La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Colombia suspender la destitución del alcalde de la capital del país, una solicitud que deja en manos del presidente Juan Manuel Santos la suerte del líder de izquierda a dos meses de los comicios en los que el mandatario de centro derecha buscará su reelección.
El organismo, con sede en Washington, concedió medidas cautelares a favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, horas después de que un tribunal colombiano ratificó el martes un fallo que obligaba al funcionario a salir del cargo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentó que la inhabilidad para ejercer cargos de elección popular sólo puede surgir por una condena de un juez penal y que la Procuraduría, que determinó originalmente la destitución, es una autoridad administrativa.
“En este momento, mis derechos están protegidos por una institución que tiene fuerza predominante”, dijo a periodistas Petro, un antiguo guerrillero del M-19, quien calificó el fallo de la CIDH como un “triunfo democrático”.
“Espero que las medidas cautelares sean acatadas”, agregó refiriéndose a la resolución del organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pero la decisión final está en manos de Santos, quien podría acoger la solicitud de la CIDH, lo que implica suspender la destitución del alcalde, o ignorarla y ejecutar el fallo del procurador ratificado por el Consejo de Estado.
El panorama para el mandatario colombiano no es fácil debido a que cualquier decisión que adopte tendrá repercusiones políticas y electorales en un país históricamente polarizado entre izquierda y derecha, de acuerdo con analistas. Las votaciones presidenciales serán el 25 de mayo.
Aunque Santos no se ha pronunciado aún después del fallo de la CIDH, previamente aseguró que la justicia colombiana ha operado frente al alcalde.
OPINIONES DIVIDIDAS
Al interior del Estado colombiano existen opiniones divididas. Mientras que el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, sostiene que se trata simplemente de una recomendación, el fiscal general, Eduardo Montealegre, afirma que la decisión de la CIDH es de obligatorio cumplimiento.
En el pasado, países como Brasil desacataron medidas del organismo.
De acuerdo con juristas, si Colombia acepta el fallo del organismo internacional, abriría la posibilidad para que cientos de exalcaldes y gobernadores destituidos por la Procuraduría General -un organismo encargado de vigilar y sancionar administrativamente a funcionarios públicos- pidan ser restituidos en sus cargos y demanden al Estado.
Horas antes del pronunciamiento de la CIDH, el Consejo de Estado ratificó el fallo que destituyó e inhabilitó a Petro por 15 años para ejercer cargos públicos al negar varios recursos jurídicos que buscaban anular una sanción disciplinaria.
El procurador general, Alejandro Ordoñez, destituyó en diciembre a Petro por irregularidades en el manejo de la recolección de basuras, un fallo que bloquea sus aspiraciones para ser presidente de Colombia.
Los seguidores de Petro, de 53 años y quien era alcalde de Bogotá desde 2012, el segundo cargo político más importante de Colombia después de la presidencia, interpusieron decenas de recursos jurídicos para impedir el fallo de Ordoñez.
Su victoria electoral fue considerada un ejemplo de que la guerrilla puede dejar las armas y hacer política, uno de los puntos que negocia el Gobierno con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un diálogo de paz en Cuba.
Petro, un posible candidato para las elecciones de 2018, cambió en diciembre de 2012 el modelo de recolección de basuras, que estaba a cargo de operadores privados, y entregó esa función a la Empresa de Acueducto, lo que provocó que la ciudad terminara inundada de desperdicios.
La alcaldía volvió a contratar el servicio de algunos operadores privados después de la crisis que se registró en la capital colombiana, con más de ocho millones de habitantes y un presupuesto anual de 7.000 millones de dólares.
Petro anunció que está dispuesto a someterse a un referendo convocado por la autoridad electoral, el 6 de abril, para que los habitantes de Bogotá decidan si lo revocan o lo mantienen en su cargo, y dijo que respetará el resultado.
Las autoridades no han decidido aún si realizarán el referendo.