Tras la multa de 164 millones de dólares que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aplicó al exyerno de Pinochet Julio Ponce Lerou y a varios de sus asesores y socios por operaciones fraudulentas en las sociedades cascadas, el episodio ha comenzado a extenderse desde su esfera comercial hacia el mundo político. Recordemos que el fraude saltó a la luz pública hace casi un año atrás generando un fuerte escándalo en el mundo de las finanzas lo cual dio pie para una investigación en la Cámara de Diputados.
La semana pasada uno de los parlamentarios miembros de esta comisión, el exdirigente estudiantil Gabriel Boric, hizo unas declaraciones a Radio Futuro en las cuales afirma que exmiembros de los gobiernos de la Concertación son miembros de los directorios de las empresas del exyerno de Pinochet y socio controlador de la empresa química Soquimich. Entre ellos, Osvaldo Puccio y Alejandro Ferreiro, en los directorios junto a Hernán Büchi, el ministro de Hacienda de Pinochet. Se habla de una red de protección tejida con políticos por Ponce Lerou.
“Lo que más me ha sorprendido del caso Cascadas es el nivel de colonización que el empresariado tiene de la clase política chilena”, sostuvo el diputado independiente Gabriel Boric a la emisora. Agregó que Ponce Lerou “es un reconocido financista de campañas políticas. Pero, sin embargo, cuando empezamos a revisar los aportes a las campañas nos damos cuenta que no aparece en ninguna parte y eso es porque seguramente hace sus aportes mediante el mecanismo de aportes reservados”, consigna el periódico digital El Mostrador.
“Cuando uno ve que entre los diferentes directores de la sociedades cascadas están Osvaldo Puccio, Hernán Büchi, Leonidas Vial y uno se da cuenta de que esto está relacionado además con los principales controladores de clubes de fútbol como Colo-Colo, ex ministros de la Concertación, de Piñera, vinculados con la dictadura, y son miles y miles de millones de dólares, uno ve con impotencia cómo esos son los poderes fácticos, esa es la gente que dice que con una Reforma Tributaria va a decaer el crecimiento y la inversión, cuando son ellos los que retiran inversiones”.
“Este tipo de gente defiende a ciertos intereses. Estos en concreto son los poderes fácticos que muchas veces se habla y nosotros en la Cámara logramos reponer una indicación que había sido rechazada en comisión, que tiene que ver con prohibir los aportes reservados y los aportes de empresas en las campañas electorales y esta semana le va a tocar discutir esta cuestión en el Congreso”, añadió el ex dirigente estudiantil.
En el caso de los exmiembros de los gobiernos de la Concertación vinculados con Ponce Lerou, Puccio, que es socialista, fue ministro secretario general de gobierno durante la presidencia de Ricardo Lagos, y embajador en España, Brasil y Austria. El 2007 enfrentó una polémica por unas millonarias asesorías a Codelco y a Gendarmería, una de las cuales no se había realizado. Es director de la AFP Provida.
Ferreiro (PDC) ha sido Superintendente de AFP y de Valores y Seguros y ministro de Economía de Lagos. Además, está en el listado de candidatos a directores de AFP o de grandes empresas en representación de las AFP.
Ante esta fusión entre los intereres económicos y los políticos, Boric dijo en la entrevista: “Quiero hacer un llamado a todos los senadores para que no bajen las indicaciones. En Chile votan las personas, no la empresas. El que le tenga miedo a la transparencia que explique por qué. El otro día conocimos algo muy impresionante sobre los porcentajes de las campañas de gastos reservados de las diferentes campañas. Por ejemplo, el de Felipe Kast tenía un 99 por ciento de su financiamiento que había sido mediante aportes que uno no sabe de dónde vienen. Es una cuestión que me parece absolutamente inaceptable. Me cuesta entender por qué no quieren avanzar en transparencia y por eso me gustaría que hiciéramos una campaña ciudadana para presionar a los senadores para que esto no se baje”.
La red de protección tejida por el yernísimo
Por su parte, en una entrevista en el diario digital Elpatagónico el abogado de los accionistas minoritarios, Mauricio Daza, afirmó que Julio Ponce Lerou estableció una red de protección en los directorios de las Cascadas, siendo el caso más destacado el de Alejandro Ferreiro, quien además de ser ministro de Economía en los Gobiernos de la Concertación, fue también superintendente de Valores y Seguros.
En tanto, agregó que la Ley de Mercado de Valores establece un marco de responsabilidad respecto de los directores y de aquellas decisiones que hayan adoptado durante el ejercicio normal de sus funciones. En este contexto, es de toda lógica atribuirles algún grado de responsabilidad, al menos administrativa, a aquellos que sirvieron en los directorios de las empresas Cascadas durante el periodo en que funcionó este esquema fraudulento. Esta es una arista que todavía está pendiente, y que esperamos que la SVS en algún punto se pronuncie acerca de ello.
Más adelante, el, abogado denuncia la red de protección que tejió Ponce Lerou. “Es una hipótesis más que razonable el afirmar de que Julio Ponce construyó una red de protección, a partir de colocar en los directorios de sus empresas a personas que tenían llegada en el mundo económico y político del país. Hay que recordar que en este contexto, personas que no tienen mayor conocimiento de la minería no metálica sirvieron como directores de SQM y de las cascadas. En esta categoría se encuentraHernán Buchi, un ex candidato presidencial; Cristián Leay; que fue diputado por la UDI y jefe de bancada de dicho partido; Osvaldo Puccio, quien fue ministro de gobiernos de la Concertación. Pero el caso más destacado, es el de Alejandro Ferreiro, quien además de ser ministro de Economía en los Gobiernos de la Concertación fue también superintendente de Valores y Seguros. Después de dejar este último cargo, rápidamente llegó a trabajar a una de las empresas Cascadas de propiedad de Julio Ponce Lerou”.
Cuál era la movida
Básicamente, el truco sancionado por la SVS fue el uso de información privilegiada por parte de los dueños, ejecutivos y amigos de SQM a través de la compra y venta de acciones cuyo rédito ha ido en beneficio propio y en perjuicio de muchos. Julio Ponce Lerou, que se hizo de la estatal Soquimich durante la dictadura de su entonces suegro, montó una madeja de sociedades de papel bajo un esquema de cascada, para traspasar entre ellas acciones de empresas relacionadas cuya variación de precios conocía de antemano. Primero corrían aguas abajo para más tarde remontar el río. En el trayecto, navegado en la Bolsa de Comercio, se hicieron los negocios.
Las características de este caso son especiales por cuanto si bien puede ser similar a otras decenas de estafas de cuello y corbata detectadas, tiene elementos que son simbólicos. En los delitos están involucrados empresarios y ejecutivos no sólo de la mayor estirpe financiera, sino miembros de la oligarquía, de la denominada aristocracia chilena. A este rasgo le añadimos otro, ya bastante usual: las irregularidades y delitos cometidos por Ponce en la actualidad no se diferencian en nada de la génesis de sus negocios, que datan de las fraudulentas privatizaciones de la dictadura. En esta línea oscura y pantanosa podemos mencionar a José Yuraszeck en la también privatizada Endesa y el posterior caso de las sociedades denominadas Chispas. En esas operaciones, Yuraszeck y sus secuaces estafaron a capitalistas populares y a grandes corporaciones. Estos elementos, que van desde el origen y las bases del modelo neoliberal hasta el corazón de sus más prestigiados operadores, no pueden ni deben considerarse como un caso aislado: así funciona el modelo de libre mercado desregulado.