Ver los debates de la Televisión Española informa y entretiene, más aun con el contraste de la deplorable televisión chilena. Sin embargo, no termina de impactar el autoritarismo e intolerancia de que hace gala el establishment madrileño al referirse a los crecientes deseos manifestados por el pueblo catalán de construir un Estado propio.
Así, en lugar de contemplar un ejercicio democrático de intentar convencer a dicho pueblo de las bondades históricas, actuales y –sobre todo- futuras que tendría para Cataluña seguir unida a España; se está en presencia de torpes intentos de amedrentamiento colectivo, que pueden resumirse en varios eslóganes majaderos: ¡Es ilegal lo que ustedes pretenden! ¡Va contra la Constitución! ¡No se les puede permitir!
Es decir, que puede ser perfectamente cierto que el pueblo catalán tenga fundamentadas quejas históricas y actuales respecto de su larga integración (¿o subordinación?) en España; de que su desarrollo económico y cultural se vea entorpecido por el marco político en que se desenvuelve; y de que efectivamente esté adquiriendo un deseo de independencia nacional; pero nada de eso interesa a los políticos y periodistas madrileños. O peor aún, pareciera que en el fondo ellos intuyeran o estimasen que aquellos agravios son reales y que las aspiraciones independentistas son mayoritarias; pero que éstas “afortunadamente” no podrían realizarse simplemente porque son “ilegales”. Al menos, esa impresión deja la ausencia de argumentos de fondo y la beligerancia anticatalanista de sus posiciones.
Más allá de lo débil –como veremos luego- de dicha interpretación jurídica restrictiva de los derechos humanos; creo que ¡difícilmente se podría esgrimir un planteamiento más favorable para la causa independentista catalana! Porque lo que le están diciendo, en definitiva al pueblo catalán es que está obligado a permanecer en España; gústele o no, le favorezca o no. Honestamente pensaba -desde Chile- que había razones más sólidas para fundamentar la conveniencia, para Cataluña y España, de mantenerse unidos. Es además muy curioso escuchar argumentaciones jurídico-políticas decimonónicas en un medio de comunicación globalizado propio del siglo XXI…
Por otro lado, la tesis de que el intento “soberanista” catalán sería ilegal, no tiene asidero de acuerdo a los principios contemporáneos de derechos humanos. La comunidad internacional hace ya tiempo que postula la prioridad absoluta del derecho de autodeterminación de los pueblos. Tanto así, que el artículo primero de los tratados internacionales más importantes de Naciones Unidas (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales) estipula igualmente que: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.
Dada la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno, aquel tratado (ratificado en 1977 por España) prevalece sobre la Constitución española que, a este respecto, recoge ciertamente la tradición franquista, al afirmar en su Artículo 2º: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”. Pero incluso la propia Constitución pone en entredicho lo anterior al establecer en su Artículo 96 que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.
Y, más todavía, la lógica elemental convierte en antidemocrático todo intento de un Estado plurinacional en obligar a sus naciones constituyentes a permanecer coercitivamente en su seno. Es lo que entendió la República Checa y Eslovaca respecto de Eslovaquia en 1993; lo que igualmente comprendió Canadá respecto de Quebec en 1980 y 1995; y lo que ha entendido el Reino Unido en relación a Escocia. Esperemos que, en definitiva, prevalezca también la lógica democrática en España…