El Parlamento de Libia llamará a elecciones “lo antes posible”, dijo el lunes el presidente del país miembro de la OPEP, en un aparente esfuerzo por atenuar el descontento de la ciudadanía por el caos político reinante a tres años de la caída de Muammar Gaddafi.
El Congreso General de la Nación (CGN) se encuentra estancado entre islamistas y nacionalistas y proyecta una sensación de caos, mientras el incipiente Ejército libio intenta reafirmar su posición frente a exrebeldes, grupos tribales y militantes islámicos.
Muchos libios culpan principalmente a las rencillas internas en el Parlamento por la falta de avances en la transición hacia una democracia desde el derrocamiento de Gaddafi en el 2011.
“El CGN anuncia (…) que las elecciones se realizarán lo antes posible”, dijo el presidente del Congreso, Nouri Abusahmain, en un discurso emitido por televisión y que marcó el tercer aniversario del comienzo de la revuelta contra Gaddafi, que contó con el respaldo de la OTAN.
Una ley electoral será aprobada hacia fines de marzo, agregó, sin entregar un calendario más preciso.
Las tensiones han aumentado respecto al propio rol del CGN después de que su mandato inicial expiró el 7 de febrero. Los diputados acordaron extender su mandato para dar tiempo a un comité especial para que redacte el borrador de una nueva Constitución, pero la medida ha generado protestas.
Los libios votarán el 20 de febrero por el órgano que redactará la Constitución, que tendrá 120 días para completar su tarea. No está inmediatamente claro si la elección prometida tendría lugar sólo después de ese período.
Si se llega a acuerdo, una nueva Constitución sería un raro punto a favor en una transición opacada hasta ahora por la inestabilidad y la violencia.
El CGN está profundamente dividido entre la nacionalista Alianza Nacional de Fuerzas y el Partido Justicia y Construcción islamista, que está vinculado a los Hermanos Musulmanes y al movimiento Al Wafaa.
La producción petrolera, de la que depende la economía libia, se ha desacelerado con fuerza debido a que manifestantes armados y miembros de tribus han tomado el control de puertos y yacimientos petroleros en distintos puntos de la nación para plantear exigencias políticas y económicas.