Una vez más han comenzado a parecer extraños atentados y siniestros que ya han ocurrido en otros momentos, como ha sido en el contexto de las huelgas de hambres de prisioneros políticos Mapuche, los asesinatos de jóvenes Mapuche y manifestaciones en escalada por procesos de recuperación de tierras ancestrales. Hoy con posterioridad al asesinato del joven Melinao, deja en evidencia que el modus operandi busca generar una extraña cortina que pretende justificar la ola de criminalización al Pueblo Mapuche y la desviación de temas de fondo.
Recientemente el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y contraterrorismo, Ben Emmerson, llamó al gobierno de Chile a abstenerse de aplicar la ley antiterrorista en relación con las reivindicaciones territoriales del Pueblo Mapuche.
Al concluir una visita oficial de 14 días y que concluyó a fines de julio, también exhortó a las autoridades chilenas a situar la “cuestión mapuche” entre las prioridades del diálogo político nacional. Inmediatamente, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió al paso señalando a la prensa: “”con el mayor respeto al relator de derechos humanos de Naciones Unidas, tengo la impresión de que las opiniones que él ha vertido le falta información (… ) Por lo tanto no nos parece adecuado que un observador de Naciones Unidas que no tiene ninguna responsabilidad sobre la seguridad del país emita una información que carece de fundamento y de información adecuada”.
Inmediatamente, el día 6 de agosto, fue hallado muerto el joven Mapuche Rodrigo Elicer Melinao Licán de 26 años de edad e integrante de la comunidad Rayen Mapu, de Ercilla quien era perseguido y criminalizado por el aparato estatal y empresas forestales. El cuerpo registraba balazos, había sido asesinado.
Cabe mencionar que en el plano de la aplicación de la ley antiterrorista, esta se ha aplicado principalmente en el marco de los conflictos con empresas forestales ante las disputas por la tenencia de la tierra y en protesta al modelo impulsado por este tipo de industria que ha causado estragos en los territorios ancestrales del Pueblo Mapuche.
Política de persecución y montajes
Para contextualizar este escenario, el primo del joven asesinado, Cristian Levinao Melinao, señalaba este 14 de agosto frente a su situación judicial: “Fui injustamente condenado junto al peñi Rodrigo Melinao Likan, asesinado hace pocos días, bajo los cargos de incendio a Forestal Cautín a 5 años y un día de cárcel más 1 año y medio (541 días) por daños a esta empresa…”, agrega: “Durante el juicio, yo presenté las pruebas que dejaban en evidencia este montaje, ya que me encontraba durmiendo en la cárcel de Collipulli, lejos del lugar y hora indicados por la físcalía en la que sucedieron los hechos. Sin embargo, este importante argumento no fue considerado por el tribunal, imponiéndose una vez más el racismo condenándome sólo por el hecho de ser Mapuche, ya que presenté en el tribunal la hoja con la firma validada por Gendarmería. El peñi Javier Levinao Esparza era sindicado como el principal autor de lo que se nos acusó, pero presentó sus pruebas también, quedando absuelto de estos cargos, lo que demuestra que esto es una persecución hacia nuestro Pueblo, ya que el testigo protegido tiene varias contradicciones al momento de supuestamente reconocernos.
Provocación y extraños atentados
Las sospechas ante el asesinato del joven Mapuche han ido apuntadas a la responsabilidad de agentes policiales estatales y/o de mercenarios operativos en la zona. Sin embargo, más allá, lo que es de sumo cuidado son los modus operandi que se gestan en un clima de provocación para el desarrollo de formas de tensión y hostilidad encausando las rabias y protestas para llevarlas a un escenario público de violencia y justificaciones represivas a aquellas expresiones que luchan por sus derechos y exigen al estado chileno reparaciones.
En esta oportunidad, una vez más, comienzan a parecer ciertas formas de extraños atentados y siniestros que ya han ocurrido en otros momentos, como ha sido en el contexto de las huelgas de hambres de prisioneros políticos Mapuche, los asesinatos de jóvenes Mapuche y manifestaciones en escalada por procesos de recuperación de tierras ancestrales.
De esta forma, la quema de escuelas, atentados a parceleros chilenos pobres e incluso a buses con pasajeros han aparecido y que si bien su procedencia es dudosa, en los medios comerciales masivos se informa de zonas rojas mapuche o actos como consecuencia de una represalia, tendientes a generar en la opinión pública la “justificación de las formas represivas a estos actos terroristas”, considerando que la mayoría de los móviles de causas por derechos Mapuche van apuntando a intereses patrimoniales de grandes empresas como las forestales o de sectores latifundistas de poder económico y político o enfrentamientos con fuerzas represivas estatales en el marco de la protesta social, cuyos actos no dan para la justificación de la aplicación “antiterrorista”, ya que no es posible considerarlas como actos que estén causando pavor o temor en la población civil, pero, sin embargo, estos nuevos modus operandi pareciera que tienen como propósito el involucrar y causar la animadversión de la sociedad civil.
Posterior a la muerte del joven Mapuche Rodrigo Melinao, comunicacionalmente se ha tratado de relacionar ciertos siniestros a la “causa Mapuche”, como fue ataques a buses de pasajeros o la quema de la escuela en la comuna de Tirúa con más de 230 estudiantes y 15 profesores.
Pero esto no es nuevo. A modo de ejemplo, a principios de junio del 2012 encapuchados quemaron un furgón escolar y luego se dieron a la fuga en Ercilla. Consecutivamente se perpetraron una seguidilla de ataque incendiarios a pequeños campesinos chilenos pobres en el sector Chihuaihue de Ercilla, lugar donde hace algún tiempo se había incendiado una escuela.
Estos modus operandi son muy similares a los realizados en diciembre del 2003, donde en medio de inverosímiles ataques incendiarios como a la Escuela Colonia Manuel Rodríguez en Malleco, los ataques a campesinos chilenos pobres y la de una retroexcavadora en desuso en el vertedero de Boyeco en Temuco, se efectuaban como formas mediáticas de presión para una mayor militarización de las comunidades Mapuche, una mayor intensificación en la aplicación de leyes especiales anti terrorista y a su vez un mayor poder en la criminalización ante las legítimas reclamaciones por tierras ancestrales, donde incluso, con posterioridad, desde ciertos sectores públicos se reconocía que no eran móviles mapuches, pero el daño mediático ya estaba instalado y sus objetivos cumplidos. ¿Coincidencia?
A principios del 2012, el Gobierno chileno, coludidamente con sectores empresariales levantó un montaje para encubrir la responsabilidad de Forestales en los mega incendios que afectó mayoritariamente a las regiones del Bio Bio y la Araucanía, donde se indujo a la opinión pública a que dichos desastres estarían involucrados a móviles Mapuche, e incluso aplicó la Ley antiterrorista en la Región de la Araucanía con posterioridad al fatal incendio en un predio forestal en la comuna de Carahue y que arrojó a brigadistas muertos.
Aclaraciones y desmentidos
Cabe mencionar que existen antecedentes registrados por un Grupo de Trabajo de la ONU sobre Mercenarios y Guardias Privados, quien presentó su Informe de Misión a Chile en marzo del 2008 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde dedica una sección especial al caso de violaciones de derechos humanos de comunidades mapuche cometidas por guardias forestales y en donde señala a modo de ejemplo que “le preocupa que se confunda la legítima protesta social con actividades delincuentes o terroristas y se acuse o se intimide a sus líderes y que en la cesión del uso de la fuerza y de la seguridad por parte del Estado a las empresas de seguridad puedan cometerse ilícitos”
Durante el 2012 la Alianza Territorial Mapuche señaló a través de un comunicado: “Hemos visto también que una serie de ataques a campesinos pobres han sido realizados por desconocidos (¿paramilitares?), para encender los ánimos de civiles organizados bajo la conocida fórmula de las guardias civiles armadas -llamadas en este caso juntas de vigilancia- y justificar también el estado de sitio no declarado, intensificado a partir del 25 de julio pasado en territorio mapuche con ataques diarios, patrullaje por aire, controles y empadronamientos en varios sectores y tecnología de guerra como la usada por las potencias en medio oriente. Luego de esta arremetida armada se terminaron por arte de magia los supuestos atentados, mientras los medios de comunicación y autoridades chilenas culpan sin pruebas a mapuche de la autoría, intentando legitimar así el control armado y la represión…”
Recientemente, este 15 de agosto del 2013 frente a extraños atentados que han venido ocurriendo con posterioridad al asesinato del joven Mapuche Melinao y ocurridos particularmente en Tirúa, el Prisionero político Mapuche Ramón Llanquileo a través de un comunicado señala: “nosotros como coordinadora mapuche Arauco –malleco (CAM) no tenemos absolutamente ningún tipo de participación en los hecho acontecido en la zona, todo lo contrario, nos sumamos al rechazo y condenamos esto. A su vez, también rechazamos aquellas acciones que tiene como objetivo afectar a pequeño parcelero”, emplazando asimismo a sus autores a dar las razones.
Agrega en otro punto: “A su vez, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando contra los verdadero enemigos, entre ellos las grandes empresas transnacionales: forestales, mineras y energética , ya que el sistemas capitalista en su conjuntos, son verdadero responsable de nuestra situación que nos destruye cada días como pueblo …”