Madrid.- El Consejo de Ministros aprobó el viernes la solicitud de extradición a Chile de seis ex agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) acusados de secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria el 14 de julio de 1976, informa Europa Press.
La petición de entrega, propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se refiere a los agentes que actuaban bajo las órdenes directas de la Junta Militar del Gobierno chileno y están acusados de delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal.
Se trata de Guillermo Humberto Salinas Torres, José Remigio Ríos San Martín, René Patricio Quiholt Palma, Jaime Enrique Lepe Orellana, Pablo Fernando Belmar Labbé y Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, que era además director de dicha organización, según ha informado el Ministerio de Justicia.
A los reclamados se les acusa de participar en el “proceso de represión sistemática y eliminación de opositores” al régimen militar, emprendido por la dictadura chilena durante el año 1976. En concreto, serían los presuntos responsables de la muerte del diplomático Carmelo Soria, cuyo cadáver fue arrojado a un canal, simulando un accidente con su propio coche.
Entre los requeridos por la Justicia española figura Manuel Contreras, antiguo jefe de la extinta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), que desde 2005 cumple prisión por condenas que suman más de 350 años de cárcel.
Los otros cinco acusados son el entonces jefe de la brigada Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres, así como los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe, el teniente René Patricio Quilhot Palma y el sargento José Remigio Ríos San Martín, todos ellos miembros de esa brigada.
Según fuentes judiciales chilenas, ninguno de estos está actualmente en prisión por otros casos de violaciones a los derechos humanos, aunque algunos han cumplido condenas anteriormente.
Ante esta circunstancia, la Audiencia Nacional ha solicitado su busca y captura, en aplicación del principio de jurisdicción universal en lo concerniente al delito de genocidio, para proceder a la investigación, enjuiciamiento y fallo del delito apreciado. El juez Ruz procesó el pasado año a los siete miembros del servicio secreto chileno.
CRÍMENES CONTRA OPOSITORES DE LA DICTADURA ARGENTINA
Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha acordado continuar el procedimiento de extradición a Argentina de Beatriz María Arenaza y Daniel Alejandro Ullúa, acusados de un delito de asociación ilícita por su pertenencia a la organización de extrema derecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) durante la dictadura militar.
Arenaza y Ullúa, ambos con doble nacionalidad, española y argentina, formaron parte de esta organización que actuó entre 1975 y 1976 en el ámbito universitario de Mar del Plata (Argentina) encargándose de ejecutar delitos contra los opositores al régimen. Se le atribuyen asesinatos, secuestros, robos violentos, falsificaciones de matrículas de vehículos o documentos públicos, así como coacciones e intimidaciones.
La CNU fue un grupo ligado a las Juventudes Peronistas, operando como un grupo de choque que irrumpía en las universidades con armas, cadenas y objetos contundentes para intimidar a los movimientos estudiantiles.
Las autoridades argentinas sujetaron su petición de extradición en que podrían ser autores de crímenes de lesa humanidad, no sujetos, por lo tanto, a prescripción, por lo cual solicitaron su captura internacional. La Audiencia Nacional decretó su libertad provisional tras ser detenidos el pasado mes de enero.