Dos movimientos sociales clave muestran disposiciones de lucha por sus reivindicaciones inmediatas o demandas bien concretas. Los dos juntos pueden modificar el escenario político.
Son el movimiento estudiantil, representado por la Confech y la ACES, y el movimiento sindical (federaciones) de los trabajadores del cobre y de trabajadores portuarios. Estos, al actuar simultáneamente, remueven las consciencias y generan expectativas en vastos sectores de ciudadanos explotados y oprimidos.
Ante tales circunstancia y después de una lectura del enorme potencial conflictivo realmente existente, la postura concertacionista fue de alinearse tras la acusación constitucional contra el Ministro Beyer en la cámara de diputados.
Eso sí, ningún show concertacionista podrá escamotearle esta victoria relativa al movimiento estudiantil. Pase lo que pase en el Senado. La oposición actuó presionada en su voto contra Beyer por la mirada vigilante y ética de la dirigencia estudiantil.
La movida táctica del sector “progresista” de la oposición tiene por objetivo granjearse las simpatías de sectores ciudadanos críticos y disociarse del ala concertacionista neoliberal (éstos perdieron el gallito y quedaron con sangre en el ojo) que defiende el mercado de la educación privada y el lucro.
La decisión final de pasar a la ofensiva legislativa contra el gobierno de Piñera, fue tomada por el círculo de hierro de Michelle Bachelet que mostró la táctica a seguir. Esta candidatura hará bandazos de izquierda a derecha en campaña con tal de agradar para obtener votos. Una vez en el Gobierno, las promesas electorales serán sometidas a negociaciones por los operadores bacheletistas que buscarán recomponer la unidad concertacionista.
Michelle Bachelet despertó expectativas de cambio durante su campaña pasada que fueron rápidamente rebajadas al nivel de medidas asistencialistas y reformas adaptativas al sistema de dominación una vez elegida. Su Gobierno apuntó a la defensa de los pilares institucionales: la economía capitalista de mercado (con lucro) y el régimen político (binominal y Constitución pinochetista).
Una práctica de este tipo permite suponer que un presunto Gobierno concertacionista estará atravesado por una pugna constante entre el sector “progresista” (tibio) y el ala neoliberal conservadora. El riesgo de caer en el inmovilismo, si logra imponerse esta última, es una posibilidad cierta. La falta de consistencia ideológica y programática del “progresismo” concertacionista no lo ayuda. Este grupo políticamente gelatinoso puede verse reforzado por las posiciones sociales del Partido Comunista, cuyo pacto político con la Concertación y presencia en un eventual gobierno será motivo de conflicto permanente con la Democracia Cristiana. Esta profesa como ideario una versión del neoliberalismo que es terreno de consenso ideológico con Renovación Nacional, además de una predilección por la violencia estatal para preservar el orden (*).
No es para nada banal lo que sucede en la esfera civil (donde se mueven las clases sociales) y su impacto posible en la deslegitimada, pero aún operante esfera política (acaparada por la política oligárquica y transaccional del duopolio).
Los estudiantes son portadores de sus propias reivindicaciones, pero también de los reclamos de las clases medias; cuentan con amplias simpatías en su seno; tienen llegada a ella y muchos de sus líderes adhieren a una concepción antineoliberal de tipo republicanismo-social (R.D de G. Jackson). El otro sector más de izquierda y con una perspectiva democrática y anticapitalista (la UNE-ACES y otros) representa un avance de calidad en la consciencia política estudiantil (los “Autónomos” se ubican al medio).
Se trata de un dato nuevo en la actual coyuntura. Comienza a consolidarse y a prosperar la idea de la necesidad de la unidad y alianza trabajadores-estudiantes-movimientos sociales como fuerza social o sujeto político en las calles y por los cambios.
Por el lado de los trabajadores movilizados, cuyas demandas son mínimas y de sentido común, pero que sugieren un disposición de lucha del movimiento sindical, dependiendo ésta en gran parte de la dirección del movimiento, también las simpatías cívicas son amplias debido a las condiciones de explotación de esta clase social cuyas condiciones de trabajo se asemejan a las del proletariado industrial del siglo XIX. No es nada de otro mundo exigir tiempo para almorzar tranquilos y reponer la fuerza de trabajo (los portuarios) además de querer trabajar en la minería sin correr el riesgo de perder la vida y exigir a trabajo igual, salario igual.
Son botones de muestra de la condición proletaria de los trabajadores (abuso patronal, precariedad, inseguridad laboral absoluta, desposesión de bienes y derechos sociales, explotación extrema de su fuerza de trabajo).
Por el lado de la política de los de arriba, el Gobierno empresarial de Piñera en el Estado es solicitado por los empresarios duros para reprimir con violencia el paro huelguístico (declarar el Estado de Emergencia) y otros sectores patronales consensuales buscan negociar por temor a un aumento de la “conflictividad laboral” con los trabajadores. Éstos tienen la fuerza real (es una evidencia) para parar dos sectores estratégicos de la actividad económica del país (la minera y la agroexportadora). De ahí el riesgo de que los enfrentamientos entre la clase trabajadora y la clase patronal en el actual contexto se agudicen. Situación que pone en peligro la gobernabilidad neoliberal.
Una amplia alianza social trabajadores-estudiantes-pobladores que impulse y prepare las movilizaciones junto con un petitorio social de demandas comunes como fin al lucro en la educación, mejores condiciones de trabajo con un nuevo código del trabajo, viviendas sociales dignas, renacionalización del cobre, fin a las AF, salud pública y fin a las ISAPRES, cambiaría el escenario político de relaciones entre las clases y obligaría a los candidatos a pronunciarse sobre la legitimidad de las movilizaciones y las demandas. Es obvio que la dirigencia sindical próxima de la Concertación (PS-DC-PC) buscará bajarle el perfil a un conflicto que puede superarla y desencadenar una dinámica de movilización social y desvirtuar el escenario electoral “normal”.
Si lo anterior sucediera, sería el fin de la política como “medida de lo posible” y el inicio de una política constituyente del poder de los de abajo que se apoya en la acción conjunta para aprovechar la ocasión propicia, acumular fuerzas y desarrollar una estrategia para hacer posible otro Chile y otra vida.
——
(*) Ver columna sobre el tema:, “Nuevo pacto DC-RN: remozando la hegemonía y la dominación” en: http://g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=14367