El Gobierno de Rajoy hace piña con Chile, que se niega a acatar el laudo del Banco Mundial que le condena a indemnizar a un inversor español cuyo periódico fue confiscado por Pinochet en un doble rasero de la Marca España. ¿Se imaginan qué sucedería si el CIADI, el organismo del Banco Mundial que dirime los litigios entre países e inversores, asumiera los argumentos de Repsol y condenara a Argentina por la expropiación de YPF?
No es nada fácil que esto suceda. Pero es facilísimo intuir qué reacción tendríamos en España.
El País , El Mundo, Cinco Días y toda la prensa patria llevarían el fallo en portada y exigirían el inmediato resarcimiento de la multinacional española.
El Gobierno en pleno, con el ministro de Exteriores al frente, exigiría la ejecución ipso facto del laudo y del embargo para asegurar su cumplimiento: ¿la flota de Aerolíneas Argentinas en Barajas y El Prat?
Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión (CIADI) se han encomendado Repsol y las autoridades españolas frente a la expropiación de la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner. Y mientras el proceso arranca –este tipo de litigios suelen durar años- y aquí se sigue con lupa cualquier nimio avance, el CIADI ha concluido otro litigio por confiscación de la empresa de un inversor español en América Latina, ya reconocida por el tribunal internacional.
Este inversor se llama Víctor Pey y hoy tiene 97 años. Alto cargo de la Generalitat republicana, partió a Chile en el Winnipeg. Y muchos años después del exilio, ya en la década de 1970, se hizo con el control de El Clarín, el gran diario popular de centroizquierda de Chile, aliado del presidente Salvador Allende.
El 11 de septiembre de 1973, antes incluso de bombardear La Moneda, los golpistas chilenos que comandaba Augusto Pinochet se incautaron de los edificios del periódico y de sus imprentas. Era el principal diario de Chile -270.000 ejemplares diarios de venta en un país de apenas 10 millones de habitantes- y nunca más llegó a los quioscos. Y jamás ha habido un periódico importante de centro-izquierda en Chile desde que las bayonetas callaron a El Clarín, que ahora resiste como puede en la red ( www.elclarin.cl).
40 años después, el Ejército chileno sigue ocupando las rotativas y edificios en Santiago, Concepción y Viña del Mar, y el inversor español expropiado no ha recibido aún la más mínima indemnización por la confiscación.
Pero el mismo CIADI en el que tanto confían Repsol y el Gobierno español se pronunció ya en 2008 de forma rotunda y concluyente tras años de magistral trabajo del abogado Joan Garcés, ex asesor de Allende y presidente de la Fundación española Presidente Allende, el mismo jurista que logró detener a Pinochet en Londres durante 500 días: Chile violó el Convenio suscrito con España de protección de inversiones y el Tribunal Internacional le condenó a indemnizar al inversor español.
Sólo falta determinar la cuantía de la indemnización, que algunos expertos cifran en más de 100 millones de dólares. Pero mientras tanto, Chile debe abonar las costas que el Tribunal le ha condenado a pagar: unos cuatro millones.
El pasado marzo, el juzgado de 1ª Instancia número 101 de Madrid despachó la ejecución del laudo y ordenó el embargo de los bienes de Chile en España de naturaleza comercial.
Pero ni El País, ni El Mundo ni Cinco Días han encontrado hueco en sus páginas para contar la historia del inversor español confiscado en América Latina ni el laudo que obliga al Estado chileno a indemnizarle.
Y el Gobierno español no sólo no ha convocado ninguna rueda de prensa exigiendo a Chile que cumpla de inmediato con la legalidad internacional, sino que se ha personado en el juzgado para ponerse al lado del Estado chileno y en contra del inversor español víctima de la confiscación del primer periódico chileno.
Y ello a pesar de que las reglas de CIADI impiden al Estado del inversor interferir en el proceso arbitral y el último capítulo del caso El Clarín no se cerrará hasta que el tribunal internacional fije la cuantía de la indemnización.
La no interferencia está pensada para despolitizar el caso al darse por hecho que el Estado acudirá siempre en apoyo del inversor de su nacionalidad que se ha dirigido al CIADI. Lo increíble es que el actual Gobierno de España interviene a destiempo… ¡y en contra del inversor español confiscado!
La Abogacía del Estado ha presentado un escrito sumándose a la línea esgrimida por el embajador chileno en España, el pinochetista Sergio Romero, que sostiene que no existen bienes chilenos embargables porque todos estarían protegidos por la Convención de Viena, que garantiza la inmunidad diplomática.
La misma Convención de Viena que España no tuvo ningún reparo en pisotear recientemente a petición de EEUU para retener al avión en el que viajaba el presidente de Bolivia, Evo Morales, ante la sospecha infundada de que incluía a Eduard Snowden, el exanalista de la CIA que EEUU persigue por desvelar secretos.
La gran paradoja es que la actitud del Gobierno en contra del interés del inversor español víctima de una violación del Convenio de protección de inversiones con España, declarada por el Tribunal Internacional de CIADI, puede lastrar en el futuro los intereses de Repsol en el litigio por YPF: a Argentina le bastaría con seguir la pauta que ahora esgrime la Abogacía del Estado para burlar el cumplimiento de cualquier laudo potencialmente adverso.
Naturalmente, los rigurosos abogados de Víctor Pey saben perfectamente que los bienes “de soberanía” están regidos por el iure imperii y que son intocables: pero estos se refieren exclusivamente a lo necesarios para la actividad diplomática, que ni siqueira son mencionado en la ejecución del laudo.
Precisamente por esto quieren saber qué tipos de fondos pasaban por la cuenta corriente 0049-1555-16-2610190325, que la Embajada chilena cerró a toda prisa tras el embargo decretado por el Juzgado español, en un país donde el alzamiento de bienes en fraude de los acreedores judiciales está tipificado en el Código Penal.
Y por esto son también tan interesantes para la causa los bienes y propiedades de la empresa CODELCO, 100% propiedad del Estado chileno, el mayor productor de cobre del mundo y unas ventas de 17.515 millones de dólares al año, una parte de ellas a España.
Incluso el Gobierno de España debe de saber que CODELCO –como sería Aerolíneas Argentinas- nada tiene que ver con el iure imperii. Desde luego lo sabe Joan Garcés, asesor precisamente del Gobierno que en 1971 nacionalizó, en una Ley aprobada unánimemente por el Congreso en pleno, la Gran Minería del Cobre integrada en CODELCO, una decisión soberana que exasperó a los que acabaron patrocinando el golpe militar que sepultó la democracia chilena y la inversión del ciudadano español Víctor Pey.
El doble rasero español en América Latina y la supuesta defensa de los inversores españoles en el subcontinente queda dramáticamente expuesto en el caso El Clarín, un curiosísimo esquema que hace trizas los eslóganes de la propaganda oficial, en el que el actual Gobierno español y sus portavoces mediáticos jalean a Repsol y demonizan a Argentina en un conflicto que acaba de llegar al CIADI mientras ignoran la confiscación de Pey y hacen piña con Chile cuando el CIADI ya se ha pronunciado a favor del inversor español en un laudo que está ya en fase de ejecución forzosa.
Antoni Brufau y Víctor Pey son ciertamente ciudadanos españoles. Pero parece que para el Gobierno de Rajoy y la Marca España algunos inversores merecen más protección que otros.