Varias Organizaciones No Gubernamentales internacionales, aparentemente serias, están distorsionando profundamente la realidad que experimenta Venezuela. Particularmente lo ha hecho últimamente el International Crisis Group (ICG), ONG creada en 1995 que está orientada a la prevención y resolución de conflictos armados internacionales; y que opera actualmente en 25 países de diversos continentes.
Así, en un reciente informe del 21 de mayo, dicha organización incurre en gravísimas tergiversaciones sobre la realidad venezolana. De partida, su estilo aparentemente neutral encubre un permanente sesgo que busca sutilmente predisponer al lector en contra del chavismo. Esto lo efectúa a través de un uso tendencioso de adjetivos, citas, fuentes, y –sobre todo- de omisiones.
1.- Mensaje inicial
Especialmente importante es, a este respecto, el resumen del documento que lo encabeza. En él se puntualiza que la violencia “para comienzos de mayo había costado cerca de 40 vidas humanas y conducido a numerosas violaciones de derechos humanos”. Pero al omitir el hecho de que las manifestaciones pacíficas y violentas que condujeron a ello habían sido convocadas por líderes opositores para buscar la caída (“salida”) del Gobierno, está manifestando un enorme sesgo antichavista. Acto seguido señala que “el fracaso en terminar con la violencia a través de negociaciones ha obstaculizado la resolución de los graves problemas económico-sociales”. Sin embargo, no señala que el gobierno de Maduro hizo llamados al diálogo –no aceptados por la oposición- desde antes de su significativa victoria en las elecciones municipales de diciembre; lo que refuerza el sesgo ya indicado.
Es más, el resumen agrega que dicho fracaso “ha dañado la credibilidad de las instituciones regionales”; cuando en realidad lo que está pasando con la principal institución regional de Sudamérica (Unasur) es que logró, junto con el Vaticano, persuadir a la mayor parte de la oposición a que se integrara finalmente al diálogo. Es cierto que posteriormente hace mención a esto, pero como se dice corrientemente, “el daño ya estaba hecho”. Además, el documento de la ICG omite completamente, a este respecto, las amenazas de sanciones del gobierno de EE. UU. al gobierno venezolano; y las naturales críticas que ello suscitó de Unasur, quien “rechazó la posibilidad de que se impongan sanciones contra la administración de Nicolás Maduro, advirtiendo que ello constituiría un obstáculo al proceso y polarizaría más al país” (“El Mercurio”; 17-5-2014).
Pero sin duda que lo más sesgado son las consideraciones posteriores del resumen del documento: “Para revertir esta crisis y convertir este punto de inflexión en una oportunidad, ambas partes deben comprometerse a un diálogo político basado en la Constitución; el gobierno debe cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos y restablecer el imperio del derecho y la separación de poderes; la comunidad internacional debe proveer a ambos bandos con garantías, asistencia técnica e impulso político”. Es decir, el ICG está haciendo suyo el principal argumento que ha usado desde hace años el grueso de la oposición para tratar de deslegitimar las instituciones democráticas venezolanas: Que los gobiernos chavistas se han apartado gravemente del imperio del derecho.
2.- Sumario histórico
Luego el ICG realiza un sumario histórico de la historia reciente de Venezuela con notables omisiones que la desfiguran a favor de las versiones antichavistas. En primer lugar no constata que los principales líderes opositores que han convocado (Leopoldo López y María Corina Machado) o apoyado (Henrique Capriles) las protestas desestabilizadoras de este año, desempeñaron roles activos en el fugaz golpe de Estado de abril de 2002. López, como alcalde del municipio capitalino de Chacao, ordenó la detención del ministro del Interior del presidente Chávez, Ramón Rodríguez Chacín, quien fue conducido –bajo la presencia de López- a un vehículo de modo tal que varias personas lo golpearon en el trayecto; y suscribió el Acta de constitución del gobierno de Pedro Carmona. Esto último lo hizo también María Corina Machado. A su vez, Henrique Capriles, como alcalde del municipio de Baruta, en lugar de ordenar la protección de la embajada cubana que estaba siendo asediada y atacada por una turba, procedió a entrar en ella para tratar de “inspeccionar” si había o no chavistas asilados en ella (Ver Google).
Luego, respecto del referéndum revocatorio de Chávez efectuado en 2004, y que éste ganó con un 59,1% de los votos contra 40,6% de la oposición; el ICG introduce mañosamente dudas sobre la confiabilidad de los resultados, al señalar que “aquel fue descalificado como un fraude por la oposición”; y agregar en cita a pie de página que “pruebas concretas no fueron presentadas, aunque un análisis estadístico posterior de los resultados encontró significativas anomalías”; y que el Centro Carter encontró que “las anomalías no habían afectado el resultado del referéndum”. Sin embargo, el ICG omite absolutamente el hecho de que todas las misiones de observadores enviadas –incluyendo la de la OEA- reconocieron la validez de los resultados; y ¡que el propio presidente Bush hizo lo mismo! Además, dicha ONG tampoco registra el hecho de que Jimmy Carter “acusó a grupos alineados con la oposición de manipular datos” (Wikipedia.- “Referendum presidencial de Venezuela de 2004”) y que en 2012 el mismo Carter calificó -en base a las 92 elecciones monitoreadas en ese entonces por su Centro- al sistema electoral venezolano como “el mejor del mundo” (Ver Google).
En línea con el sesgo anterior, el ICG presenta como una consecuencia natural el que la oposición haya luego boicoteado las elecciones parlamentarias de 2005. Esto solo puede justificarse democráticamente en caso de que haya evidencias de la falsedad del sistema, lo que como hemos visto no corresponde en absoluto al caso venezolano. De otra forma, el boicot electoral se convierte en un arma de presión completamente antidemocrática. Un ejemplo de ello lo tenemos en el caso de Chile en 1941, cuando los partidos de derecha amenazaron al gobierno del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda con no presentarse a las elecciones parlamentarias si no se reprimía a las “Ligas contra el cohecho”; organizaciones que estaban impidiendo la efectividad de la compraventa de votos efectuada masivamente por la derecha. El gobierno cedió a dicha presión efectuando cambios legales que le permitieron a la derecha seguir ganando fraudulentamente las elecciones parlamentarias hasta que en 1958 se aprobó una ley de cédula única electoral que terminó con el cohecho.
Además, en el caso de la oposición venezolana esta actitud representaba la culminación de una secuencia antidemocrática: Golpe frustrado en 2002; “desconocimiento”, en 2004, de los resultados de un referéndum que el conjunto de los observadores internacionales consideró válido; y no presentación, en 2005, a elecciones parlamentarias que se harían bajo el mismo sistema internacionalmente validado.
Pero peor aún, el ICG cuestiona el hecho de que el chavismo haya hecho uso político de su mayoría, ¡presentando a la oposición como una virtual víctima de ello!: “Para mayor complicación, el gobierno –que ya tenía el control político de la Corte Suprema (TSJ)- aprovechó el dominio del Parlamento obtenido gracias al boicot opositor para designar, o redesignar, a aliados políticos en el consejo de la autoridad electoral; y como Fiscal General, Contralor General y Defensor del Pueblo”. Y agrega una conclusión que puede fundamentar perfectamente los intentos desestabilizadores actuales: “Esto, combinado con el dominio gubernamental del Poder Legislativo, clausuró en gran medida las formas institucionales de resolución de conflictos a nivel nacional”.
Tampoco se refiere el documento a la ola de protestas violentas desencadenadas por la oposición venezolana luego de la estrecha derrota –no reconocida- de Capriles en la elección presidencial de abril del año pasado. Ella se expresó en diversos ataques a centros de salud atendidos por médicos cubanos, a sedes del partido de gobierno y a canales de televisión oficialistas; y dejó 9 personas muertas y decenas de heridos (Ver Google). Es decir, se constituyó en una virtual precursora del proceso comenzado en febrero de este año y, sin embargo, ¡ni siquiera es mencionada!
Asimismo, el documento del ICG omite el llamado al diálogo efectuado por el presidente Maduro antes de las elecciones de diciembre pasado: “Yo convoco el 9 de diciembre a un gran diálogo social, económico y político sobre el futuro de Venezuela a todos los alcaldes y alcaldesas que sean electos legítimamente y en paz” (“NTN24”, Bogotá; 27-11-2013).
3.- Descripción de la actual ola de protestas
Pese a que el ICG constata que el 23 de enero los líderes opositores López y Machado convocaron a protestas para provocar la “salida” del Gobierno, el documento implícitamente ¡no le reconoce a dicho llamado un carácter desestabilizador!, al señalar que esta es simplemente una opinión del gobierno: “el gobierno respondió acusándolos de fomentar un golpe de Estado”.
Cualquier observador mínimamente imparcial reconocerá que los siguientes llamados textuales constituyen una incitación a un derrocamiento, caída o golpe (llámesele como se le llame) contra un gobierno: “Somos millones de indignados que hemos salido a la calle a protestar y continuaremos en la calle. En estas asambleas el pueblo decidirá cómo, cuándo y por qué medios saldrá de Maduro para producir un cambio de gobierno, por supuesto antes del 2009 cuando se le vence el mandato” (María Corina Machado; “ABC”, España: “La oposición llama a tomar la calle para terminar con el gobierno de Maduro”, 2-2-2014); “Nuestra causa ha sido, sigue siendo y hoy más que nunca tiene que ser, la salida de este Gobierno” (Leopoldo López; “Gestión. El diario de economía y negocios de Perú”, 19-2-2014); y “Se equivocan quienes suponen que el régimen se cae, o claudica, por la situación económica. Veámonos en el espejo de Cuba. ¿Cuánto más íbamos a esperar? ¿Cincuenta años? Ya van quince” (Leopoldo López; “El Mercurio”, 17-3-2014). Sin embargo, con su silencio al respecto, el ICG implícitamente no los considera incitaciones golpistas…
En consonancia con dichos llamados desestabilizadores -además de marchas pacíficas- sectores opositores han efectuado numerosos ataques violentos a oficinas gubernamentales, centros de salud, universidades, medios de locomoción colectivos, el Metro de Caracas, sedes del partido de gobierno (PSUV), canales de televisión oficialistas, vehículos policiales, etc. Además, de la instalación de barricadas en diversos puntos de Caracas y de otras ciudades de Venezuela. En respuesta, ha habido también numerosos actos de represión violenta por parte de agentes policiales; y ataques de grupos chavistas a opositores pacíficos o violentos, y a entidades de signo contrario al gobierno.
El carácter de virtuales motines opositores callejeros ha sido reconocido incluso por “El Mercurio” -de clarísima tendencia antichavista- y con un dejo de regocijo: “ ‘Han destruido San Cristóbal, tienen 40 puntos de barricada’. El Presidente Nicolás Maduro reconoció antenoche, durante la Conferencia Nacional de Paz convocada por el mismo, que Táchira, estado fronterizo con Colombia, mayoritariamente opositor, está fuera de control. El Presidente incluso pidió ayuda para acabar con la sublevación, calificó a su capital como un ‘gueto de violencia y dijo sentirse angustiado. ‘Meterse allí con el nivel de violencia y destrucción tiene grandes consecuencias y costos. ¿Dejo de actuar? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos con el reducto organizado por el alcalde Daniel Ceballos (dirigente de Voluntad Popular, el partido del detenido Leopoldo López)?’ se preguntó Maduro. El Mandatario acertó en la dimensión que alcanza la protesta, que se inició a principios de febrero tras el intento de violación de una universitaria. Pero le falló la aritmética: son más de 200 como mínimo, las barricadas” (“El Mercurio”; 1-3-2014).
Sin embargo, el ICG ha presentado esta sublevación violenta de modo tal ¡de responsabilizar fundamentalmente al gobierno y al chavismo por su generación y resultados!: “En contraste con la abundante evidencia que vincula a las fuerzas de seguridad y a civiles progubernamentales en las muertes y lesiones, es poco claro que algunos en la oposición hayan usado armas de fuego. En cualquier caso la evidencia a este respecto es débil. La únicas muertes que aparecen claramente vinculadas a los protestantes son aquellas causadas por accidentes en las barricadas por el uso de alambres de púas y de otros obstáculos”. En esto, además, el ICG falta claramente a la verdad, pues fue público y notorio el caso de la chilena Gisela Rubilar Figueroa, quien murió baleada cuando intentaba limpiar una barricada. Derivada de la abrumadora propaganda (de la que se hacen parte varias instituciones aparentemente serias, incluyendo el ICG) el gobierno de Piñera, creyendo que era evidentemente una víctima más del chavismo, le solicitó públicamente a Maduro una investigación y el caso copó las portadas de los diarios y noticieros de televisión chilenos. Cuando un par de días después se supo que ella era chavista, el caso desapareció súbita y permanentemente de la preocupación gubernativa y de los medios de comunicación nacionales. Era una muerte que ya no servía…
De acuerdo al ICG, ¡ni siquiera en el caso de los 9 policías y militares muertos puede suponerse responsabilidad de los protestantes!: “El gobierno ha acusado a los protestantes de emplear francotiradores para matar miembros de las fuerzas de seguridad (…) Los asesinatos de personal uniformado permanecen no resueltos. En algunos casos, informes de prensa han sugerido que la trayectoria de las balas descarta el involucramiento de francotiradores”…
4.- Conclusiones
Lamentablemente, en un continente regido desde siempre por una derecha tan autoritaria y que ha construido sistemas económico-sociales tan desiguales e injustos; las izquierdas han sucumbido también frecuentemente a la tentación de generar proyectos de cambio social con improntas autoritarias. Ha sido el caso del chavismo que con su mesianismo, arrogancia y sectarismo no ha propiciado precisamente la concordia nacional. Aunque hay que reconocer que sus comportamientos concretos se han contenido básicamente dentro de los marcos democráticos.
Sin embargo, ha sido la derecha venezolana –dada la polarización generada en el país no es posible encontrar un “centro”- la que prácticamente desde el primer gobierno de Chávez ha sido hegemonizada por un liderazgo golpista; en lo que ha contado con el fuerte respaldo de los sucesivos gobiernos estadounidenses.
En este contexto informes tan tendenciosos como el del International Crisis Group no pueden ser más negativos. Más allá de su nominal deseo de contribuir a un diálogo entre las partes, el ICG pretende descalificar sutilmente el acompañamiento de Unasur (“La participación de Unasur en los diálogos encontrará serios obstáculos debido a su falta de una estructura clara y a la división entre sus miembros sobre el proceso político venezolano (…) Estas limitaciones pueden ser abordadas a través de un fuerte apoyo político y técnico de organismos internacionales experimentados. Unasur puede explorar con las partes la búsqueda de apoyo del sistema de Naciones Unidas para ayudar al diálogo, ciertamente en el nivel técnico, pero quizás también políticamente”); y está avalando las posturas de fondo desarrolladas desde hace años por el liderazgo golpista de la oposición venezolana. Aval que ciertamente estimulará aún más una postura política que, de triunfar, se traduciría –dada la polarización existente- en una dictadura terrorista o en una guerra civil; lo que, además de sumir a Venezuela en un baño de sangre, significaría un severo retroceso para el conjunto de América Latina.