A diferencia de Argentina, Brasil o Uruguay –países que sufrieron largas y cruentas dictaduras militares como nosotros- en Chile no pasa aniversario del golpe de Estado sin que hayan desmanes en diversos barrios populares y en que una crispación se note en el ambiente. Lo mismo sucede para el aniversario del “día del joven combatiente” a fines de marzo y, en menor medida, para el 1 de mayo.
Nada de eso acontece en dichos países en el aniversario de la entronización de Videla en Argentina; o en el de Castelo Branco en Brasil; o en el de la dictadura uruguaya; ni en otros días específicos del año. Tampoco en estos países se dañan centenares de buses luego de un triunfo en el Mundial de Fútbol. ¡Se imaginan cuántos miles de buses se tendrían que haber dañado en Buenos Aires –considerando su mucho mayor población y cantidad de triunfos en el campeonato- siguiendo la pauta santiaguina que alcanzó más de 900 buses con solo dos triunfos!…
Tampoco hay en esos países una capital casi completamente rayada con grafitis; centenares de encapuchados que generan violencia aprovechándose de manifestaciones estudiantiles o de otro tipo; tomas de establecimientos educacionales que dejan gratuitamente numerosos daños en su interior; atentados a maquinarias o residencias en zonas del país; o personas que colocan más de 200 bombas desde 2005 en la capital, como ocurre en Chile. Naturalmente que conductas anteriores son muy diferentes en cuanto a su gravedad, yendo de simples faltas de respeto al ornato a graves crímenes. Pero todas ellas revelan exasperación y no las encontramos en los países que igualmente sufrieron dictaduras.
¿Qué hace tan distinta a nuestra sociedad? Evidentemente la respuesta tiene que estar en que hay un profundo malestar específico de la sociedad chilena; el cual no tiene canales normales de expresión. Y ¿por qué existe ese malestar? Si analizamos las estructuras políticas, económicas y sociales de nuestro país respecto de las de los países mencionados veremos que hay diferencias abismantes.
En primer lugar, Chile es el único país en que la post-dictadura está regida por la misma Constitución que dejó la dictadura. Pero, además, en que ¡dicha Constitución ha sido asumida como propia por el liderazgo que se opuso a la dictadura! Efectivamente, algunos parecen no recordar que la Constitución del 80 está suscrita desde 2005 por el entonces presidente Ricardo Lagos y por todos sus ministros; entre ellos, Ignacio Walker, Nicolás Eyzaguirre, Sergio Bitar, Francisco Vidal, Osvaldo Puccio y Yasna Provoste.
También, Chile es el único país que en su post-dictadura ha legitimado, consolidado y perfeccionado la obra refundacional neoliberal de la dictadura; siendo que esta obra además fue, lejos, la más extremista de la región. El Plan Laboral, las AFP, las Isapre, la LOCE-LGE, la ley de universidades de 1981, etc.; establecieron sistemas tan favorables a los grandes grupos económicos, que no tienen ningún parangón en Sudamérica.
En estrecha conexión con lo anterior, en nuestra post-dictadura se han acentuado las ya gigantescas disparidades socio-económicas generadas por el régimen de Pinochet. En cambio, los gobiernos de centro-izquierda de Argentina, Brasil y Uruguay han adoptado medidas significativas a favor de los sectores más pobres destinadas a disminuir en mayor o menor medida las extremas desigualdades creadas por sus respectivas dictaduras.
También, en congruencia con lo anterior, los gobiernos chilenos desde 1990 han mantenido la desarticulación o minimización de las organizaciones sociales que efectuó la dictadura: sindicatos, juntas de vecinos, cooperativas, colegios de profesionales y técnicos, etc. Particularmente grave ha sido la mantención de una legislación que les permite a los empleadores echar trabajadores “pillados” en la idea de formar sindicatos; que impide que la inmensa mayoría de ellos pueda negociar colectivamente; y que hace de la huelga una grotesca pantomima, al permitirse el reemplazo de los trabajadores que la hacen efectiva. Situaciones que, por cierto, no existen en dichos países.
Y, sin ánimo de ser exhaustivo, en nuestra post-dictadura se ha terminado con todos los diarios y canales de TV que no sean de derecha, ¡existiendo hoy menor pluralidad de medios que el que existía a fines de la dictadura!; lo que contrasta con sistemas de propiedad sudamericanos que, al menos, expresan alguna variedad ideológica.
Tampoco se vislumbra una modificación importante del sistema heredado de la dictadura bajo el gobierno de Bachelet. Es más, la presidenta ha descartado explícitamente –en una reciente entrevista- el único modo factible de establecer una nueva Constitución, sin el veto de la derecha: una Asamblea Constituyente. Por otro lado, la modesta reforma tributaria propuesta inicialmente se ha constreñido mucho más aún, al establecerla en forma innecesariamente consensual –ya que el Gobierno tenía por sí mismo la mayoría parlamentaria para tal efecto- con la derecha. Y respecto de la otra reforma significativa propuesta –la educacional- el Gobierno no tiene siquiera los quórums para aprobarla sin el acuerdo de la derecha…
Es decir, todo indica que seguiremos en el futuro previsible con un país sumamente crispado y exasperado.