Los grandes medios de comunicación del mundo entero incluyen por estos días imágenes y noticias provenientes de la región de la Araucanía. En todas las lenguas, medios de diversas tendencias políticas se ocupan de la actuación del gobierno chileno frente a la comunidad Mapuche, desde el diario El País a The Economist , incluyendo a las más importantes redes televisivas mundiales. Así como el épico episodio de los mineros atrapados en la mina San José significó un amplio despliegue y cobertura en el año 2010, lo que está pasando en el sur del país ya está en la agenda mediática mundial.
Estamos ante un fenómeno ligado, desde luego, a un proceso que se llama “globalización” y cuya arista mediática es la “Híper Industria Cultural”, la instantaneidad y ubicuidad de la información. Para decirlo de modo sencillo, el actual estadio de desarrollo de las tecnologías digitales y las telecomunicaciones hace posible que podamos presenciar cualquier hecho, en cualquier lugar del mundo, “en vivo y en directo” Esto hace que ante cualquier acontecimiento, los públicos ya no se limiten a los estados nacionales: El mundo entero observa y opina. Los estados nacionales son responsables ante sus conciudadanos, pero también ante la comunidad internacional y ante los públicos globales.
Si bien la “mediatización” es un fenómeno que está transformando rápidamente nuestra cultura, resulta evidente que posee dimensiones políticas insospechadas. El hecho de que sea un público global el que observe y escrute las actuaciones de un gobierno local es un hecho político de la mayor importancia. Por esto, los gobiernos de todo el orbe se ocupan con esmero de lo han dado en llamar “Imagen País”, sabiendo que los medios mundiales construyen – y a veces manipulan – la percepción que el público mundial se hace de tal o cual estado-nación. Una cierta imagen de un país tiene consecuencias políticas mediatas e inmediatas que van desde acusaciones en foros internacionales, reclamos de organizaciones no gubernamentales hasta condicionamientos de inversiones, créditos y un extenso etcétera.
La responsabilidad del estado chileno no se limita solo a dar estricto cumplimiento a los tratados internacionales relativos a las comunidades indígenas sino también a resolver los conflictos en los marcos democráticos mínimos reconocidos por las organizaciones regionales y mundiales. Para dimensionar el problema planteado por las comunidades Mapuches no basta la mirada tan provinciana como complaciente construida por la prensa local y comprender que estamos ante un reclamo histórico plasmado en un movimiento social. Es necesario trascender la política doméstica y poner el asunto en una perspectiva global, observando con atención la experiencia en casos afines en otras latitudes. Nos guste o no, el mundo nos observa.
Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS