La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, Lorena Fries, se suma a las criticas al proyecto de ley sobre la protección a carabineros y policías firmado por el presidente Sebastián Piñera, iniciativa que sanciona con cárcel a quien insulte a un policía.
Fries dijo no estar de acuerdo con la iniciativa, cursada al Congreso para su aprobación, la cual aumenta las protecciones legales y beneficios para los miembros de las fuerzas de orden y de seguridad. “Términos generales no estamos de acuerdo con que se legisle al respecto ya que existen las herramientas jurídicas para que se castigue este tipo de actos, manifestó.
Según la alta funcionaria pública, “la forma en que está elaborado el proyecto no ofrece muchas garantías a las personas y puede dar paso a arbitrariedades”.
Consideró que antes de que el Ejecutivo firmara este proyecto, que aumenta las penas a quienes insulten y agredan a los agentes del orden, se debía resolver una situación que la institución viene demandando hace algún tiempo.
La legitimidad del accionar de los carabineros en manifestaciones está cuestionada. Cómo operan y los criterios que se utilizan debieran resolverse antes de esta legislación, manifestó.
La directora del organismo sostuvo que cuando sea requerido por el Congreso evacuarán un informe donde se presentarán estas argumentaciones contra el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo.
La iniciativa ya ha sido plenamente respaldada por los partidos oficialistas, pero en la oposición han compartido las críticas de organismos de derechos humanos, quienes plantean que esta ley puede ser usada para amparar el abuso policial.
Junto a la iniciativa legal, también existe otro proyecto de “protección del orden público”, donde se quiere sancionar a quienes se manifiesten de forma violenta, que también es criticada por la posibilidad de que sancione las protestas legítimas y a quienes las convoquen.
Las declaraciones de Fries se suman al rechazo de esta iniciativa desde la gran mayoría de las organizaciones sociales, estudiantes, sindicatos y otras entidades de la sociedad civil por cuanto es una nueva manera de criminalizar la legítima protesta social y aumentar los niveles de represión.