El gobierno de Mariano Rajoy pidió hoy al Tribunal Constitucional español que anule la junta electoral aprobada hace unos días por el jefe del Ejecutivo de Cataluña, Artur Mas, para supervisar el referéndum independentista que pretende celebrar el 9 de noviembre en la región del noreste de España.
El visto bueno se produjo después de que el alto tribunal suspendiera cautelarmente el 29 de septiembre la convocatoria del referéndum y la ley de consultas aprobada días antes por el Parlamento catalán para darle amparo legal.
La abogacía del Estado envió hoy al Constitucional un “incidente de ejecución” al considerar que Cataluña incumple con este paso la suspensión solicitada expresamente por el gobierno de Rajoy al presentar los recursos de inconstitucionalidad contra la convocatoria del referéndum y la ley de consultas.
Mas firmó el jueves el decreto de nombramiento de los siete miembros de la junta electoral. Hoy, uno de ellos, Joaquim Brugué, presentó su renuncia al entender que las reglas del juego no están claras tras el veto del Constitucional.
El Fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró poco después que la fiscalía actuará cuando se consume algún delito en el marco del proceso soberanista.
Por otra parte, el Parlamento catalán envió hoy al Constitucional el escrito de recusación de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y del magistrado Pedro José González-Trevijano, con la intención de que ambos no participen en las deliberaciones relativas a la ley catalana de consultas.
El proceso soberanista continúa en la región del noreste de España sin que se haya hecho pública su hoja de ruta.
El gobierno catalán fijó hoy un plazo hasta el 15 de octubre para decidir si celebrará o no el referéndum independentista.
El portavoz del Ejecutivo, Francesc Homns, dijo en la emisora catalana Rac1 que ese es el margen para cumplir los plazos fijados en el decreto de convocatoria, lo que no gustó al grupo independentista republicano de ERC, socios de Mas en el Parlamento.
“El gobierno (catalán) nos ha descolocado al ponerle una posible fecha de defunción a la consulta, ya que el viernes se acordaron todas las garantías democráticas para llevarla a cabo”, dijo una portavoz de ERC.
El viernes, Mas se reunió con representantes de los partidos soberanistas que apoyan la consulta para negociar los próximos pasos, aunque solo desvelaron que su intención es seguir adelante con la consulta.
El gobierno de Rajoy siempre se ha mantenido contrario a la consulta y Mas ha repetido en varias ocasiones que solo se celebrará si se hace de forma legal.
El independentismo ganó fuerza en los últimos años en Cataluña, una región con 7,5 millones de habitantes.