Mediante una carta entregada hoy al nuevo Superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, representantes de numerosas comunidades del Valle del Huasco solicitaron a la entidad que se abstenga de recurrir de casación a la Corte Suprema, impugnando el fallo de los Tribunales Ambientales sobre el proyecto Minero, pues constituiría un mecanismo de dilatación y en ningún caso de búsqueda de justicia.
Asimismo, los habitantes del valle del Huasco, recién enterados de los antecedentes del nuevo Superintendente como asesor de proyecto mineros, y en particular de la Compañía Barrick Gold, a través de su consultora Grupo Alianza, señalaron en la misiva que si éste no acata lo fallado por el Segundo Tribunal Ambiental y el organismo recurre de casación, quedaría en evidencia que su rol es ser agente de las industrias contaminantes al interior del aparato público, que garante de la protección del medio ambiente.
El 3 de marzo del 2014 el 2º Tribunal Ambiental acogió por unanimidad la reclamación de diversas organizaciones y comunidades del Valle del Huasco, contra la Resolución N° 477, emitida por la Superintendencia de Medio Ambiente el 24 de mayo de 2013, la cual solo multaba a la empresa Barrick Gold por parte, y no todos los incumplimientos de los que había antecedentes, en la implementación de su proyecto Pascua Lama. Este fallo del Tribunal vino a reafirmar las denuncias sistemáticas que la comunidad ha hecho contra el proyecto, pero además daba cuenta de la complicidad de la autoridad fiscalizadora con las operaciones de esta industria minera canadiense.
Hoy, una vez conocido el nombre del nuevo Superintendente, hombre sobradamente ligado al sector extractivista, según denuncian, se hizo una necesidad para el territorio exhortar a la autoridad a que no siga socavando la nueva institucionalidad, y se abstenga de recurrir de casación a la Corte Suprema, de modo que no haya dilataciones innecesarias en torno a cumplir lo ordenado por los tribunales ambientales, y a aplicar las sanciones correspondientes a los titulares del Proyecto Pascua Lama.
Los vicios e ilegalidades cometidos por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), señalan los representantes de las comunidades, quedan sólidamente establecidos en el fallo del tribunal ambiental donde expresamente se le ordena al organismo rehacer totalmente la resolución sancionatoria, determinando la necesidad de fijar una sanción para cada infracción cometida, lo que para quienes se oponen al proyecto minero, debiera traducirse en la revocación de la autorización ambiental y el retiro de la empresa del Valle. “Si el caso entra a la Corte Suprema, se prolongaría por más tiempo la intervención en los ecosistemas glaciares del desierto más árido del mundo, contribuyendo solo a profundizar los irreparables daños ya ocasionados, y demorar el necesario restablecimiento de la justicia en el territorio”.