El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, incurre en la repetida falacia de afirmar que la Concertación en sus 20 años de gobierno no pudo cambiar el modelo económico heredado de la dictadura por haber sufrido un “veto”: “La democracia de los consensos es de otra época, es de la época de la transición, cuando había un veto (…) nosotros estamos para dialogar, pero para avanzar” (El Mercurio; 20-7-2014). Una nueva forma de expresar el engaño de que “la Concertación no tuvo los quórums”.
Es increíble cómo se insiste en querer falsear la historia tan burdamente. Porque, ¿fue en virtud de un “veto” que los partidos de la Concertación se inscribieron como partidos separados en 1988, desechando la posibilidad de haberse inscrito como un solo partido instrumental y haber bloqueado así en gran medida las distorsiones del sistema electoral binominal? ¿Fue obligado el liderazgo de la Concertación a ¡regalar la inminente mayoría parlamentaria simple que obtendría Aylwin de acuerdo a los términos originales de la Constitución del 80!, a través de los acuerdos de reforma constitucional de 1989? ¿Alguien le impidió hacer en los 90 pactos electorales con el PC -¡cómo los hizo exitosamente en 1989!- que, extrapolando los resultados obtenidos, le habrían brindado mayoría absoluta en ambas cámaras en 1997?
¿Fue impedido Lagos de utilizar la mayoría absoluta que obtuvo entre agosto de 2000 y enero de 2002, por los desafueros combinados de Pinochet y Francisco Javier Errázuriz, para sustituir el modelo económico heredado de la dictadura? Recordemos como agravante que el gobierno de Frei, entre la primera y segunda vuelta de la elección de Lagos, presentó un proyecto de profundas reformas laborales –con extrema urgencia- que sabía que la derecha iba a rechazar. Y que, luego de ello, varios líderes concertacionistas “gritaron” de que con ello Lavín se había inhabilitado para gobernar a favor de los trabajadores; y se comprometieron públicamente a que ¡a la primera oportunidad que pudiesen aprobar dichas reformas, lo harían!…
¿Fue obligado Lagos a prestarle, a través del Banco del Estado, una gigantesca cantidad de dinero al Grupo Luksic para que adquiriera el Banco de Chile? ¿Fue también obligado a hacer aprobar en 48 horas en 2004 una ley que le ha impedido al Poder Judicial acceder a las denuncias de tortura presentadas ante la Comisión Valech?
¿Fue impedida Michelle Bachelet de usar la mayoría absoluta en ambas cámaras que obtuvo desde los inicios de su gobierno (marzo de 2006) hasta cuando el PDC expulsó de sus filas a Adolfo Zaldívar en diciembre de 2007? ¿Fue obligada Bachelet a concordar con la derecha una reforma de las AFP que consolidó sus características más aberrantes? ¿Hubo un “veto” que le impidió cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de septiembre de 2006 que obligó al Estado de Chile a derogar el decreto-ley de amnistía?
¿Fue obligado el liderazgo concertacionista a ampliar el entreguismo del cobre a través de una reforma de la Ley de Concesiones Mineras y de otra a la legislación tributaria, a comienzos de los 90? ¿Fue obligado el gobierno de Frei Ruiz-Tagle a privatizar las sanitarias? ¿Fueron obligados los gobiernos de la Concertación a seguir privatizando los puertos? ¿Alguien les impidió terminar con el inicuo sistema de los subsidios a favor de las empresas forestales? ¿O los obligó a favorecer a la banca privada a través de la escandalosa negociación de su deuda subordinada?; ¿O a continuar la concentradora y contaminante política energética? ¿O a seguir entregando la pesca a unos pocos grandes grupos económicos?
¿Alguien obligó al gobierno de Aylwin a neutralizar TVN y –indirectamente- a privatizar el canal de la Universidad de Chile; de modo que no hubiese ningún medio televisivo en que se hubiese podido debatir pluralmente la obra de la dictadura? ¿Alguien le obligó también –como lo han denunciado los afectados, y particularmente Juan Pablo Cárdenas- a amenazar al gobierno holandés con tal de impedirle aportar en 1990 cuantiosas ayudas económicas a las revistas Análisis, Apsi y Hoy? ¿Quién pudo obligar a sus sucesivos gobiernos a discriminar el avisaje estatal en contra de los medios escritos afines a la Concertación, de tal modo de ¡lograr su total exterminio antes de 2000!?
¿Hubo también un “veto” que les prohibiera a los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle, Lagos y Bachelet devolver los bienes confiscados al legítimo propietario del diario Clarín? ¿Hubo alguien que obligara a Lagos y a su ministro Claudio Orrego a conferirles en 2000, por sí y ante sí, el equivalente a cerca de nueve millones de dólares a personas que el propio Consejo de Defensa del Estado había desechado como tales dueños en 1975; y en circunstancia ¡que había una demanda interpuesta contra el Estado de Chile respecto de ello ante un tribunal del Banco Mundial; la que fue fallada finalmente a favor de Víctor Pey y estando solo pendiente el monto de la indemnización que tendrá que pagarle el Estado!? ¿Alguién sigue obligando al gobierno actual de Bachelet a negarse a entablar una negociación con Pey, para definir dicho monto; y terminar así –más temprano que tarde- con el duopolio?
¿Por qué no aceptar el reconocimiento que hizo el principal arquitecto de la “transición”, Edgardo Boeninger, en 1997?: Que el liderazgo de la Concertación experimentó, a fines de los 80, un viraje en 180 grados; llegando a un “convergencia”, con el pensamiento económico de la derecha, “que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Andrés Bello; p. 369). Seguir inventando que hubo un “veto” en el pasado no solo significa perpetuar el engaño; sino que, además, constituye un signo ominoso respecto de la actitud futura de la Concertación…