La justicia podría abrir causa contra los responsables del fallido proceso de licitación del litio, y dar marcha atrás al contrato adjudicado a la empresa SQM. Según un reporte de Radio Biobío, en los próximos días será entregado un informe policial a la Fiscalía Centro Norte, a partir del cual el Ministerio Público definirá las eventuales formalizaciones de cargos.
La querella se configura por el delito de fraude al fisco, y es encausada por diversos grupos y empresas, a partir de la posible falsificación de un documento que permitió la concesión del contrato de Soquimich (SQM), propiedad de Julio Ponce, exyerno del fallecido dictador Augusto Pinochet, aún cuando tenía litigios pendientes con el Estado, informa el portal de Prensa Latina.
El presidente de la Asociación Gremial de Industriales Mineros, Luis Gallardo, aseguró que fue la organización la que encontró las irregularidades del proceso y aseguró que hubo falsificación del documento.
El 1 de octubre de 2012, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás al contrato concedido a SQM, para la explotación del litio en el país durante 20 años, luego de reconocer incumplimientos en las bases del sorteo.
Según un escueto comunicado del Ministerio de Minería, se confirmó que la compañía incumplió las bases de la licitación, al corroborarse que tenía causas pendientes con instituciones del Estado.
El escándalo provocó la renuncia del viceministro de Minería Pablo Wagner, quien había estado a cargo del proceso, porque el titular del ramo, Hernán de Solminihac, se había declarado inhabilitado para actuar en el concurso, ya que su hermano Patricio de Solminihac integraba el directorio de SQM.
La empresa del exyerno de Pinochet presentó la oferta más jugosa frente a las otras dos compañías en concurso, el consorcio coreano-japonés Posco Consortium, formado por Posco Ltd, Mitsui & Co Ltd, Daewoo International Corp y Minera Li Energu Spa y otra empresa chilena.
El Gobierno del presidente Sebastián Piñera inició en junio de 2012 el proceso de licitación para Contratos Especiales de Operación, negocio con el que pronosticaba recaudar 350 millones de dólares, y que permitiría explotar los yacimientos del mineral durante 20 años, por un equivalente a 100 mil toneladas de litio.
El sorteo fue calificado de inconstitucional por la Confederación de Trabajadores del Cobre, tras argumentar que la Carta Magna en su artículo 19 señala que “el Estado tiene el dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas que están en las cavaduras, faenas metalíferas, los salares, los depósitos del carbón e hidrocarburos”.
La organización recordó que existe la expresa prohibición de concesionar ese recurso según lo establece la Ley 18.097, Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras.