La iniciativa legal comenzó a ser discutida y votada en la legislatura pasada y, frente a la falta de observaciones del Ejecutivo, siguió su trámite normal en la instancia. El presidente de la Comisión, diputado Luis Lemus, relevó la importancia de contar con la opinión del Gobierno, reconociendo la dificultad técnica de la ley.
Con la ausencia del Ejecutivo y sin que éste aún presentara indicaciones a la propuesta legal, la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados continuó el pasado miércoles con el despacho del articulado del proyecto, en primer trámite legislativo, que reforma el Código de Aguas.
La propuesta, iniciada en moción el 17 de marzo de 2011 por un grupo transversal de diputados, comenzó a ser discutida y votada en la legislatura pasada, pero quedó pendiente para el presente ejercicio gran parte del articulado, el cual debía continuar con su trámite normal en la instancia.
El presidente de la Comisión, diputado Luis Lemus (PS), explicó que se esperaba que el Gobierno se pronunciara el miércoles, tanto respecto de los artículos aprobados como de aquellos que aún no habían sido votados. Sin embargo, acotó, dichas observaciones no fueron recepcionadas. “Lamentablemente no se hicieron presentes y nosotros decidimos seguir avanzado”, recalcó.
Estimó que es fundamental contar durante la votación del proyecto con la presencia del Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Obras Públicas o de la Dirección General de Aguas (DGA), dado que muchos de los temas son muy técnicos y especializados y porque algunas materias requerirán de su patrocinio.
Consideró que este es un proyecto muy importante que define los usos del agua y sus prioridades y que resta especulación al mercado. Planteó que, de alguna forma, adelanta camino a la reforma constitucional que la Presidenta Michelle Bachelet quiere impulsar y que apunta a definir en la Carta Fundamental, que el agua es un bien de uso público.
De hecho, entre los artículos ya aprobados de la normativa, se especifica que las aguas, en todas sus formas, incluidos los glaciares, son bienes nacionales de uso público y, en consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la Nación.
Asimismo, la norma avanza indicando que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas continentales dulces y salobres, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, sin perjuicio de poder, mediante los títulos que franquea la ley, reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares; como asimismo limitar y restringir el ejercicio de estos derechos de aprovechamiento.
Los diputados Lemus y Daniel Núñez (PC) informaron que en la sesión del miércoles se aprobó liberar del pago de derechos a las comunidades de agua potable rural y se reguló el uso de las aguas en las áreas protegidas por el Estado.
Asimismo, agregaron, se discutieron los usos prioritarios del recurso frente a cuencas agotadas y la importancia de considerar la preservación del caudal ecológico de un río.
“Estamos considerando la suspensión de derechos de agua que se hayan otorgados en cuencas que hayan sido declaradas agotadas, lo que es un punto bien difícil, porque caducar derechos es un tema de constitucionalidad que necesitamos conversar con el Ejecutivo”, planteó Luis Lemus.