Da para todo. En su nombre se declaran guerras mundiales y ordenan asesinatos selectivos. En el ámbito local, justificó el término de la investigación de los “Pinocheques” y las presiones para traer de vuelta al dictador, entre varias otras situaciones no muy nobles, pero que suceden a menudo, en el Chile de la “Transición”. De preferencia, se esgrime para faltar a la verdad. Así lo ha recordado el llamado “Caso Clarín,” que ha completado otra fase judicial en estos días.
El gobierno se ha declarado triunfador absoluto, en un caso que ha dado definitivamente por cerrado. La prensa ha seguido dicha pauta informativa con uniformidad asombrosa, en una sucesión de titulares, artículos, entrevistas y editoriales.
De poco ha servido que la edición electrónica del diario Clarín www.elclarin.cl haya informado la verdad, que es exactamente la opuesta: el Laudo del Tribunal Internacional ha confirmado en todos sus puntos los fallos anteriores, condena a Chile por violar el Tratado bilateral con España de protección de inversiones, en su dimensión de denegación de justicia y discriminación, reconoce a Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende como los únicos propietarios del diario incautado por la dictadura y condenan al Estado a indemnizarlos debidamente, anulando el monto de la reparación fijado anteriormente, que había sido rechazado por los demandantes y estableciendo un mecanismo para determinar un nuevo monto, aparte de ordenar al gobierno a cubrir parte sustancial de las costas del juicio, con efecto inmediato en beneficio de aquellos.
El juicio continuará con la designación de un nuevo tribunal y con certeza terminará en una indemnización mayor aunque, como ha reconocido el abogado del gobierno, probablemente puedan dilatarlo todavía varios años más, prolongando de este modo en los hechos la denegación de justicia a los legítimos propietarios.
El caso representa uno de los episodios más obscuros de la “Transición.” A lo largo de los últimos cuatro gobiernos, ha sido el ejercicio mas concupiscente de la llamada “política de los acuerdos” entre la Concertación y la Derecha: el expresidente Lagos le encargó la defensa al más conocido abogado de este último sector y las grandes mineras extranjeras, quién la asumió “ad honorem”.
Han gastado millones de dólares del erario público en el juicio más largo que registra el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), iniciado en 1997.
En el curso del mismo, hay episodios tan descarados, como haber “indemnizado” en una suma de diez millones de dólares a familiares del fundador de Clarín, ubicados expresamente para estos efectos, quienes reconocieron no haber recibido sino una mínima parte de dicho pago, el grueso del cual fue a parar a manos de un testaferro de la Concertación.
Aparte de más de seis millones de dólares en “costas,” incluyendo honorarios a ex funcionarios de gobierno que asumieron la “defensa del Estado” y gastos entre los cuales se registra, por ejemplo, una factura de más de cien mil dólares en “arriendo de computadores personales.” Ni la Contraloría ni nadie ha dicho esta boca es mía frente a un fraude tan evidente.
Los demandantes representan, en cambio, la expresión mas elevada de la lealtad política y el desprendimiento personal. Desde el momento mismo del asesinato del Presidente Allende, de quien fueron sus más estrechos amigos y colaboradores, han dedicado toda su vida a defender su memoria y perseguir a sus asesinos.
No han cejado en ello jamás y han actuado siempre con notable prudencia e inteligencia. Posiblemente, a nadie mas que a ellos, el país debe agradecer por la detención de Pinochet en Londres, que es el hecho que más ha incidido en la democratización real durante la “Transición.” Cuando se destapó el escándalo del Banco Riggs, lograron una indemnización de ocho millones de dólares, dinero que repartieron íntegramente entre las víctimas de la dictadura, sin tocar ellos mismos un solo peso.
Posiblemente, tal estatura moral resulte molesta – un conocido exponente del periodismo canalla ha llegado al extremo de proponer su deportación – en un país y en un tiempo, donde el oportunismo político se ha elevado a nivel de categoría conceptual y el apoderarse de bienes públicos para lucro privado han sido la norma, especialmente en la elite empresarial.
Seguramente por eso, la denegación de justicia en el “Caso Clarín” se ha convertido en “Razón de Estado.”
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