El cálculo se obtiene al dividir el presupuesto anual de una cárcel por el total de internos recluidos en ella, y se refiere exclusivamente a la gestión del penal. Es decir, sin contar la inversión inicial en la infraestructura. Así se obtiene que el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera (en Peñalolén), donde hay 10 ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad, el fisco gasta 49 millones 835 mil 393 pesos anuales, lo que significa que por cada interno se invierte 4 millones 983 mil 539 pesos.
En el caso del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco (en Til Til), donde hay 44 reclusos por Derechos Humanos, el Estado gasta 143 millones 142 mil 338 pesos; o sea, 3 millones 253 mil 234 pesos por individuo.
Esto difiere drásticamente de lo que sucede por ejemplo en la Cárcel Santiago Sur (ex Penitenciaria), la más hacinada de Chile, donde el Estado invierte 4.416 millones 886 mil 850 pesos; es decir, 809 mil 939 pesos por cada uno de los 5.457 internos (la cárcel fue hecha para 3.170). En el penal de Arica se invierten 917 mil 811 pesos por cada uno de los 2.036 internos (fue diseñada para 1.112 personas). Por su parte, la cárcel concesionada “Alto Bonito” de Puerto Montt gasta 424 mil 501 pesos por cada uno de 1.272 internos (su capacidad es de 1.248 personas).
Otro dato para dimensionar diferencias lo da la dotación del personal. El penal Cordillera hay 6,4 gendarmes por cada preso. Si esta misma tasa se aplicara a los otros penales del país sería necesario tener 281.139 gendarmes, lo que es superior al total de los funcionarios de los 340 organismos públicos que componen al Gobierno. En cuanto a visitas, en una cárcel común (como El Manzano de Concepción) hay derecho a visita 3 días a la semana durante 3 horas en cada ocasión (el visitante llega a las 9 de la mañana al “enrolamiento”, pero ingresa a las 13 horas), mientras que en las cárceles especiales el derecho a visita es todos los días, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, y el acceso es expedito.
Desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos, organización no gubernamental que durante la dictadura documentó delitos sobre derechos fundamentales, su presidente Gonzalo Taborga, se declara sorprendido por la disparidad del gasto fiscal entre ambos tipos de cárceles.
Por esto, el especialista en temas de derechos fundamentales indicó que “no sabíamos que se gasta en una proporción tan desmedida para generar hoteles cinco estrellas a los principales violadores de los derechos humanos en Chile, creo que es un acto repudiable el que el Estado gaste como lo ha hecho y lo haga de una manera tan dispendiosa, sin respetar que ese dinero debe ir a beneficiar a las personas más necesitadas de nuestra sociedad”.
A su vez, el abogado de Derechos Humanos y académico, Eduardo Contreras, también considera inaceptable que existan estas cárceles de “5 estrellas”, y resalta que en Argentina los dictadores fueron enviados a cárceles comunes. Pese a ello, el experto ha resaltado la cantidad de procesos judiciales abiertos por este tema en los tribunales chilenos.
En este sentido, el abogado experto en procesos referidos a vulneración de DD.HH. afirmó que “es cierto que hay cárceles de lujo, pero como dice la ranchera mexicana, la cárcel aunque sea de oro no deja de ser prisión. Chile es uno de los países más avanzados en cuanto a número de procesos, en cuanto a número de condenados y en cuanto a número de procesados. En qué nos aventajan otros países, Argentina, por ejemplo, que tuvo más víctimas que nosotros, menos número de procesos, pero sí ellos lograron meter en la cárcel a los dictadores. En qué estamos mejor, no hay ningún otro país que tenga abiertos 1.500 procesos, deben haber al menos unos 600 procesados, lo cual significa que en el futuro podría haber unos 600 condenados si los jueces aplican penas. En el número de condenados de las cúpulas máximas de las policías secretas”.
Importa repasar que el Penal Cordillera fue inaugurado en 2005 para acoger al ex director de la DINA Manuel Contreras (condenado a 300 años de cárcel y dos cadenas perpetuas) y otros ex militares condenados también por violaciones a los Derechos Humanos, como Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff. Esta cárcel, ubicada al interior del Regimiento de Telecomunicaciones, en la comuna de Peñalolén, dispone de casas individuales, que incluyen dormitorios, baños, cocinas, sala de estar, parque con cuidados jardines, salas de juego, cancha de tenis, además de teléfono y TV cable, entre otros.