Para lograr un desarrollo armónico, justo y sustentable en nuestras ciudades, es necesario que las autoridades transparenten las decisiones que toman en materia de planificación urbana y se hagan responsables de ellas. Como ello no sucedía se creó hace 13 años nuestra fundación con un perfil fiscalizador desde la sociedad civil porque entendemos que los derechos urbanos son consustanciales a los ciudadanos que habitan las ciudades.
Quienes participamos en ellas debemos superar las críticas académicas y las recurrentes quejas de vecinos cuando ven amagados sus intereses por la irrupción de proyectos públicos o privados que consideran invasivos Nosotros velamos por el cumplimiento irrestricto de las leyes que el propio Estado se ha autoimpuesto en materia de Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente, Transportes, Telecomunicaciones, Obras Públicas y Patrimonio Histórico y la experiencia nos indica que la Administración no ha cumplido con su rol con el agravante de que los miembros del Poder Legislativo, salvo escasísimas excepciones, no son actores válidos en el debate.
Conocemos el anteproyecto original del Túnel San Cristóbal presentado al MOP en 1998, 15 años atrás, por el ingeniero civil Samuel Tupper, idea que contemplaba enlaces directos con las avenidas Costanera Norte y Kennedy, ambas vías hoy autopistas concesionadas en términos muy lucrativos a su inversionista. El propósito de Tupper, bien acogido en un principio, fue modificado por ese ministerio y así el túnel concesionado ahora se conecta con la calle El Cerro a través de un semáforo (sic) en pleno barrio Pedro de Valdivia Norte y discurre hasta el megaproyecto inmobiliario Costanera Center.
Ahora bien, resultan preocupantes una serie de anuncios que ha hecho a través de la prensa en los últimos meses la ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, respecto a una nueva infraestructura vial urbana. En particular dos proyectos promovidos históricamente por ese ministerio, “Vespucio Oriente” y “Santiago Centro Oriente”, están causando controversias entre autoridades, expertos, vecinos e inversionistas. Lo que resulta alarmante es la develación de una serie de prácticas que suceden al interior del aparato público que, en los hechos, vulneran el espíritu y la letra de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Utilizando una sucesión de resquicios legales, la Unidad de Coordinación de Concesiones del MOP ha monopolizado decisiones de política urbana que, de acuerdo a la ley, le corresponde tomar a otras autoridades.
Se trata en muchos casos de decisiones que son fundamentales para el futuro de la ciudad y que esa Unidad está tomando sin consultar a quienes corresponde en beneficio del negocio de las empresas concesionarias agrupadas en la asociación gremial COPSA. Todo lo anterior con perjuicio para el erario público y el de terceros. De otra forma no se explican las decisiones erráticas que, experimentados funcionarios del MOP, han tomado en relación a la coordinación del proyecto que busca resolver la congestión vehicular en el sector de la Rotonda Pérez Zujovic (Vitacura- Las Condes).
Ubicada en un lugar estratégico, esa rotonda fue diseñada para ordenar los enlaces secundarios de las vías que convergen en ese punto de la ciudad. Los históricos tacos que se producen en el área, son consecuencia de que el plan original, que enlazaba la avenida Andrés Bello con la avenida Kennedy pasando por el terreno donde se emplaza desde 1985 la embajada norteamericana, nunca se construyó. A consecuencia de aquello, la capacidad vial de la rotonda se ve sobrepasada a diario en las horas punta de mañana y tarde. Conocedores desde hace décadas de esta situación, autoridades y expertos sabían que la apertura de la avenida Costanera Sur, resultaba fundamental para resolver los problemas viales del sector.
Sin embargo, la materialización de dicha obra, requería la expropiación de una franja importante de terreno de la embajada de los EEUU, predio que por lo demás le fue donado por el Estado a esa legación diplomática, lugar por donde el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) define el trazado de esa avenida. Ante la imposibilidad de construir una calle en territorio extranjero, las autoridades ministeriales y la Fundación del Club Deportivo de la Universidad Católica, dueña del área verde Estadio Santa Rosa de Las Condes, propiedad colindante con la embajada, buscaron a comienzos de la década del 2000 una solución que, por un lado permitiera materializar ese tramo de la avenida Costanera Sur, y por el otro satisficiere las expectativas económicas de tal Fundación deportiva sin fines de lucro.
Fue así cómo el año 2007, el Municipio de Las Condes, con la anuencia de todas las autoridades sectoriales que intervienen en la modificación de un instrumento de planificación intercomunal, (Municipios de Providencia y Vitacura; SEREMIS de Transporte, Vivienda y Obras Públicas; SERVIU metropolitano; UOCT; SECTRA; Dirección de Vialidad Urbana MOP; Unidad de Coordinación de Concesiones MOP y otros) emitió un permiso de edificación de tres torres a nombre del Club Deportivo de la Universidad Católica, acto administrativo que el anterior se lo vendió a un privado. Se trata de una autorización única en su tipo, ya que modifica las condiciones urbanísticas del predio y el trazado vial definido en el PRMS. Entre las condiciones que el Permiso de Edificación impone al desarrollador está la obligación de:
1. construir la totalidad de la avenida Costanera Sur en su terreno, a pesar de que el PRMS no lo contempla así.
2. Implementar como medida de mitigación de impacto vial la prolongación de la avenida Costanera Sur en un tramo cercano a los tres kilómetros asegurando la continuidad de la vía con Avenida Escrivá de Balaguer en la comuna de Vitacura. Esta vialidad, recientemente terminada, no puede ser entregada al uso público y gratuito porque el MOP se opone a ello por compromisos adquiridos con la concesionaria de la autopista Costanera Norte.
3. Consolidar un área verde equivalente al 80% de la superficie neta del terreno para el uso público.
Fue así como ese permiso de edificación adquirió en los hechos el valor de un instrumento de planificación territorial, entregándosele al actual titular del proyecto inmobiliario una especie de certeza jurídica para que lo implementara.
La vía que el MOP se resiste a entregar al flujo vehicular es un aporte urbano, ya que no sólo resuelve una mitigación vial así acordada el 16 de noviembre de 2006 por todas las autoridades competentes, sino que también rescata para peatones y ciclistas la ribera del río Mapocho entregando una nueva y atractiva perspectiva de la ciudad. Por lo mismo resulta incoherente que, a pesar de que las nuevas obras del millonario plan vial Santiago Centro Oriente no se iniciarán antes de marzo de 2014, el gobierno con su negativa está pasando por alto la legalidad vigente y desconociendo compromisos recientes firmados por las autoridades del MOP, el alcalde de Vitacura y los inversionistas privados.
Esta inexplicable situación siembra la duda respecto a los verdaderos intereses que guían las decisiones de los encargados de la cartera de Obras Públicas. En nuestra opinión en este episodio están a la vista los intereses de la poderosa concesionaria Costanera Norte, que a fin de cuentas es la única beneficiada con la no apertura de este tramo de la Costanera Sur.
En virtud de lo anterior, resulta oportuno revisar la legalidad y la pertinencia urbanística de la propuesta presentada recientemente por la ministra de Obras Públicas para “eliminar” la Rotonda Pérez Zujovic. Si se examinan los planos e imágenes entregadas, destaca la incorporación de nuevas vialidades y eliminación de otras, todo lo cual no está contemplado en el PRMS. Está más que claro que todos estos movimientos favorecerán los intereses operativos de la vía concesionada Costanera Norte en desmedro de la calidad de vida de los vecinos de Vitacura, Las Condes y Providencia. Por ejemplo el proyecto considera:
1. eliminar el túnel de Av. Andrés Bello comprometido en el EISTU de Costanera Center para mitigar los tacos que se producen a diario en el cruce con Nueva Tajamar. ¿La no ejecución de este túnel se decidió mientras Golborne era ministro ?
2. un nuevo puente sobre el río Mapocho a la altura de Presidente Riesco que no está previsto en el PRMS, teniéndose presente que la construcción de este puente obliga a destruir parte del área verde y de la avenida sin inaugurar. La medida, que busca agilizar el tráfico por la autopista Costanera Norte y atraer a ella nuevos usuarios de la comuna de Las Condes, trasladará los flujos al corazón del barrio El Golf, aportándolos a la ya colapsada Av. Presidente Riesco. Desconocemos la posición del alcalde de Las Condes acerca de la inminente construcción de este puente que imposibilitará a los automovilistas de esta comuna acceder a la nueva área verde.
3. demoler la Rotonda Pérez Zujovic, lo que impedirá el tránsito vehicular directo entre el Parque Bicentenario y el barrio El Golf, obligando a los automovilistas que quieran transitar entre esos sectores vecinos a dar una vuelta enorme por la autopista Costanera Norte con el correspondiente cobro en los pórticos del TAG.
4. reemplazar la Rotonda por un puente que conectará directamente Av. Vitacura poniente con Av. Vitacura oriente, lo que dificultará la distribución natural de los flujos en esa confluencia vial.
Quienes conocen el negocio de las concesiones viales, podrán descubrir en los planos otras “pequeñas trampillas” incorporadas al proyecto Santiago Centro Oriente para acelerar la rentabilidad del negocio de la concesionaria a costa de la calidad urbana de los barrios aledaños.
Al parecer, el gran aporte del ministro Golborne al MOP, fue introducir al negocio de las concesiones viales urbanas la lógica con la que operan las casas comerciales: vender a crédito lo que no se necesita para que al final el consumidor, en este caso toda la sociedad, termine endeudado debiendo pagar mucho más de lo que en rigor corresponde.
Los proyectos de infraestructura que la ministra de Obras Públicas está promoviendo para cuando próximamente deje el cargo, requieren de una discusión amplia e informada de todos los actores sociales. No es posible que el futuro de la ciudad sea dirigido por los intereses ocultos de las concesionarias, condenando a sus habitantes a pagar inevitablemente por algo que no han solicitado. Además no debemos olvidar que a través del TAG, esas empresas disponen de una base de datos que vulnera el derecho a privacidad de sus clientes. Nuestra debilidad por desplazarnos en automóvil, la que día a día crece junto con el parque automotor, ha entregado un poder desmesurado a las concesionarias, y éstas lo utilizan para seducir a funcionarios y autoridades.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”