El vice presidente del Senado, Eugenio Tuma, quien se encuentra trabajando en un proyecto de ley que busca regular el consentimiento en los contratos, lamentó el emplazamiento realizado por el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Jorge Awad, quien pidió al Gobierno que aclare su postura respecto a la propuesta que presentará al Congreso Nacional.
“Por favor que se ponga de acuerdo el senador Tuma con el Ministerio de Economía, Luis Felipe Céspedes para que, en definitiva, los consumidores de Chile no se vean una vez más sancionados por la arbitrariedad de la autoridad”, expresó Awad.
En respuesta a ello, el legislador indicó estar sorprendido con estas declaraciones. “Creo que es oportuno recordar que la regulación del consentimiento como otras materias, han surgido precisamente del abuso que los consumidores han sufrido en el mercado, no por parte de agentes del Estado, eso es una falacia”, explicó.
En la misma línea, el congresista aseguró que “en democracia no se trata de que se ponga de acuerdo un senador con el Ejecutivo, precisamente hemos planteado la vía legislativa para hacer un debate abierto y transparente. Establecimos una mesa de trabajo en la cual han participado asociaciones de consumidores, académicos y representantes del sector privado, incluido el gremio que representa Awad, y ya con un acuerdo vamos a presentar el proyecto de ley en el Congreso”.
Para el parlamentario, “si la ABIF tiene una propuesta puede presentarla en el debate parlamentario, pero no esperará Awad que el consentimiento –en los contratos- se resuelva en un directorio”.
CONSENTIMIENTO EXPRESO
Cabe consignar que el ministro Céspedes derogó el Decreto Nº 153 sobre manifestación expresa de la aceptación del consumidor en contratos de adhesión de productos y servicios financieros, el que había sido visado en la administración anterior. Tras lo cual, el secretario de Estado anunció la creación de un nuevo documento, lo que no se ha materializado.
El reglamento, emitido por dicha cartera en diciembre de 2013, buscaba zanjar el marco legal en el que quedan las modificaciones a los contratos financieros, en especial las comisiones, luego de que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) derogara oficialmente las normativas que regían estos aspectos.
Desde entonces, la banca mantiene congeladas las comisiones, ya que de acuerdo a la ley del consumidor, cualquier cambio a éstas debe tener el consentimiento explícitamente declarado de los clientes.
El nuevo reglamento, entre otras cosas, permitía a los bancos terminar su relación con los clientes que no aceptaran cambios a sus comisiones (y por ende, exigir el pago inmediato de toda su deuda), en un plazo de entre 60 y 90 días.
El consentimiento expreso, que sustituyó la aceptación tácita, establecía medios electrónicos para que los consumidores aprobaran los cambios en sus contratos y entregaba, al proveedor, la facultad de finiquitar un producto o servicio financiero, si el cliente no aceptaba los cambios de condiciones.
Frente a la incertidumbre que ha generado la derogación del decreto, el senador Tuma afirmó que un reglamento no garantiza un derecho permanente para los consumidores, razón por la que se presentará en las próximas semanas un proyecto de ley para regular esta materia.