El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al país por qué el gobierno de Aylwin convalidó la virtual ejecución por parte de Carabineros de dos delincuentes subversivos en un barrio de Ñuñoa en 1992; y la masacre de seis personas –tres completamente inocentes- en Avenida Apoquindo en 1993, luego de un cruento asalto a un banco efectuado por otro grupo subversivo.
El primer episodio tuvo lugar el 22 de enero de 1992, luego de un robo con extrema violencia protagonizado por tres miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo (FPMR-A), en que dejaron gravemente herido a dos guardias de seguridad y a un carabinero. Uno de los delincuentes cayó también herido y los otros dos huyeron, pero siendo cercados por la policía se atrincheraron en una casa de Ñuñoa, tomando como rehenes a un grupo familiar de un matrimonio con dos hijos. Después de varias horas de tensas negociaciones –en las que Carabineros (¡no el Gobierno!) permitió que los diversos canales de televisión filmaran desde muy cerca en vivo y en directo- los secuestradores liberaron primero a los hijos y luego al matrimonio; y anunciaron que se entregarían a las 21:15 horas. Al no hacerse efectiva la entrega, y ya en las penumbras de la noche, “y desechando la posibilidad de esperar más, Carabineros decidió ingresar al jardín, sin haber usado megáfono y sin disparar lacrimógenas previamente; y tampoco despejó el jardín para los tiradores escogidos. A los diez minutos vendrían las balas” (La Epoca; 25-1-1992).
Según la versión de Carabineros, los secuestradores salieron disparando por lo que tuvieron que ser acribillados. Sin embargo, la jueza encargada de la investigación, María León Neira, señaló a la prensa varios días después que “no tengo ninguna certeza de que salieron disparando, existen dudas, porque no se sabe si realmente se enfrentaron o fue otra cosa”. Y, más aún, declaró que “tampoco se ha establecido la razón por la cual los primeros peritajes policiales a los restos de los extremistas ultimados fueron efectuados por Carabineros y no por efectivos de la Brigada de Homicidios de Investigaciones, como lo establece el procedimiento de rigor. Cuando llegué al sitio del suceso Carabineros ya había avanzado los peritajes y entonces yo di la orden de que se coordinaran con Investigaciones, pero no he establecido qué es lo que sucedió” (La Epoca; 29-1-1992).
Días antes, el mismo periódico había señalado que “más dudas se generaban con el hecho de que Las Ultimas Noticias publicó ayer fotografías a color de los dos muertos en su contraportada, donde se aprecia claramente que la mayoría de los impactos de bala los recibieron en la cabeza” (La Epoca; 24-1-1992); y que “algunos partidos políticos” afirmaron “que se pudieron usar elementos químicos para obligar a salir a estas personas, a fin de no matarlas” (La Epoca; 26-1-1992). Pese a todo lo anterior -¡y sin esperar el resultado de la investigación judicial!- el presidente Aylwin dijo: “Creo que todos hubiéramos deseado que el desenlace fuera otro. Pero todos los antecedentes que se han reunido hasta ahora, que el Gobierno ha conocido, revelan que estos jóvenes salieron disparando y frente a eso el desenlace fue el que tenía que ocurrir” (La Epoca; 27-1-1992).
El segundo episodio tuvo lugar el 21 de octubre de 1993, luego que cinco miembros del Movimiento Lautaro asaltaran una sucursal bancaria en Apoquindo con Manquehue, dejando muerto al guardia del banco “quien opuso tenaz resistencia a la acción delictiva: En el forcejeo, y de acuerdo a la versión entregada por testigos, la propia arma del funcionario bancario fue gatillada, provocándole una herida a la altura del cuello que le cercenó la yugular”. Luego de esto, los asaltantes apuraron su huida y prácticamente se tomaron un microbús “que viajaba con una quincena de pasajeros”, intimidando al chofer para que a toda velocidad se dirigiera hacia el poniente. Un furgón policial lo alcanzó y le interrumpió el paso. Al intentar subir un suboficial al bus fue mortalmente herido por un asaltante que se encontraba dentro del bus. En seguida, “según testigos, algunos de los sujetos que se mantenían de pie al interior del bus intentaron salir (…) En esos instantes, desde Avenida Manquehue y desde la calzada sur de Apoquindo, una decena de efectivos de Carabineros abrieron fuego contra el improvisado refugio de los subversivos, desencadenando un verdadero reguero de plomo. El móvil, minutos después, mostraba el daño de más de 162 impactos de bala” (La Epoca; 22-10-1993).
Producto del acribillamiento del bus murieron tres de los asaltantes y tres pasajeros completamente ajenos a los hechos, y otras trece personas también inocentes quedaron heridas. Además resultaron con lesiones otros dos carabineros. Una de las heridas –Ana Verónica Neilaf- calificó en TVN los hechos como “una matanza”. Según dicha pasajera, “en un momento uno de ellos (de los asaltantes armados) hizo así a Carabineros (hace un gesto) y decía que no dispararan más. No sé si para rendirse. La cosa es que los carabineros siguieron disparando. Y la gente estaba ensangrentada, tirada en el suelo. Y yo encima de una señora embarazada”. Y la testigo agregó que “a lo mejor los carabineros pensaban que todos éramos extremistas y entonces uno me dijo, ‘ya tírate ahí tal por cual’. Y entonces otro carabinero empezó a decir que ‘basta’, que ‘basta’ que no disparen más” (La Epoca; 27-10-1993).
Pese a que el Gobierno solicitó un ministro en visita y anunció el envío de un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas inocentes, el presidente Aylwin ¡justificó la acción de Carabineros, antes de realizarse la investigación judicial!: “Yo en mi escritorio puedo elaborar muchas teorías sobre cómo habría actuado, pero otra cosa es la realidad (…) A mí se me ocurre que yo hubiera hecho lo mismo (…) Creo que Carabineros cumplió el deber que tenía de actuar persiguiendo a delincuentes que habían cometido un delito” (La Epoca; 26-10-1993).