En la historia de Chile, proporcionalmente, los dos Frei, padre e hijo), han ostentado el récord en votación popular: en 1964, Eduardo Frei Montalva obtuvo 1.409.012 sufragios, con el 55,7%, de un total de 2.530.967 votantes; en 1994, Eduardo Frei Ruiz-Tagle obtuvo 4.040.497 votos con el 57,98%, con un universo de 7.000.000 de votantes. Ambos gobiernos condujeron a su combinación política y a su partido, la Democracia Cristiana, en particular, a un gran desangre electoral: en el período de Frei Montalva, la DC obtuvo el 42,3% de los votos y, cuatro años después, el 29,8%; a partir del gobierno de Frei Ruiz-Tagle la Democracia Cristiana ha perdido cerca de un millón de electores.
No hay nada más complicado para una combinación política que contar con la casi totalidad del poder, pues se ve obligada a cumplir con su programa, por un mandato imperativo de la soberanía popular. Eduardo Frei Montalva, al comienzo de su gobierno, prácticamente no tenía oposición ni de izquierda ni de derecha, y podía jugar con ambas según el proyecto que presentara. A menos de un año de su mandato, el conflicto político entre los freístas contra rebeldes y terceristas se traslado a su Partido. En el caso de Frei Ruiz-Tagle, su enorme mayoría – la más alta en la historia de Chile – se disolvió al poco andar debido a la ineptitud de gobernante y su deficiente conducción en el manejo de la crisis asiática.
Michelle Bachelet, por cierto, con un volumen más bajo de votos si se considera el universo electoral actual, que asciende a 13.500.000 inscritos, cifra relativa, pues la precisión no es el fuerte de los chilenos, obtuvo en la segunda vuelta 3.468.389 votos, con un 62,12% – cifra menor que en la segunda vuelta de 2006, 3.723.019 votos, con el 53,50%. Al igual que Frei Montalva, Bachelet cuenta con un parlamento favorable y, con el anhelo y la esperanza depositada en la idea de que “todo tiene que cambiar”. Lo fundamental en las elecciones chilenas, a partir de 1938 hasta hoy, es la expresión, por parte de las candidaturas, sobre la idea de cambio.
El corto tiempo que media entre la elección y la asunción al poder es fundamental para definir cómo el candidato triunfador resolverá el conflicto entre el cumplimiento del mandato popular de cambio y el gatopardismo. En el caso de Frei Montalva, no había el problema de tener que distribuir los cargos entre una combinación de partidos, pues todos los ministros y jefes de servicio eran democratacristianos e independientes y, la única fricción que pudiera existir, se daba entre los partidos y los independientes por Frei. En el caso de Bachelet la tarea es mucho más complicada, pues no cabe duda de que hay un conflicto en ciernes entre el Mapu-Martínez y los sectores más progresistas de esta combinación – PPD y PC -; aún no se sabe si la Presidenta electa – hoy todopoderosa – mirará hacia la derecha, como lo hizo en su primer gobierno, donde fue dominada por los Pérez Yoma, los Viera-Gallo y los Velasco, o bien, se dirigirá a la izquierda, con los Quintana, las Vallejo, las Cariola, y otros.
A Bachelet se le conoce por tener siempre un círculo de hierro, una especie de politik buró, que la aconseja en la toma de decisiones; la Yupi Álvarez, Peña y Lillo y Arenas son como los “Stalin, Zinoviev y Kamenev”, la “troika” rusa de 1924. Bachelet no aprecia los partidos políticos, menos a sus directivas: basta leer uno de los libros de Carlos Ominami, Secretos de la Concertación, para visualizar cómo Bachelet trataba a los “barones” socialistas, y estos, dispuestos a humillarse, pues ella contaba con el apoyo de la mayoría popular. Detrás de la imagen de ternura y suavidad de mamá, se esconde una mujer bastante fuerte y autoritaria, que maneja con el dedo meñique a los “mamones” de siempre.
A través de la historia política chilena, el único Presidente que en sus cien primeros días de gobierno cumplió con lo prometido fue Salvador Allende, y al poco andar de su mandato, las cuarenta medidas prometidas – incluido el litro de leche para cada niño – ya le quedaban cortas. Creo que este récord de Allende debiera ser la medida respecto a la diligencia con que el Presidente o Presidenta implemente su programa.
En una monarquía borbónica y absoluta, como la chilena, el Presidente tiene tal poder que, en los cien primeros días, con una dosis mínima de voluntarismo, puede poner en marcha su programa de gobierno; si no lo hace en este período, es que no quiere llevarlo a cabo, pero esperemos que esta no sea la tónica de la Presidenta Bachelet. Es sabido que en cualquier régimen político, sea parlamentario, semipresidencial o presidencial, una combinación que tiene copulativamente el Ejecutivo y el Legislativo, no tiene ningún subterfugio para eludir su responsabilidad, salvo que haga actual la idea de “presentarse con promesas y, luego, gobernar con explicaciones”, como lo dice Marco Enríquez-Ominami.
Rafael Luis Gumucio Rivas
18/12/2013