Tenían que morir calcinados 81 jóvenes chilenos para que, una vez más, se desenmascarara la estupidez del llamado…the chilean way, un país de utilería, prepotente, vanidoso, a la pinta de las repugnantes élites concertacionistas y aliancistas, que se han repartido el poder fruto del crecimiento de este país, para que los poderosos sean cada vez más ricos y fatuos.
El Chile del marketing, que utilizó a los 33 mineros, acaba de desenmascararse. El Estado de Chile debería ser declarado reo, pues envía a los pobres a las cárceles que, como se ha comprobado en el caso de la cárcel de San Miguel, son un verdadero crematorio – es una muerte anunciada, una pena de muerte escondida en la monstruosa hipocresía y sed de venganza de nuestras élites en el poder.
En Chile, ningún empresario, ningún operador político, ningún funcionario, nadie que haya estafado al fisco está preso, y suma y sigue a cuantos ganan sueldo sin trabajar. Antes había cárceles para ricos y para pobres – estaba Capuchinos y la Penitenciaría – pero hoy sólo las hay para los pobres. Todos los hipócritas ahora repiten que las cárceles chilenas constituyen un verdadero atropello a los derechos humanos, que están sobre pobladas
Hoy se recuerda con nostalgia la profética voz de la Fiscal Mónica Maldonado, cuyo informe sobre el trato inhumano a los internos y que fue enviado, como tantas cosas en Chile, al papelero del olvido. Lo mismo ocurre con las propuestas de los obispos católicos, quienes propusieron un indulto para presos, especialmente para los ancianos y enfermos terminales -aún recuerdo cómo los políticos echaron por tierra tan justa y caritativa petición -.
Verdades evidentes eran escondidas por la hipocresía ambiente, incubadas por castas cuyo único interés era apropiarse del botín del Estado y dejar que los pobres siguieran “comiendo mierda mierda” – al fin y al cabo a los electores se les puede manipular cada cuatro años, donde la soberanía popular es un cerdo perfectamente domesticado -. Más del 90% de los presos son hijos de reos; este es un círculo vicioso, imposible de romper en la república plutocrática; si tu padre ha pasado por la prisión, es prácticamente seguro que tú también llegarás a ella.
A raíz del incendio de la cárcel de San Miguel todos repiten que los recintos penitenciarios están superpoblados, que cada año, producto de la Reforma Procesal Penal, el Estado y la sociedad envían a más de tres mil pobres a la cárcel. Es fácil descubrir que el Código Penal chileno viene de la época de don Germán Riesco – uno de los reyes holgazanes del período parlamentario -, pero que era abogado, como la mayoría de los aristócratas de su época. Es obvio que el delito principal sea atentar contra la propiedad que, para la oligarquía, es mucho más que Dios, por consiguiente, las penas por robo son mucho mayores que las de homicidio – siempre la oligarquía prefiere a “bolsa” sobre la vida -.
De la biografía de algunas de las víctimas se colige la falsa moral de esta casta anómica, que se da el lujo de impartir justicia – una de las víctimas del incendio fue condenado a dos meses por el solo hecho de no pagar una multa por ebriedad; otro preso, por haber atropellado la propiedad intelectual al vender películas en la vía pública- el Estado tenía la obligación cuando les quitaba la libertad, pero los condenó a mezclarse con delincuentes avezados, que también los desprotegió violándoles también sus derechos humanos.
Hoy parece muy fácil repetir aquello de que los presos solamente han sido condenados a perder su libertad y mantiene todos sus demás derechos humanos y ciudadanos, pero esto es completamente falso cuando muchos líderes, especialmente de la derecha política azuzaban masas, estúpidamente fascistas, quienes pedían que todos los llamados “delincuentes” se pudrieran en las cárceles, pues así podrían “vivir tranquilos”.
“Las cárceles son escuelas del delito”, como decía el gran luchador Luís Emilio Recabarren, que sólo conducen a los pobres a la miseria moral y a la destrucción de su identidad y dignidad; está probado que son inútiles si se quisiera reinsertar una persona a la sociedad y son., además un aspecto brutal de coerción legítima del Estado.
Es obvio que existen una cantidad de penalidades alternativas a la cárcel que serían mucho más prácticas y positivas si se ayudad a personas que hayan cometido algún delito. Si se considera que el Estado chileno gasta, aproximadamente, $300.000 mensuales por cada interno, si esta suma se invirtiera en escuelas y talleres de capacitación para los presos, seguramente dejaría de ser un atropello a los derechos humanos y un despilfarro de los recursos fiscales, para convertirse en un verdadero esfuerzo para la rehabilitación de las personas.
El Estado debe ser declarado reo por el atropello a los derechos humanos en que ha incurrido, en este caso no es responsable “Fuente Ovejuna”, es decir todos, sino que la casta política que practica un repugnante neoliberalismo, que condena a los pobres a morir en la cárcel o en hospital, en ambos caso humillado por la indefensión de los aludidos y la indiferencia de quienes deben servirlo.
Rafael Luís Gumucio Rivas
1 05 2014