La creación del Ombudsman o Defensor del Pueblo ha entrado en tierra derecha. Aspiración que existe desde el retorno a la democracia y que no había sido posible implementar. Estando en el programa de Bachelet, se comienza a discutir y se pretende aprobar este año. ¿Por qué es necesario? Porque la mayor parte de la sociedad chilena está desprotegida.
Por la debilidad del Estado en tamaño, herramientas y disposición de sus agentes, que afirman no poder opinar en problemas entre privados. Porque no existen los canales para denunciar los miles de atropellos que recibimos a diario, y, menos aún, las instancias para que estos sean compensados. Se necesita un defensor, en una sociedad donde no existen organizaciones laborales fuertes, ni una sindicalización que permita un diálogo efectivo entre el capital y el trabajo, aunque sea solo para defender los intereses de los pocos que cuentan con contratos indefinidos. Donde la empresa inventa a diario infinitas formas para evadir la legislación existente, terciarizando al personal, precarizando el trabajo y creando servidores atemorizados, cada vez con menos identidad y orgullo por el trabajo que realizan. Porque cuando los trabajadores pierden el temor y avanzan en sus luchas, los conflictos se judicializan ad-eternum y los empresarios pagan multas irrisorias para que los trabajadores continúen en la indefensión. El pago de mil multas es un magro porcentaje de los perdonazos que el SII otorga a los patrones cuando se teme que quiebren y “no produzcan fuentes de empleo”. Necesitamos que alguien nos defienda cuando hay cientos de miles de trabajadores por cuenta propia, aumentando en forma creciente y con incipientes formas de organización. Tampoco pueden expresar sus reclamos las dueñas de casa, los adultos mayores, los jubilados, las personas con capacidades diferentes, los jóvenes, los desempleados.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo es una forma más de fortalecimiento de la democracia acerca de la cual nos definimos permanentemente adictos y adeptos.
Hasta ahora, entendemos por democracia votar y contar con un Parlamento y otras instituciones, como las Municipalidades, elegidas por el voto popular. Cada cierto tiempo sin embargo, discutimos acerca de su perfección, porque todos sabemos que los candidatos no postulan en igualdad de condiciones. Hay diferencias entre: los candidatos nuevos y los antiguos, los ricos y los pobres, los dueños de medios de comunicación y los que carecen de éstos, los que pueden contratar operadores y fabricar gigantografías y los que no. Siempre queremos perfeccionarla, pero para ello necesitamos opiniones y nuevamente se requiere llamar a votar con estas y donde se repiten, reiteran y reproducen las desigualdades mencionadas. O los que deciden son los mismos ya elegidos con los vicios y debilidades comentados.
Según nuestros cánones, el Parlamento es la máxima expresión de la democracia y ejercicio de la soberanía popular. Sin embargo, es necesario recordar, que dado el exacerbado presidencialismo, los parlamentarios virtualmente no tienen iniciativa de ley. Eso quiere decir que pueden presentar proyectos de ley, llamados Mociones, pero estos rara vez se discuten, porque la Tabla diaria de discusión la define el Poder Ejecutivo. Cuando se dice que un proyecto se durmió en el Congreso, no se debe a una decisión de los congresistas, sino a que el Ejecutivo nunca lo puso en Tabla, o le dio urgencia. Los parlamentarios no pueden decidir sobre aumentos presupuestarios. Cada cierto tiempo discuten problemas cruciales para el país y para ello desarrollan Sesiones Especiales. En estas, las distintas bancadas se preparan, a veces traen especialistas y se llega a Proyectos de Acuerdo aprobados por la mayoría, mediante el voto de los participantes en la sesión. El trabajo culmina en el envío de una presentación del Acuerdo al Presidente de la República o a Ministros de los sectores vinculados al tema discutido. Lo dramático de este mecanismo es que rara vez el miembro del Poder Ejecutivo aludido responde, y si lo hace, es con una nota formal de acuse de recibo. Para qué referirnos a otros instrumentos casi ridículos del ejercicio de la fiscalización de la Cámara de Diputados, como las interpelaciones, las acusaciones constitucionales o las comisiones investigadoras. De esta manera, el trabajo parlamentario no tiene otra opción que concentrarse en los electores respectivos, haciendo un trabajo a veces asistencialista, que atrae votos, pero no alimenta ni potencia la democracia. Especialmente, porque en Chile no existe iniciativa de ley desde las bases y porque la mayoría de los electores no discierne acerca de los problemas que su congresista puede ayudar a solucionar efectivamente. Se podría hablar mucho, y en mayor profundidad, sobre nuestras falencias democráticas, como por ejemplo el daño del centralismo y el consecuente desamparo a nuestras regiones. En los últimos años, se han destacado movimientos regionales que produjeron líderes actualmente elegidos en el Congreso, pero que ahora también son víctimas de los mismos problemas antes señalados.
Por ahora, baste con dejar sentado acá que la población chilena está desprotegida y que la creación de la Defensoría del Pueblo, contenida en el programa de Bachelet es una necesidad impostergable.
Pero no queremos una nueva institución, burocrática, y dominada por los mismos principios que rigen al resto de nuestras instituciones. No queremos cuoteos, mala utilización de la figura del Defensor y menos la desvinculación de esta con las bases sociales.
En primer lugar, y esto debería ser intransable, debe haber un Ombudsman y una Ombudswoman. Esto no es feminismo farandulero, sino producto del hecho incuestionable de que los problemas que afectan a los hombres son diferentes a los que nos afectan a las mujeres. Obviamente, la Defensoría debe ser nacional y debe tener expresiones en cada región. La infraestructura debe financiarla el Estado, es decir el espacio físico, los gastos administrativos y el personal de apoyo.
PERO EL OMBUDSMAN Y LA OMBUDSWOMAN DEBEN TRABAJAR AD-HONOREM
Todos ellos, nacional y regionalmente deben ser seleccionados por sus antecedentes e historia de vida, en relación al servicio público y a los derechos humanos, por una comisión de notables donde estén expresadas las fuerzas vivas de la comunidad. Cientos de adultos mayores jubilados estarían orgullosos de cumplir una labor de este tipo. Ya hay muchos que destinan su tiempo libre gratis al trabajo social, solidario y comunal. Hay que pensar que así como ha aumentado la longevidad, también la energía y los años de vida útil. Además, por algo las civilizaciones indígenas, o más antiguas, dan un lugar a los mayores donde entregar su sabiduría.
Ello a la vez satisface la necesidad de reivindicar el trabajo ad-honorem. Es una forma de restituir la ética en nuestra sociedad, única forma de renovar la política y recobrar la confianza de la ciudadanía en los que pretenden dirigirla.
ALICIA GARIAZZO
DIRECTORA DE CONADECUS