Dirigentes de Patagonia Sin Represas indicaron que luego de meses de trabajo legislativo el Ejecutivo debe estar conciente que el escenario político no está para avanzar con la ley de Carretera Eléctrica, cuyo cuestionamiento social y parlamentario es mayor a la ley de Concesiones, por su evidente relación con el proyecto HidroAysén
A pesar que el ejecutivo proyectaba sacar las leyes HidroAysén —de concesiones eléctricas y carretera eléctrica– en unos meses, el complejo escenario que se vivió en el Parlamento resultó en que la ley de concesiones tardó más de un año en tramitarse, aprobándose este miércoles 13 de agosto. “Lo ocurrido ayer en el Parlamento era esperable debido al intenso lobby eléctrico y las presiones evidentes del gobierno que introdujo el año pasado estas leyes fast track destinadas a favorecer la realización de iniciativas como HidroAysén”, indicó Sara Larraín, del Programa Chile Sustentable.
“Sólo gracias al afán del Ejecutivo por sacar adelante el proyecto y la presentación del voto supresivo se obtuvo una pequeña victoria, que es dejar fuera el articulado que permitía evitar la aplicación cabal del Convenio 169 OIT y vulneraba las áreas Silvestres Protegidas, salvando así dos temas paradigmáticos de la agenda de derechos ciudadanos y ambientales”, agrego la ambientalista.
Desde Terram, Flavia Liberona, subrayó que la “ley de concesiones eléctricas tuvo bastantes modificaciones a lo largo de su tramitación, sin embargo, la alianza UDI-DC persistió en vulnerar garantías constitucionales. Lo destacable es que la constante presión ciudadana sobre esta ley HidroAysén, hizo que el Gobierno a último minuto se comprometiera a retirar dos de los 5 artículos altamente cuestionados que tenían relación con áreas protegidas y Convenio 169 de la OIT”. Sin embargo, Liberona lamentó que esta ley sigue siendo mala, pues fue diseñada para allanar el camino a proyectos como HidroAysén y Energía Austral, pasa a llevar derechos constitucionales y restringe la legitimación activa, por lo demás, incorpora facultades para ocupar las propiedades mediante la fuerza pública”, preciso la representante de Terram
En la misma línea, Peter Hartmann, coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, expresó que “con esta ley, al final se está perjudicando esencialmente a los propietarios rurales, grandes y chicos, ya que con el pretexto de la agilización se pasarán a llevar sus derechos patrimoniales”. Hartmann ve el proceso como un apronte a lo que será “la discusión de la Carretera Eléctrica que este gobierno quiere desarrollar, ya que aunque la Ley de Concesiones buscaba viabilizar muchos proyectos incluidos los de represas en la Patagonia, la carretera tiene un sólo objetivo: HidroAysén”.
Cabe destacar que uno de los objetivos del Gobierno era cambiar el Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, Ley General de Servicios Eléctricos de 1982, para que sólo los propietarios de terrenos y no los interesados o afectados puedan acudir a la Justicia para oponerse a un proyecto. Esto debilita el turismo y otros usos del territorio, probablemente incrementando la judicialización de proyectos.