Una de las obsesiones más fuertes de Sebastián Piñera ha sido intentar grabar en la opinión pública la idea del “enorme legado” que deja. Ya se ha anunciado oficialmente que el mandatario va a inaugurar, tan pronto como deje la Presidencia, una fundación “que defenderá el legado de su gobierno”. Por medio de una gira de despedida, diseñada explícitamente para este objetivo, todo el verano Piñera lo ha dedicado a mostrar sus balances alegres y sus informes comparativos con la gestión del gobierno anterior.
La propaganda gubernamental ha girado, desde hace meses, en torno a este concepto, con una tesis que el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, resumió al decir: “El legado del gobierno es muy macizo y nos permitirá, como oposición, construir sobre él(1)”.
El interés de resaltar este supuesto “legado” no es nuevo en Piñera. Apenas llegó a La Moneda, y sin nada que exhibir todavía, empezó a utilizar ese eslogan. Era la época en que no se amilanaba y afirmaba que “en veinte días hemos hecho más que la Concertación en veinte años”. Recordemos que la celebración de los doscientos años de la Independencia, en 2010, la denominó “Legado Bicentenario”. Y desde ese momento, todo corte de cinta, cada decreto firmado, las nuevas leyes promulgadas, las reuniones sostenidas, todo se convirtió en un gran legado a la posteridad, que deberíamos agradecer de aquí a la eternidad.
No es extraño que los políticos quieran dejar una buena imagen para la historia. No sólo es natural, sino que es un incentivo moral positivo. Si no les importara el juicio público sería peligroso, porque ya no habría ningún estímulo en su gestión, más que el de su más estrecho interés personal. Cuando a un gobernante ya no le importa la opinión de la sociedad, el cinismo no tiene límites. Incluso a Berlusconi, condenado por abuso de poder e incitación a la prostitución de menores, todavía le interesa salvaguardar su imagen y el recuerdo de “su legado”.
Por eso, no puede haber reparo a priori en que Piñera y sus ministros traten de resaltar lo que consideran sus aportes y logros en el gobierno. Se trata de un interés legítimo, aunque contradictorio con sus pretendidos principios liberales, que le deberían llevar a confiar en que la ciudadanía sacará sus propias conclusiones. En todo caso, están en su derecho. Pero por supuesto, ese interés comunicativo debe tener un criterio prudencial. Y ese es el límite que Piñera ha traspasado ampliamente. Este gobierno intenta convertir el cumplimiento mínimo de sus roles y funciones constitucionales, en una herencia maravillosa que los chilenos deberíamos reconocer de forma extraordinaria.
¿DE QUÉ LEGADO
ESTAMOS HABLANDO?
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, lo sintetizó así: “La postura del presidente por los 40 años del golpe es el legado más trascendente de su gobierno(2)”. Dicho de otra manera, haber llamado “dictadura” a la dictadura militar y “cómplices pasivos” a quienes colaboraron con ella, es la herencia más grande que nos deja. ¿Necesitaba el país este acto de reconocimiento? Excepto los fanáticos de la ultraderecha, nadie duda de que se trató de un gesto positivo. ¿Pero se trata de un legado al país, o sólo es el cumplimiento de una mínima exigencia democrática? ¿Es no más que una herencia para su propio sector político, que ahora puede afirmar que deslindó posiciones con el pinochetismo más recalcitrante y limpió su imagen?
LEGADOS PARA LOS AMIGOS
En esa categoría, de herencia para sus cercanos, caben las llamadas “becas Piñera”. Bajo ese nombre se apunta a los mecanismos contractuales diseñados para permitir que un número significativo de personeros políticos, designados por la actual administración, se incrusten a largo plazo en el aparato estatal. Que la Concertación haya realizado prácticas similares no es excusa ni aminora la culpa. Otra herencia de Piñera a sus amigos es una serie de “leyes de amarre” que beneficiarán a grandes grupos económicos: la ley de pesca, la licitación del litio, la ley de concesiones eléctricas, sólo por nombrar algunos de los dones más valiosos que Piñera ha entregado de cara al futuro.
Últimamente Ciper ha destapado el caso de una serie de reformas a la legislación inmobiliaria, lanzadas en los últimos años, y que debilitaron gravemente las regulaciones a favor de las grandes empresas del sector(3). El decreto Nº 1 de 2013 permitirá que se construyan los polémicos malls comerciales de Castro y del Muelle Barón, de Valparaíso, la ampliación (vía túnel) del Alto Las Condes, y la construcción de un gran hotel en las áreas verdes del Club de Golf Los Leones. Y a futuro, esta nueva regulación permitirá lo mismo en cualquier barrio en el que las cadenas comerciales quieran hacerlo.
EL “LEGADO” DEL TPP
Dentro de los “amarres” que nos dejará Piñera, tal vez el más desconocido y más preocupante es el Acuerdo Estratégico de Asociación Transpacífico de Libre Comercio (TPP). El secretismo que ha rodeado toda su negociación es el mejor reflejo de la gravedad de su aplicación futura. Este acuerdo es un tratado de libre comercio multilateral, que involucra a doce naciones: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y en América Latina a México, Perú y Chile. Pero a diferencia de otros TLC, en este tratado se contemplan cláusulas explícitas que van más allá de lo estrictamente comercial. Es de especial gravedad el capítulo de propiedad intelectual, impuesto por Estados Unidos y apoyado con entusiasmo sólo por Chile.
Si se llega a aprobar este tratado se producirán graves efectos en la vida cotidiana. El objetivo general del TPP es cercar el acceso al conocimiento y la cultura, favoreciendo a los grandes monopolios de la industria de la información y el conocimiento. Se limitarán los derechos digitales, obligando a que las empresas proveedoras de acceso a Internet sean responsables de censurar contenidos unilateralmente, sin mediación previa del Poder Judicial u otro órgano público que garantice los derechos de los usurarios. También buscará gravar con multas, desconexión de Internet y hasta penas de prisión las prácticas que la industria digital considere como vulneraciones al derecho de autor. El intercambio de archivos o videos podría ser considerado como delito.
También se pondrán grandes obstáculos al acceso a medicamentos genéricos, a la regulación de los pesticidas y al control de los aditivos de los alimentos. El TPP propone extender el plazo de protección a los derechos de autor a 90 años, duplicando el tiempo necesario para que una obra entre al dominio público y pueda ser usada sin permiso de los titulares de sus derechos. A su vez, se catalogan como “importación paralela” las compras internacionales vía Internet, por lo que adquirir libros o música por esa vía se convertiría en algo carísimo(4).
CÓMO HEREDARSE A SÍ MISMO
¿Cómo ha evolucionado el patrimonio del presidente Piñera en los últimos cuatro años? El informe de la revista Forbes estima que se duplicó, pasando de 1.000 millones de dólares en 2010 a más de 2.500 millones en noviembre de 2013. Se trata de cifras que sería necesario contrastar y analizar en detalle. Sin embargo, el fideicomiso ciego voluntario que firmó al inicio de su mandato no incluyó anexos en que se detallen sus inversiones al momento de delegar su gestión. Por eso, siempre quedará una nebulosa sobre las verdaderas causas del extraordinario rendimiento de las acciones presidenciales durante estos cuatro años de mandato. ¿Su éxito se debe a simple coincidencia, suerte o a una abierta intervención gubernamental? En este punto se evidencia la gran contradicción de Piñera. Confundir el “legado” al país, con la “herencia” que deja a sus colaboradores, a sus partidarios, a sí mismo y a los suyos.
ALVARO RAMIS
Notas
(1) El Mercurio, 23 de febrero, 2014.
(2) La Tercera, 9 de febrero, 2014.
(3) Ciper, 24 de febrero 2014.
(4) Furche, Carlos (2013): Chile y las negociaciones del TPP: análisis del impacto económico y político. (Derechos digitales). Santiago.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 799, 7 de marzo, 2014