El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país por qué el gobierno de Lagos designó comandante en jefe del Ejército a Emilio Cheyre en 2002, en circunstancia que a esa fecha ya se habían publicado denuncias que lo involucraban en las ejecuciones de la “caravana de la muerte” de La Serena y su posterior ocultamiento; y que con ocasión de su nombramiento se publicaron numerosas denuncias gravísimas adicionales.
Como bien lo ha puntualizado el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, una cosa son las responsabilidades penales de Cheyre (o de cualquier persona) que deben ser determinadas por el Poder Judicial; y otra cosa son sus responsabilidades morales, las que pueden ser determinadas por quienquiera posea los antecedentes suficientes; lo que es especialmente válido en el caso de nombramientos de altos cargos públicos, que exige de sus destinatarios no solo que no sean condenados como delincuentes, sino condiciones excepcionales de ética y legitimidad públicas.
Así, de acuerdo al libro del connotado periodista Jorge Escalante, La misión era matar. El juicio a la caravana Pinochet-Arellano, publicado en 2000 por Lom Ediciones; un testigo protegido había declarado ante la Justicia que en su paso por La Serena, donde se ejecutó a 15 prisioneros fuera de todo proceso, “fue el general Arellano quien obligó a los oficiales del regimiento para que remataran a los ejecutados, dándoles el tiro de gracia en la cabeza” (p. 126); y que “los oficiales que participaron en estos hechos son los siguientes: capitán Mario Vargas Maguiles; teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza; teniente Jaime Ojeda Torrent; subteniente Hernán Valdebenito Bugman; subteniente Mario Larenas Carmona; subteniente Guillermo Raby Arancibia; subteniente Julio Lafourcade Jiménez; mayor en retiro de apellido Délano; y el mayor de Sanidad Guido Díaz Pacci” (p. 127). A su vez, El Siglo publicó el 15 de marzo de 2002, que dicho testigo era el ex oficial de Ejército Pedro Rodríguez Bustos.
Además, en el libro de Escalante se señala que el teniente-coronel Ariosto Lapostol -comandante del Regimiento Arica de La Serena, donde se realizaron los asesinatos- ordenó que los cuerpos no se entregasen a sus familiares y que fuesen sepultados rápidamente en el cementerio local, donde “los quince cuerpos fueron echados a una fosa de boca cuadrada de 2.30 por 2.30 metros y cerca de siete de profundidad, que se ubicaba en el patio Nº 4 y que estaba destinada al depósito de desechos hospitalarios. Encima de los cuerpos vaciaron sacos de cal para evitar el olor de la descomposición en que entrarían los cuerpos y volvieron a poner la loza de cemento que cubría la fosa, que sólo quedó sobrepuesta”. Además, “a su ayudante, el teniente Emilio Cheyre, el comandante Lapostol le ordenó que fuera al diario local El Día y avisara que en la primera página del día siguiente miércoles 17 de octubre debería ser publicado un bando que se entregaría para informar de la muerte de los quince prisioneros ‘por fusilamiento’ ” (p. 138).
También, en julio de 2001, los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos habían presentado una querella criminal contra Ariosto Lapostol y Emilio Cheyre y “todos los que resulten responsables” de la muerte a balazos y posterior ocultamiento de los cadáveres de los niños Rodrigo Palma Morales y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente; asesinados a balazos en La Herradura (Coquimbo) el 24 de diciembre de 1973 (Ver El Siglo; 15-3-2002).
Por otro lado, luego de su nombramiento como comandante en jefe en marzo de 2002, surgieron nuevas denuncias responsables en su contra. Así, la militante socialista Eliana Rodríguez Dubó denunció que ella fue detenida el 6 de octubre de 1973 en La Serena por varios militares, dirigidos por Emilio Cheyre y que “Cheyre me decía que me había ‘buscado en muchos lugares y, por fin, había logrado ubicarme’. Me acusaba de ser comunista. Le hice ver que no lo era. Se enfureció y me golpeó, delante de mis hijos. Los militares entraron a mi casa como en un asalto (…) Por orden de Cheyre, destruyeron la puerta, vidrios de las ventanas, muebles, etc”. Luego, señaló que fue llevada al Regimiento Arica, donde “fui violada para que confesara mi militancia y los nombres de la dirección del Partido Comunista en la región. Me aplicaron electricidad en los senos, debajo de las uñas de pies y manos, en la vagina”; y que en una ocasión “Juan Emilio Cheyre Espinoza dio orden para que se me fusilara ‘en vista que no delataba a nadie’. El falso fusilamiento se efectuó. Dijo ‘saquen a esta maraca afuera y mátenla’ ” (El Siglo; 22-3-2002). Estas denuncias fueron publicadas también por el semanario La Firme del 2 de abril de 2002 y reseñadas por el destacado periodista argentino Ernesto Ekaizer en su libro Yo, Augusto (Edit. Aguilar, Buenos Aires, 2003; p. 990).
En El Siglo del 15 de marzo de 2002 se informó también de las denuncias de torturas sufridas por el profesor Walter Araya en Copiapó con antelación al plebiscito de 1988 y que habrían afectado a varios otros miembros del Comité Regional y Local de las Juventudes Comunistas. En ese entonces Cheyre ejercía como Intendente de Atacama y dictó una orden de aprehensión, reconociendo las detenciones, días después de que ellos fueran secuestrados y torturados por agentes de la CNI. Las denuncias de torturas fueron hechas públicamente, en su momento, por el Obispado de Copiapó. Asimismo, en dicho ejemplar se informó de varios asesinatos efectuados por oficiales del Regimiento Arica –dentro y fuera del recinto- como las de los cónyuges Bernardo Lejderman Konujowska y María del Rosario Avalos Castañeda; y de José Rodríguez Torres y José Rodríguez Acosta, padre e hijo respectivamente; de las que Cheyre –como ayudante del comandante Lapostol- señalaba el periódico, inverosímilmente podía haber desconocido.
Sin embargo, todo debate e información relevante sobre estos casos terminaron cuando, al día siguiente de la primera publicación de El Siglo, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, le contestó tajantemente a los periodistas “que el Gobierno, el presidente Lagos y la ministra que habla están absolutamente convencidos que el general Cheyre es una persona íntegra y no tiene ningún tipo de delitos y crímenes sobre los cuales las personas debamos preocuparnos” (La Tercera; 16-3-2002). Y cuando, pocos días después, la presidenta de la Cámara de Diputados, Adriana Muñoz (PPD), declaró que “la verdad es que no conozco su situación (de Cheyre), pero creo que hoy hay que mirar para adelante y hay que trabajar por reconstruir las relaciones y la confianza entre el Ejército y el país” (La Nación; 23-3-2002).
Como lo señaló días después La Firme “esta denuncia en sí (de El Siglo), es un golpe periodístico que debería haber concitado el interés de todos los medios de comunicación del país, el gobierno, el departamento de comunicaciones del ejército y los políticos que dicen defender los intereses del país y sus electores. Nuestra nación está enferma, los consensos han asesinado el alma nacional, todos complotan contra la verdad, nos exhiben un Comandante en Jefe como representante de una supuesta ‘aristocracia intelectual’ castrense” (La Firme; 2-4-2002). Hay que recordar, sí, que ya había tenido “éxito” la política de los sucesivos gobiernos de la Concertación (detallada en capítulos anteriores de esta serie) de eliminar todos los medios escritos teóricamente afines al conglomerado y que laboriosamente habían surgido en la década de los 80…
Seguramente, la actitud del liderazgo de la Concertación hacia Cheyre podía entenderse a la luz de antecedentes dados a conocer por el mismo El Siglo: “En 1996, el ex dictador veía acercarse el final de su carrera militar y preparaba su inserción en el Senado. Cheyre (como agregado militar en España) organizó junto al embajador Alvaro Briones, socialista, un encuentro en Madrid entre la plana mayor del PS y una delegación militar (…) El entonces ministro de Obras Públicas (Ricardo Lagos), conversó con el asesor de Pinochet, Sergio Rillón; el ex canciller, embajador y luego defensor del dictador, Hernán Felipe Errázuriz; el coronel Carlos Molina Johnson; el director de la Academia de Guerra, coronel Jaime García; y el comandante del Regimiento Maipo, coronel José Piuzzi. Por el Partido Socialista participaron el senador Jaime Gazmuri, el ex ministro Enrique Correa y Camilo Escalona” (El Siglo; 15-3-2002). Y en virtud de todo lo que pasó posteriormente, parece bastante plausible la versión del mismo periódico: “Allí se habló, sin duda, del destino de Pinochet y de las violaciones a los derechos humanos, de la institucionalidad y lo que venía. Lagos sería elegido Presidente de la República. Allí terminó, también, el veto del ejército a los ‘políticos socialistas’. Fue un encuentro de diplomacia secreta, de acuerdos y garantías” (El Siglo; 15-3-2002).
Precisamente; Lagos, Escalona y Correa han sido quienes con más fervor han salido a defender públicamente a Cheyre ante los cuestionamientos éticos que ha recibido. El ex presidente ha dicho que “creo que no es justo juzgar a Cheyre por lo que hace un teniente a los 25 años (sic), qué otra cosa más podía hacer un teniente cuando se está en estado de guerra (sic)” (La Tercera; 28-8-2013). El senador ha proclamado que Cheyre no tiene “cuentas éticas pendientes” (El Mercurio; 24-8-2013). Y el ex ministro ha señalado que “si Cheyre pudo ser comandante en jefe del primer presidente de izquierda después de Allende es porque siempre tuvo su conciencia tranquila y nada ocultó ni nada olvidó” (La Tercera; 30-8-2013)…