Diciembre 14, 2024

Manifiesto de  la hipocresía: Chicago boys y exministros de la Concertación contra la reforma educacional

La edición del Sábado 6 de Septiembre recién pasado de El Mercurio publica en las cartas al Director, un manifiesto suscrito por 47 ex Ministros  y autoridades de la dictadura, del gobierno de Sebastián Piñera y de la Concertación, que se titula : “GRATUIDAD UNIVERSAL: UNA MEDIDA REGRESIVA”.

Transcurridos dos días desde su publicación, dicho documento no ha merecido comentario alguno del gobierno o de los partidos de la Nueva Mayoría  lo cual resulta sorprendente, dada la crítica dirigida contra la madre de las reformas, como se llamó al proyecto de Reforma Educacional presentado por el ministro Nicolás Eyzaguirre.

 

El manifiesto es encabezado por Mariana Aylwin y Joaquín Lavín, ambos ex Ministros de Educación, comprometidos en la gestión de instituciones educacionales. 

 

Lo suscriben varios de quienes concibieron durante la dictadura, el modelo económico que acabó con la educación pública en Chile, transformándola  en un negocio altamente lucrativo, entre otros, el Chicago boy Rolf Luders, ex Ministro de Economía y Hacienda de Pinochet;  Bruno Philippi, prominente asesor del régimen militar, que ejerció muchos años como Presidente de la Sofofa, siendo además titular de la Comisión Nacional de Energía, y colaborador de la dictadura en la privatización de los yacimientos de litio y gas natural.

 

También suscriben la carta los ex Ministros de Sebastián Piñera,  Carolina Schmidt, Harald Beyer, Felipe Larraín, Felipe Morandé, Joaquín Lavín y Cristián Larroulet, éstos dos  últimos, entusiastas integrantes del grupo de  72 jóvenes que escalaron el año 1977 hasta la cumbre Chacarillas del Cerro San Cristóbal, para jurar eterna lealtad al régimen militar.

 

Se unen a ellos, numerosos ex Ministros y/o altos funcionarios de los gobiernos de la Concertación, que dirigieron las políticas educacionales aplicadas en los últimos veinte años, tales como Mariana Aylwin, José Joaquín Brunner, Pilar Armanet, Mónica Jiménez, Eduardo Aninat, Hugo Lavados y Sergio Molina. 

 

La mayoría de quienes suscriben el manifiesto, están involucrados en la gestión de las Universidades privadas.  Para comprender cabalmente la naturaleza mercantil del actual modelo educacional, resulta inprescindible  la lectura de las 640 páginas que contiene el libro escrito por María Olivia Monkeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009, cuyo título es: “CON FINES DE LUCRO.  La escandalosa historia de las Universidades Privadas en Chile.”  Es un tesoro de información, con un recorrido pormenorizado de la trayectoria mercantil seguida por cada una de las principales universidades privadas a partir del Decreto Ley Nº 1 dictado en 1981 por la dictadura, que abrió paso a la creación de las universidades privadas. 

 

De esta  investigación, cito textualmente el siguiente párrafo:

 

En paralelo a su actividad política, Joaquín Lavín mantenía un pie en la Universidad del Desarrollo, fundada en Concepción el año 1990, junto a Cristián Larroulet, Ernesto Silva Bafalluy, Federico Valdés Lafontaine y Alfredo Valdés Herrera. Poco más tarde se incorporaron Carlos Alberto Delano,  y Carlos Eugenio Lavín  del grupo Penta, ([1])  y unos años después, el ex Ministro de Hacienda Hernán Bucchi, quién desde 2011 hasta hoy, preside la junta directiva de la UDD.

 

El grupo constituyó en 1991 la Inmobiliaria Ainavillo, cuyos socios iniciales eran Silva Bafalluy, Cristián Larroulet y Joaquín Lavín, a título personal. En 1992 dejaron de funcionar en forma individual, pero su participación pasó a estar a nombre de las Inversiones El Otoñal, de Larroulet, y Estudios Económicos de Joaquín Lavín. Los edificios de la Universidad aumentaban año a año en Concepción, donde partieron en 1990, pero no eran propiedad de la Universidad sino de Ainavillo, que los arrendaba  o subarrendaba a través de complejas fórmulas tratando de evadir el mandato legal que impide el lucro en estas instituciones. También recurrieron a un sistema de leasing con los bancos que les financiaban las operaciones. En cierto modo, la Universidad del Desarrollo refleja el doble afán que se ve en este mercado: la influencia ideológica y la búsqueda de utilidades.”

 

A fines de 2011, participando en el programa de televisión Tolerancia Cero, Joaquín Lavín cometió un grave traspié que confirma el carácter lucrativo del negocio universitario.  Consultado si había vendido su participación en la Universidad del Desarrollo y sus sociedades relacionadas, respondió que si. Reconoció que le habían pagado por la transacción.

 

El grupo Laureate:

 

Laureate International Universities, es una red internacional de universidades privadas dedicadas a la educación superior . Reúne 76 instituciones de este tipo en 27 países del mundo;   50 000 docentes dictan enseñanza a cerca de 600 000 estudiantes en Europa, Latinoamérica, Norteamérica, Asia, África, Medio Oriente y Oceanía distribuidos en más de 100 campus, lo que la constituye en la mayor red mundial de universidades privadas.

 

En Chile, Laureate adquirió primero la Universidad de Las Américas, más tarde la Universidad Andrés Bello y la Universidad Viña del Mar, además del Instituto Profesional AIEP, transformándose rápidamente en el principal grupo que opera universidades en Chile.

 

Según María Olivia Monkeberg, “si se suman las matrículas de todos los establecimientos de educación superior controlados por Laureate el año 2012, representan el 13,3% de toda la educación superior impartida en el país,  correspondiente a 137.124 estudiantes. Esta cifra resulta impactante si se considera que implica apenas veinticuatro mil estudiantes menos que los matriculados  en las 16 universidades públicas chilenas ese mismo año”.

 

Según el Índice del Consejo Nacional de Educación (CNE), los ingresos obtenidos por Laureate en 2012 por concepto de aranceles se elevaron a $ 255.929.853.162.

 

Esto representa más de 500 millones de dólares en un año. Es cierto que en cualquier recinto universitario hay gastos para hacerlo funcionar e impartir educación, y no conocemos la estructura real de costos, pero la magnitud de lo ingresado, da una pauta del tipo de negocio del que estamos hablando.

 

Al desglosar esa cifra, se observa que la Universidad Andrés Bello, la más numerosa del país con sus 39.000 estudiantes, obtuvo ingresos por $ 111.779.857.1455, equivalentes a 223 millones de dólares. Una suma similar recibió en 2011”.

 

Otro dato interesante es el aportado por un estudio de la Contraloría General de la República, en donde se establece que el Crédito con Aval del Estado (CAE), significó $ 14.486.268.000.- para la suma de todos los estudiantes de las universidades estatales el año 2012, mientras que en ese mismo año,  la Universidad Andrés Bello obtuvo para sí un total de $ 23.992.989.000  por el mismo concepto”. ([2])

 

Recordemos que Harald Beyer, otro de los firmantes del manifiesto, fue destituido por la Cámara de Diputados de su cargo como Ministro de Educación en el gobierno de Sebastián Piñera y no podrá ejercer ninguna función pública hasta abril de 2018. La“negativa a fiscalizar el lucro pese a las denuncias”, fue el punto de la acusación constitucional que alcanzó el mayor consenso y el que le significó su caída.  Beyer fue sancionado por incurrir en una omisión de las obligaciones ministeriales. Hoy es subdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP), que realiza periódicamente encuestas de opinión pública. En la última de ellas, dada a conocer recientemente, subraya el repudio mayoritario que manifiesta la opinión pública respecto al proyecto de Reforma Educacional impulsado por el actual gobierno.

 

Era que no!. Las preguntas del CEP fueron manipuladas en tal forma que era imposible obtener otro resultado.

 

Un caso increíble es el de Pilar Armanet, otra de las suscriptoras del Manifiesto, quién se desempeñó como Jefa de Educación Superior del MINEDUC bajo el gobierno de Ricardo Lagos, después de haber ejercido con anterioridad otros cargos de confianza en los gobiernos de la Concertación, tales como Embajadora en Francia y Ministra Secretaria General de Gobierno.  Sin embargo, el año 2010, Pilar Armanet no vaciló en aceptar su designación como vicerrectora académica de la Universidad de Las Américas, el principal reducto académico de la UDI, cuya historia ya hemos referido en este documento. Pilar Armanet defendió apasionadamente a Harald Beyer con motivo de la acusación Constitucional y –consecuente con su trayectoria- hoy ha estampado su firma en el Manifiesto publicado en El Mercurio este fin de semana.

 

Tal como puede deducirse de esta modesta reflexión personal, son demasiado importantes y cubren un universo político transversal, los intereses económicos afectados por el actual proyecto de Reforma Educacional presentado a la consideración del Parlamento.

 

Desde el mismo día en que se dieron a conocer los tres capítulos del proyecto que intenta poner fin al lucro, al copago y a la selección,  se levantaron las voces de los ilustres suscriptores del Manifiesto, descalificando dicho proyecto; haciéndolo pedazos. No ha habido un solo día en que algunos de ellos no haya sido invitado a opinar en los medios de comunicación. Sus argumentos llenan columnas de la prensa, entrevistas radiales y de televisión. Mariana Aylwin, Harald Beyer o José Joaquín Brunner, son invitados a dar su testimonio en el parlamento y son carta fija  en incontables foros y debates.

 

No he visto a ningún medio invitando a María Olivia Monckeberg a entregar su visión al respecto. Ignoro si ha sido invitada por las Comisiones de la Cámara o el Senado.

 

Desgraciadamente, el movimiento estudiantil, que levantó la necesidad de un cambio de verdad en materia educacional gracias a las admirables movilizaciones del año 2011, ha caído este último año bajo el control de organizaciones de corte ultraizquierdista, que como lo confirma la historia, siempre resultan útiles a los sectores opuestos a cualquier cambio. Su comportamiento actual resulta ambiguo y francamente incomprensible, sin perjuicio de algunos errores cometidos por el Ministro Eyzaguirre en la conducción de las Reformas.

 

Es interesante recordar que casi los mismos firmantes de hoy, se organizaron para tratar de apagar las movilizaciones del año 2011, haciendo uso del mismo procedimiento: Publicaron en El Mercurio una carta en suedición del 23 de noviembre de ese año bajo el título: “Prioridades en Educación” , donde manifiestan su preocupación por poner atajo a las demandas estudiantiles  que piden gratuidad en la educación superior.

 

Al igual que hoy, encabezaba la lista la ex Ministra de Educación Mariana Aylwin, miembro durante varios años de la  junta directiva de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC), de la cual se retiró en 2010, después de estallar públicamente el escándalo de las becas Valech. En la actualidad es directora de la Corporación Aprender, propietaria de dos colegios subvencionados en La Pintana y Lo Espejo.

 

Acompañaba a Mariana Aylwin en la carta de 2011,  Patricia Matte Larraín, hermana mayor de Eliodoro y Bernardo, presidente de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, que reúne una red de colegios subvencionados. Junto a ellas, aparecía José Joaquín Brunner, quién se mudó de la Universidad Adolfo Ibáñez a la Universidad Diego  Portales, además de Harald Beyer,  los ex Ministros de Educación Mónica Jiménez y Sergio Molina y algunos otros supuestos expertos en Educación.

 

El gobierno envió hoy al Parlamento  las indicaciones al proyecto de Reforma Educacional, flexibilizando su postura al admitir los arriendos y el comodato de los establecimientos educacionales.

 

También hoy, al término de la reunión política de los días Lunes en La Moneda, el senador Ignacio Walker emitió una declaración pública respecto a las indicaciones al proyecto de  Reforma Educacional enviadas por el gobierno. Habló   con la soberbia que lo caracteriza y modulado enfáticamente cada palabra. “ Se han aceptado todas y cada una de las indicaciones presentadas por la Democracia Cristiana. Se trata de un nuevo proyecto”.

 

Esta afirmación es un golpe asestado contra los millones de chilenos que respaldamos el programa de la Nueva Mayoría, abrumadoramente triunfante en las últimas elecciones presidenciales. No podemos compartir una acción al mejor estilo gatopardezco,  propiciando un cambio para que nada cambie.

 

Aún tenemos en la retina la imagen del acuerdo suscrito en Noviembre de 2007, poniendo  fin a la revolución de los pinguinos,  mediante el reemplazo de la LOCE por la LGE, en una ceremonia efectuada en La Moneda, donde se observa a  los presidentes de los partidos de gobierno y de la oposición con sus brazos levantados,para en definitiva dejar las cosas tal cual hasta el día de hoy. 

 

Confiamos ser capaces de impedir que la Reforma Educacional siga  el caminó que recorrió la Reforma Tributaria, cediendo a las presiones de la minoría detentora  del poder económico en Chile. Sería una nueva decepción para quienes confiamos en la Nueva Mayoría, creyendo que sería una coalición capaz de cumplir con las demandas formuladas por  la inmensa mayoría nacional.

 

Quizás no esté dicha la última palabra y logremos cohesionar las filas de quienes apoyamos los cambios de verdad en nuestro país. Habrá que salir nuevamente a la calle para poner las cosas en su lugar. No veo otro camino, pero se requiere dirigir acertadamente  la brújula y contar con buenos conductores al mando del timón.

 

Miguel Lawner.

 

Santiago, 8 de Septiembre de 2014,  en el día que el bombazo en la estación Escuela Militar del Metro y los misiles de la conciliación nos volvieron a poner los pies en la tierra.

 

 

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[1] El Servicio de Impuestos Internos presentó días atrás, en la Fiscalía Metropolitana Oriente del Ministerio Público, una denuncia criminal en contra de los socios fundadores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario, por la utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada, de la que son sus representantes.

[2] Contraloría General de la República. División de Análisis Contable, Área Empresas Públicas y Universidades, Financiamiento fiscal a la Educación Superior en 2012.
 

 

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