Diciembre 3, 2024

Lucha social de Freirina y política neoliberal en perspectiva

matthei_freirina

matthei_freirina La larga letanía de titulares rezaba así: “Manifestaciones contra el complejo influyeron en la decisión según la compañía”; “Tenso clima de agitación social”; “Presión social obliga a Agrosuper a cerrar Freirina y se encienden alarmas a nivel empresarial; “Sin inversión no hay progreso”; “Clima de inversión a prueba” y, “No hay certidumbre para la inversión”, junto con la aseveración de que se estaría ante “Un cuadro político complejo y de imprevisibles alcances”, a la que se agregó la no menos alarmista, pero previsible postura empresarial de Lorenzo Constans, el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC): “Se está dando la señal de que la violencia es el camino”.

 

 

La cereza del postre fue la chillona salida de de la ministra Matthei en CNN quien sostuvo que acciones “terroristas” iban a ser emprendidas en Freirina. Los animadores del programa (Mónica Rincón y Daniel Matamala) debieron interrogarla de manera apretada para recabar más información y enseguida verificarla, pero condescendientes con una autoridad del Estado no lo hicieron. Lejos estamos, pese a los aduladores de la dupla, del periodismo inquisitivo y de calidad.

 

Ahí donde hubo un movimiento ciudadano eficaz que conquistó las simpatías cívicas y cuyos miembros más destacados fueron agredidos por guardias de la empresa Agrosuper, la ministra del trabajo veía montoneras ambientalistas en Freirina. La exageración no la ayudó; rápidamente la prensa dominante ocultó el tema. La misma que afirma, para desviar la atención de temas como la corrupción del sistema de acreditación universitaria, que “Chile está en deuda con temas como una mayor flexibilización en el mercado laboral y reformas pro productividad” (El Mercurio).

 

Fue así como la resuelta actitud de la comunidad de Freirina de oponerse a vivir en medio de un ambiente degradado con olores de productos de la industria porcina que apestan, desencadenó todo tipo de reacciones que conviene resaltar. La más evidente, como lo ilustra el primer párrafo, fueron aquellas que viniendo de los pasquines financieros de cafés y del duopolio mediático impreso, insistían en oponer las virtudes de la inversión empresarial a la “violencia” desmedida de los movimientos sociales.

 

Y si bien quedó claro que fue bajo el Gobierno concertacionista de Lagos que Agrosuper se instaló para “crear empleos”, en una región que no reúne las condiciones para un tipo de empresa e inversiones altamente contaminantes y degradantes de la calidad de vida, el Gobierno se embarcó en la táctica de dividir a la comunidad entre los trabajadores de Agrosuper que querían conservar su trabajo y los movimientos ambientalistas que ignorarían los imperativos del crecimiento económico.

 

La Concertación, como es su costumbre, no reconoció sus errores y falta de visión ecologista ni de desarrollo durable y sostenible. El ex Presidente Lagos declaró que era una “inocente” paloma. Algunos dirigentes sindicales, si bien salieron a la defensa de la comunidad de Freirina y de sus demandas e insistieron en que los empleos no se justifican a cualquier precio, no recordaron la responsabilidad concertacionista en la instalación de una institucionalidad y tipo de crecimiento económico de capitalismo salvaje y neoliberal.

 

El movimiento sindical tendrá que estar a la altura de los desafíos y deberá impedir que se imponga la estrategia política neoliberal que consiste en dividir y fragmentar las luchas y los movimientos sociales. También habrá que oponerse a la estrategia concertacionista de cooptar y manipular con operadores concertacionistas a los movimientos sociales y al mismo movimiento sindical. Esta ha sido la función de la burocracia CUT. La unidad de los movimientos sociales será fundamental. Y la defensa de sus demandas junto con una convergencia de las luchas constituirán un factor clave para oponerse a la vuelta del bacheletismo concertacionista que buscará a toda costa domesticar a los movimientos sociales, entregar garantías al empresariado, generar “gobernabilidad” y darle un barniz de legitimidad a la institucionalidad decadente que ella protegió.

 

 

 

 

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