La Fundación Defendamos la Ciudad informó que la Contraloría General de la República en su dictamen Nº 64.846 del 9 de octubre de 2013 que se adjunta rechazó una solicitud de reconsideración de la Alcaldesa de Santiago Carolina Tohá, mediante la cual con rebuscados argumentos intentaba dejar sin efecto un dictamen anterior en lo que respecta a la altura máxima permitida en la manzana en donde se localiza el Monumento Histórico Casa Rivas. En los terrenos adyacentes, en la misma manzana, la Inmobiliaria Alameda 2001 S.A. construye 7 torres ; 5 de oficinas y 2 habitacionales, con alturas variables de entre 16 y 24 pisos, sobrepasando el límite de los 3 pisos fijados en el artículo 27º de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal. Esta restricción era conocida por el titular del proyecto ya que la misma formaba parte del Certificado de Informaciones Previas entregado a él por la Dirección de Obras de ese municipio.
Patricio Herman señaló al respecto : “recordemos que la aludida inmobiliaria no sometió su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), motivo que forzó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en su Resolución Nº 946 del 6 de septiembre de 2013, a iniciar un procedimiento sancionatorio exigiéndole a la empresa infractora que regularice su situación y oficiándole a la Dirección de Obras Municipales que no puede otorgar la recepción final de obras de 2 de las 7 torres, teniéndose en cuenta que las 5 restantes, ya recibidas por esa oficina municipal, configuran los recurrentes hechos consumados. Si algún medio de prensa desea disponer de mayores antecedentes de este negocio inmobiliario puede acceder a
http://ciperchile.cl/2013/10/08/santiago-downtown-las-irregularidades-de-un-negocio-inmobiliario-de-us-250-millones/
publicado el 8 de octubre de 2013, un día antes del mencionado dictamen del ente fiscalizador.
En todo caso, esto recién comienza, subrayando que los antecedentes han sido llevados a los tribunales de justicia y al Ministerio Público por un residente de una de las torres, quien se ha visto perjudicado por la seguidilla de ilegalidades descritas en la columna de Ciper. Como estamos hablando de una acaudalada inversión de 250 millones de dólares ya le hemos solicitado entrevistas al Colegio de Arquitectos y a la Cámara de la Construcción con el objeto de que ambas organizaciones gremiales adopten las decisiones que correspondan con los arquitectos y empresarios del proyecto, respectivamente. Nuestra fundación, una vez más, le hace notar a los díscolos actores del mercado de la construcción, que ceñirse a la ley y proceder con probidad en los negocios es indispensable para que funcione el Estado de Derecho y en tal sentido esperamos conocer pronto las reprimendas que les harán a sus miembros ambas asociaciones corporativas”