Chile es el único país en el mundo en que el Estado regala dinero – que pertenece a todos los chilenos – a los sostenedores de la educación, en todos sus niveles, vía subvención o bien crédito fiscal en la enseñanza universitaria. Los únicos beneficiarios de estas políticas son los propietarios de las escuelas particulares subvencionadas y de las universidades privadas, y los directamente perdedores son los estudiantes y el Estado, que alimenta su presupuesto con impuestos que pagan las familias y las personas, (ya hemos anotado en otros artículos que ni las empresas, ni los especuladores pagan un centavo al fisco, simplemente, eluden o evaden a ojos de todos los ciudadanos los tributos).
En Chile, el 70% del gasto en educación es solventado por las familias y el Estado solo aporta un 30%; con la idea de la subsidiaridad, concepto acuñado por la dictadura de Pinochet y fielmente seguido por la Concertación, el Estado desentiende de su obligación de proporcionar educación gratuita y de calidad, renunciando respecto a una tarea prioritaria si, en realidad, aspiramos a una sociedad de derecho. Durante los 20 años del gobierno de la Concertación, más los cuatro de la Alianza, los gobiernos se han dedicado a destruir la educación pública, que hoy se encuentra en estado lamentable, tanto en las escuelas municipales, como en las universidades estatales. Da pena constatar, por ejemplo, como los ministros de Educación de la Concertación se han convertido en cómplices del estado calamitoso en que se encuentran, especialmente, las universidades en provincia, derivadas de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado, llamadas derivadas.
Empecemos por el lucro ilegal que se realiza en muchas de las universidades privadas: en un país normal los ministros de Educación debieran responder ante las autoridades competentes el no haber aplicado la ley a sociedades de inversión, inmobiliarias y de personas, que lucran con corporaciones que, por ley les está prohibido el lucro. Cabe preguntarse si el nuevo ministro de Educación está dispuesto a hacer cumplir la ley sobre el delito de la práctica del lucro en la educación universitaria.
María Olivia Mönckeberg, en su libro Con fines de lucro demuestra hasta la saciedad cómo algunas universidades privadas son verdaderas empresas, cuyos propietarios son Fondos de Inversión, sectas católicas como los Legionarios de Cristo y el Opus Dei, ex funcionarios del régimen de Pinochet y empresarios que han encontrado en la educación superior un muy buen nicho de negocio.
Las universidades se compran y se venden al mejor postor, incluida una “cartera de alumnos”; para enriquecerse, se trata de captar lo mejor posible, a estudiantes con crédito fiscal, que permitan aumentar, en número, la matrícula y, en consecuencia, los recursos del Estado provenientes del crédito fiscal, donde el mismo fisco se constituye como aval: nuevamente ganan las universidades y pierden los estudiantes y sus familiares, que se endeudan por mucho tiempo.
Mientras más alumnos tenga una universidad privada, mejor se vende en el mercado – esta modalidad explica el por qué a la Universidad del Mar le importaba tanto la certificación del Consejo Superior de Educación; otro tanto ocurre con la Universidad de Las Américas, que aún no logra la acreditación -.
La Universidad de Los Andes pertenece al Opus Dei y la Finis Terrae a los Legionarios, la que corresponde a un Fondo de Inversión canadiense, cuya publicidad en Norteamérica lo califica como una inversión rentable. La Universidad del Desarrollo es propiedad de Joaquín Lavín, Cristián Larroulet y de otros personajes de la UDI que, de hecho, lucran a través de “sociedades espejo”. En otras universidades participa el grupo Penta dedicado, fundamentalmente, a Inversiones y, además, posee un banco.
Es cierto que el lucrativo mercado de la educación privada es dirigido, mayoritariamente, por socios de la derecha, sin embargo, en el último tiempo, han penetrado algunos Fondos de Inversión y personeros de la Concertación – el caso de Genaro Arriagada, miembro del directorio de la Universidad de Las Américas, y de Gutenberg Martínez, socio de la Universidad Miguel de Cervantes. Habría que agregar los socios dueños de la Universidad Pedro de Valdivia, en su mayoría democratacristianos.
Parece difícil la labor del nuevo ministro de Educación cuando se vea obligado a intervenir esta verdadera mafia de los mercaderes de la educación, que violan impunemente la ley.
Rafael Luis Gumucio Rivas
26/03/2014