Alexandra Benado y Alejandra Gallo decidieron denunciar al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulnerar sus derechos. En un intento de inscribir a sus hijos ante el Registro Civil, se les negó el reconocimiento jurídico como madres producto de su condición sexual.
“Nuestra intención y voluntad siempre fue ser ambas reconocidas legalmente como madres de nuestros hijos, para poder ejercer con total plenitud y seguridad jurídica todos los derechos y obligaciones que se generan en una relación madre-hijos” explica la pareja en el escrito ante la CIDH. Las dos mujeres son asistidas por abogados de la Corporación Humanas y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
En el 2010, la pareja logró ser madre a través de un proceso de fertilización asistida. A pesar de que los hijos fueron concebidos por Gallo, ambas fueron a inscribir a sus hijos. En el Registro Civil se les negó la posibilidad, “me dijeron que era porque soy de sexo femenino”, explica.
Ante esta situación, la pareja interpusó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago para cambiar la inscripción de los dos menores, lo que fue rechazado por la justicia en 2 instancias.
Este caso recuerda al de Atala Riffo, la jueza y madre lesbiana de tres hijos que luego de separarse de su marido en el 2001, quiso mantener la custodia de sus hijas. Cuando Atala se reconoció públicamente como homosexual en el 2005, su marido la demandó. La Corte Suprema le otorgó a su marido la custodia puesto que las relaciones de Atala ponían en riesgo el desarrollo normal de sus hijas.
“Estos niños hoy día están en la desprotección, no se ha reconocido su derecho a la identidad real, a formar la familia, a pesar que después del este fallo de la jueza Atala se reconoce que la orientación sexual no puede ser una causal para que sucedan situaciones como ésta y, a pesar de eso, y a pesar de que en ese caso el Estado está en falta, no ha cambiado la situación en nuestro país”, añadió Carolina Carrera, presidenta de Corporación Humanas.
En la misma línea, la directora del Centro de Derechos Humanos UDP, Judith Schönsteiner, manifestó que “nos parece importante que el Estado de Chile cumpla las obligaciones internacionales que tiene y que ya ha sido recordado por la Corte Interamericana en su momento por el caso Atala contra Chile que, en ese sentido, todavía está pendiente”.