En el marco del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, se aprobó eliminar la pena corporal y establecer como falta el uso de frecuencias sin concesión, aunque se mantiene el decomiso de equipos, los que serían traspasados a corporaciones municipales.
“Es un avance sustantivo para la libertad de expresión en Chile, después de 23 años de criminalización de las radios comunitarias. Gracias al trabajo político de AMARC Chile y al diálogo con Subtel, ARCHI y parlamentarios hemos logrado no solo eliminar la pena corporal, sino que no tipificar como delito un acto de libertad de expresión como es emitir por frecuencias de radio. De esta forma, dejamos de ser uno de los pocos países en la región que perseguía a las radios comunitarias acogiendo las recomendaciones de las relatorías de libertad de expresión de la OEA y la ONU” sostuvo uno de los representantes de AMARC Chile, el académico y director de Radio JGM de la Universidad de Chile, Raúl Rodríguez.
El artículo 36 b, letra a), incorporado a la Ley General de Telecomunicaciones en 1991, por presión de la derecha y la ARCHI para atajar el fenómeno de las radios populares, que crecieron hacia fines de la dictadura e inicios de la transición democrática, estableció decomiso de equipos, multas de hasta 2 millones y medio de pesos y penas de cárcel de hasta 5 años.
Si bien el Presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, Luis Pardo, en conversación con AMARC Chile, destacó que es un gran paso que está dando el gremio que agrupa a las radios comerciales en el país para respaldar el cambio de tipificación de delito a falta, reconoció que es necesario hacer frente a la ilegalidad a través del comiso de equipos.
Para Rodrigo González, de Radio Konciencia y otro de los representantes del capítulo chileno de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, “Este avance debemos sellarlo ahora en la votación en sala y asegurar que los parlamentarios no hagan indicaciones al proyecto. Esperamos, por tanto, que el primer semestre de este año pongamos fin a este artículo, que ha sido nefasto para el desarrollo de las radios comunitarias en Chile”
Según un estudio del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile, entre 2005 y 2010, hubo 70 denuncias de transmisión ilegal, muchas de las cuales no llegaron a puerto. Sin embargo, en la última década una decena de radios comunitarias han sido perseguidas, sus equipos confiscados e iniciado un proceso penal contra sus radialistas, quienes luego han accedido a un juicio abreviado comprometiéndose a no emitir por un año.
Este ha sido el caso, por ejemplo, de radios Sin Tierra de la comuna de La Reina y Tentación, de Paine, ambas en la capital de Chile; radio Galactika, en San Antonio, Región de Valparaíso, y Radio Kimche Mapu, de Lanco, Región de Los Ríos, que presentó su caso en la Convención Internacional contra la Discriminación en agosto de 2013. A cambio el gobierno se comprometió a promover la radiodifusión indígena con fondos para su desarrollo y 30 frecuencias de radios para estas comunidades.