La Cámara de Diputados aprobó, en general y en particular, el proyecto que crea el administrador provisional y el administrador de cierre de instituciones de educación superior, y establece regulaciones en materia de administración provisional.
La iniciativa regula el procedimiento de nombramiento y las facultades del Administrador Provisional de Instituciones de Educación Superior y del Administrador de Cierre de Instituciones de Educación Superior, cuyo objeto será resguardar el derecho a la educación de los y las estudiantes, asegurando la continuidad de sus estudios, así como también el buen uso de todos los recursos de la institución de educación superior, hasta el cumplimiento de sus respectivas funciones.
La propuesta legal confiere las facultades necesarias para permitir el adecuado resguardo del derecho a la educación de los y las estudiantes que pudiese verse afectados por una deficitaria gestión institucional, académica, o financiera de una determinada casa de estudios.
Junto con crear estas figuras de administradores provisional y de cierre, el texto legal avanza en perfeccionar los procesos de revocación del reconocimiento oficial de una institución de educación superior, sus alcances y consecuencias, estableciendo medidas concretas para el resguardo de los intereses y derechos de los estudiantes, garantizando su continuidad de estudios y la titulación oportuna en la institución afectada por la medida o en otro establecimiento que se determine.
Además, se incluye una disposición penal para sancionar a quienes, una vez nombrado el administrador provisional o de cierre, continúen ejerciendo las funciones directivas o desvíen los bienes de la institución de educación superior, para proteger la fe pública depositada en el administrador provisional o de cierre.
En segundo lugar, se modifica la ley Nº 20.529, -que establece el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización-, ampliando las hipótesis de nombramiento de administrador provisional a cuando el sostenedor interrumpa parcial o definitivamente la prestación del servicio educacional y cuando la solicitud de renuncia del reconocimiento oficial no haya sido aceptada y de ello se desprenda riesgo para la continuidad de los estudios de los y las estudiantes fortaleciendo el rol del administrador provisional.
Asimismo, se amplían las facultades otorgadas a la Secretaría Regional Ministerial proteja a los y las estudiantes que se encuentren en esta situación.
Reacciones
Tras la aprobación del proyecto, el diputado Jaime Bellolio (UDI), destacó que “este fue un proyecto de ley que fue aprobado en general sin votos en contra (…) Agradecemos que varias de las indicaciones que propusimos fueran acogidas, porque al inicio de la tramitación, este proyecto de ley era inconstitucional y, además, inútil, como dijeron varios rectores. Es decir, era un proyecto que no solucionaba los problemas de fondo”.
El diputado Romilio Gutiérrez (UDI), afirmó que “el Ministerio requiere de nuevas herramientas para evitar que se vuelva a repetir la situación de la Universidad del Mar. En ese sentido, creemos que es un paso positivo para mejorar la institucionalidad y fortalecer la fiscalización al cumplimiento de la ley, aunque mantenemos diferencias en algunos de sus artículos”.
En particular, los parlamentarios argumentaron su rechazo al numeral 1 del artículo 29, asegurando que “no queremos gato por liebre. No queremos que a través de un artículo de un proyecto de ley que tiene que ver con universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, se termine por desmunicipalizar”, dijo el diputado Bellolio.
Por su parte, el diputado Rodrigo González (PPD) sostuvo que “si esto hubiese sido aprobado hace dos años, no estaría hoy pasando lo que ha sucedido con los miles de estudiantes de la U. del Mar que quedaron absolutamente desprotegidos frente al sistema de clausura que vivieron. La intervención del Estado en estas situaciones, permite que la autonomía que se ha otorgado a las universidades sea usada adecuadamente. Este proyecto llena un vacío para una mejora necesaria y urgente de la precaria institucionalidad que rige hoy a la educación superior chilena”.
La diputada Cristina Girardi (PPD) indicó que “actualmente estamos ante el riesgo de que los alumnos que estudian en universidades del grupo Laureate tengan serios problemas y no es menor, porque este grupo representa un nivel de matrícula muy grande”. “Si no hay intervención ahora puede quedar otro descalabro como el de la U. del Mar, y esa es la importancia de la aprobación de este proyecto”, puntualizó.