Diciembre 9, 2024

Proponen inhabilitar de cargos parlamentarios a quienes se excedan en el tope de aportes reservados

El senador del MAS Alejandro Navarro señaló que “es un despropósito que cuando un candidato viola el tope legal de aportes reservados sólo sean sancionados con una multa” por lo que pedirá suma urgencia al proyecto de ley de su autoría que establece la vulneración del tope de gasto electoral sea castigada con la imposibilidad de asumir el cargo al que fue ilegalmente elegido, más la multa respectiva.

El presidente del MAS además anunció que “si no hay proyecto de financiamiento electoral con discusión inmediata, el deber moral es defender con todo en el Senado la indicación presentada por los diputados Jackson y Mirosevic”.

 

El senador Alejandro Navarro anunció que solicitará al Ejecutivo de urgencia al proyecto de la ley que establece inhabilidad de ejercer el cargo al candidato que haya excedido el tope legal de gasto electoral.

 

El congresista dijo que “sólo en la región del Biobío los tres candidatos a senadores (Jacqueline Van Rysselberghe , Harboe y Escalona) superaron el tope legal de aportes reservados por sobre los 180 millones que indica la ley. Dos de estos por más de cien millones de pesos. ¿Cómo va a ser posible que alguien que va a ser legislador pueda elegirse infringiendo la ley? Es absurdo tener una ley que permite transgredirla y, además, que permite ser elegido en virtud de esa mala norma”.

 

“Es un despropósito que actualmente las sanciones para quienes sobrepasen el tope legal de gastos en campaña, sea sólo pagar una multa. Eso es una burla al país y supone la instalación del dinero -o mejor dicho de sus poseedores- por sobre la ley.”, señaló Navarro.

 

El legislador dijo que “esta situación deja en una clara desigualdad de condiciones a los distintos candidatos, lo que la hace un norma insana para la política”.

 

“Para resolver este despropósito presente un proyecto de ley el año 2008 que establece que la vulneración del tope de gasto electoral sea castigada con la imposibilidad de asumir el cargo al que fue ilegalmente elegido, más la multa respectiva”, informó el legislador.

 

Navarro señaló que es “una tarea fundamental del presente político es acabar con el predominio del dinero en la política. En esto también se juega la viabilidad y credibilidad del espíritu reformador que inspira el programa de la Nueva Mayoría”.

 

Ley de financiamiento electoral

 

El presidente del MAS dijo que “es legítimo que la ciudadanía sepa de qué sector empresarial provienen los aportes que recibieron tanto senadores como diputados para financiar sus campañas. De qué sector empresarial específico, ya que esto influye en los intereses de los parlamentarios a la hora de legislar en ciertas materias, lo que constituye un engaño, un acto de mala fe”.

 

“Por ejemplo, si los dineros de los senadores de la UDI provienen de Penta, provienen de AFP, isapre, banco, seguros y universidades privadas que pertenecen a esta firma, lo que a la hora de legislar puede influir en sus intereses”.

 

Es por eso que Navarro, quien además es autor de los proyectos de ley e indicaciones -presentadas el 2004 como diputado y el 2012 como senador- que buscan suprimir los aportes reservados dijo que “el sólo reemplazo del sistema electoral no basta para que nuestra democracia obtenga una mejoría realmente sustantiva. Para que esto suceda necesariamente debemos limitar la injerencia del poder económico en la política”.

 

En este sentido recordó “cuando se discutió el año 2004 una ley de financiamiento electoral, hubo un acuerdo entre José Miguel Insulza y Pablo Longueira para crear por primera vez en Chile un sistema de financiamiento público a campañas políticas. Es la criatura que nos sigue hoy y que advertimos en esa oportunidad sus falencias”.

 

“En esa oportunidad presente una indicación, que firmo también el entonces diputado Montes, que establecía se suprimieran los aportes secretos y que perdiera el cargo el parlamentario que gastará más recursos del máximo establecido por ley”, comentó el legislador.

 

“Fue entonces cuando Longueira exigió el retiro de la indicación porque la UDI no apoyaba el acuerdo. Se paralizó la discusión y la indicación la retiramos a petición de Insulza, con el compromiso de poner esta materia en una ley distinta”, comentó.

 

 

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