipo de condescendencias, al grado de negociar con las autoridades un reajuste bochornoso del salario mínimo. Episodio que los dejara a tan maltraer con sus bases.
En el camino de renunciar a la mayoría que respaldó a la Presidenta , como a la ventaja oficialista en el Parlamento, mucho se teme que las reformas a las isapres y de las AFPs demuestren todavía más defecciones, cuando en la salud y la previsión es donde radican los intereses empresariales más poderosos de nuestro sistema económico desigual. Si es que, incluso, el actual Ejecutivo insistiera en emprender cambios que pudiera diferir a una nueva administración política.
Todo lo que ocurre viene a demostrar que el Gobierno ya perdió la oportunidad de aprovechar su ímpetu inicial en la convocatoria de una Asamblea Constituyente y una nueva Carta Fundamental, cuando es sabido que, si no es el propio Poder Legislativo el que acote y altere los cambios, finalmente lo harán los instrumentos que la propia constitución pinochetista contempla para perpetuar el modelo institucional definido por la Dictadura. Cuando también se asume que los retoques realizados a la Constitución y la Ley electoral son irrelevantes en la estricta personalidad autoritaria y antidemocrática del ordenamiento que nos rige.
Paralelo a lo anterior, se asume, además, que la bonanza económica terminó y que respecto de nuestro futuro se imponen más nubarrones que certezas. En un país convocado a consumir irrefrenablemente, esta realidad hace todavía más peregrina la posibilidad de un desarrollo que favorezca a los postergados y excluidos. Que incluso puedan disminuir tangencialmente las inequidades presentes en la sociedad chilena.
En este cuadro de debilidades y deserciones, será también será muy difícil para La Moneda, si no imposible, disminuir la criminalidad y la violencia que a todas luces se acrecienta, aunque los balances de Paz Ciudadana sean exagerados y catastrofistas. Ello podría estar tentando a ciertos ministros y subsecretarios al promover una reforma a la Ley Antiterrorista que alguna vez se prometió derogar, incluso, de acuerdo a las críticas de las más sólidas instituciones internacionales de DDHH. Por lo que parece increíble que se estén invocando ahora estas normas ante cualquier conato violentista, lo mismo que acrecentar su severidad en la Araucanía. Un grave e intenso conflicto que no podrá ser neutralizado con más arbitrariedades y agresiones contra el pueblo mapuche. Salvo que el viejo perfil estalinista de algunos funcionarios oficialistas los lleve a converger con los intereses de los hacendados de la zona como con la sed violentista de nuestros agentes policiales, que ciertamente quisieran un nuevo genocidio como los practicados anteriormente en nuestra historia.