A casi dos meses del cacerolazo del 13 de septiembre, el 8 de noviembre (8N) se concretó en Argentina una inmensa manifestación de malestar, fundamentalmente protagonizada por sectores medios de la sociedad. Es indudable que no tuvo el carácter espontáneo o autoconvocado con que pretende presentársela.
Por el contrario, fue intensamente estimulada desde las redes sociales y por las grandes cadenas de comunicación, que atizaron el rechazo a la próxima puesta en marcha de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que a pesar de todos sus límites -sobre todo en lo que se refiere a la habilitación de nuevas posibilidades para los medios comunitarios-, recorta los privilegios monopólicos de las grandes corporaciones, especialmente del grupo Clarín.
Este tema ha adquirido dimensión internacional, y entraron en el ruedo sobre el “futuro de la prensa libre” desde la norteamericana CNN hasta el chileno El Mercurio, desde la colombiana Cadena Caracol hasta Televisa, de México. Las corporaciones no quieren malos ejemplos. Y esta disputa actúa como telón de fondo de las escenas que con un sentido u otro tienen un lugar en las pantallas, y otro en la movilización callejera.
Sin embargo, el análisis no puede ser simplificado, como parece hacerlo el gobierno argentino al menos en sus primeras reacciones. La dimensión de la convocatoria lograda en tono opositor merece ser considerada seriamente, sin rápidos entusiasmos ni fáciles descalificaciones. Tanto por quienes buscan restablecer el debilitado consenso en el rumbo oficial del gobierno de Cristina Kirchner, como por los diferentes sectores que se oponen al mismo. El resultado fue sorprendente por su masividad y heterogeneidad. Dio cuenta de la instalación del descontento en amplias franjas de los sectores medios frente al rumbo que asume el gobierno, conviviendo en algunas provincias con fuertes críticas a los gobiernos provinciales. La movilización se extendió en cantidad y también en territorios, volviéndose significativa en varias provincias del interior del país, además de la Capital Federal.
Los sectores de la oposición conservadora, que intentarán capitalizar el descontento, buscaron no hacer extremadamente visible su presencia, para evitar que se achicara la convocatoria. Sabían que su identificación como artífices de la protesta no sumaba, sino restaba al resultado de la misma. La crisis de representación política de la derecha conservadora quedó así de manifiesto, pero también, las dificultades del gobierno nacional para entablar un diálogo que permita separar a los sectores más reaccionarios de la derecha de otros que expresan descontentos múltiples frente a evidentes problemas de gestión o a decisiones políticas que no se comparten. También se expresa la dificultad de las izquierdas para intervenir en un contexto de malestares difusos, con propuestas que posibiliten encauzar alternativas populares a las políticas cuestionadas del gobierno nacional.
Si hubiera que subrayar algunos datos ineludibles, podríamos decir:
1. El 8N fue una protesta multitudinaria.
2. Fue una protesta heterogénea, tanto en sus participantes como en sus demandas.
3. Fue una protesta de extensión nacional, multiplicada en muchas ciudades del país y replicada, incluso, por algunos grupos de argentinos en el extranjero.
4. Es difícil que esta protesta pueda ser capitalizada de manera directa por algún sector de la oposición, pero lleva agua al molino de las derechas conservadoras.
Las demandas
Algunas de las demandas que se podían leer en las pancartas -mayoritariamente escritas a mano- eran:
· Las vinculadas con el “republicanismo” y la institucionalidad democrática:
– la no re-reelección presidencial,
– demanda contra la reforma constitucional que posibilitará la re-reelección,
– la demanda de una justicia independiente,
– demanda de libertad de prensa -en oposición al avance de la implementación de la Ley de Medios-.
· Las vinculadas con la “inseguridad” frente al incremento de los crímenes, la corrupción y la desorganización social:
– crítica a la impunidad,
– difuso reclamo por la inseguridad, y pedido de mayor represión al “crimen”,
– indignación ante la corrupción del gobierno y de los poderes.
· Las vinculadas con la “inseguridad económica” frente a las políticas del gobierno:
– denuncia de la inflación y del ocultamiento que de ella hacen los voceros oficialistas,
– pedido de aumento de las jubilaciones,
– crítica a la política impositiva,
– exigencia de soluciones frente a los problemas de vivienda, crisis energética y transporte,
– quejas frente a la restricción de la compra de dólares.
· Las vinculadas a la soberanía nacional:
– indignación frente a la ausencia de precauciones que posibilitó el embargo de la fragata Libertad en un país africano.
· Expresiones de irritación frente al estilo autoritario del discurso oficial.
A estas demandas centrales se sumaban una multitud de demandas particulares, de distinto contenido. Y también, un malestar -que fue utilizado de manera intensiva-, frente a los desastres de gestión que resultaron por ejemplo en la masacre de Plaza Once, donde el choque de un tren con resultado de una enorme cantidad de muertos mostró la cara real de las privatizaciones y de la falta de control estatal sobre las empresas que se hicieron cargo de los servicios que antes eran parte de la soberanía nacional. O la situación provocada por los cortes de luz de las empresas privatizadas de energía, que dejaron sin luz y sin agua a amplios sectores de la población. Falta de previsión, falta de inversiones, deterioro de los servicios, en un clima de mayores restricciones económicas debido a la inflación, el cepo al dólar… dieron como resultado una verdadera tormenta de verano, en plena primavera.
Como ha sucedido en otros momentos de protestas opositoras promovidas por sectores de la derecha conservadora, se han mezclado ex profeso sus intereses con malestares variopintos de los sectores medios, una parte de los cuales incluso fue votante de Cristina Kirchner. Esto alerta al gobierno una vez más en el sentido de que no existe voto cautivo ni licencia social para cualquier política. Habrá que dar barajas y repartir de nuevo, política, económica y simbólicamente hablando. Pero alerta también a quienes se entusiasmen fácilmente con el deterioro del consenso oficialista: el malestar que expresa la movilización del 8N es una ensalada que puede ser tragada más fácilmente por los discursos de la derecha conservadora que intenta articular una oposición política que por las corrientes de la oposición de Izquierda. Y al mismo tiempo, como sucedió en otros momentos, favorecerá un desplazamiento hacia la derecha del gobierno nacional, presionado por estos contenidos y proyectos en la cercanía de un nuevo proceso electoral.
¿Quién se beneficia?
No cabe duda de quiénes están en condiciones de capitalizar esta movilización: son los sectores conservadores de la derecha de la oposición, pero también aquellos que forman parte de la alianza hegemónica. El escenario de resquebrajamiento del consenso en el gobierno hace más audible al discurso reaccionario de la oposición de derecha: las voces ensoberbecidas de la derecha fortalecerán a los sectores más conservadores del oficialismo. El 8N no es territorio abonado para las izquierdas.
De manera directa, la movilización intenta ser capitalizada por los grupos de poder y los multimedios que la alentaron, para contrarrestar el impacto del 7D -día de puesta en marcha de la Ley de Medios-.
El conflicto clasista
El debate sobre el 8N expresa la polarización de una parte de la sociedad, fundamentalmente los sectores medios, en torno al apoyo o confrontación con el gobierno. No es una polarización, como algunos analistas han querido presentar, similar a la que se expresa en Venezuela, entre sectores medios opositores al chavismo y sectores de trabajadores y de pobres beneficiados por los programas sociales de la revolución bolivariana. La movilización en este caso ha sido protagonizada centralmente por sectores medios, y quienes han polemizado desde el gobierno encarnan también a otras fracciones de las capas medias, ligadas al oficialismo por una diversidad de razones relacionadas, sobre todo, con los logros en el terreno de los derechos humanos, de la política cultural y en la dimensión latinoamericana.
Pero se sumarán a la puja callejera, en este caso como oposición a las políticas del gobierno, sectores de trabajadores y trabajadoras nucleados en la CGT y la CTA, dos de las principales centrales obreras, que convocaron al paro y movilización general del 20 de noviembre. Desde el gobierno se intenta desestimar el paro general y la movilización convocados por el sindicalismo apelando a su espíritu corporativo e incluso a la ligazón de algunas de las corrientes hegemónicas del mismo con las políticas de la derecha conservadora. Se recordará seguramente a través de los medios oficialistas sus complicidades con las dictaduras y con los grupos de poder. Pero esos mismos sectores, especialmente el liderado por Hugo Moyano, constituyeron hasta hace pocos meses parte del sistema de alianzas del kirchnerismo. Es decir, es un desgajamiento de corrientes burocráticas de la clase obrera que fueron trama del gobierno, que ahora teje alianzas con corrientes combativas, buscando sostener lo esencial de su base social afectada por las políticas anticrisis del kirchnerismo. Expresa, por lo tanto, una pérdida de apoyo de la base social que construyó el consenso K.
Las demandas con las que se convocó al 20N son legítimas: elevación del mínimo no imponible, para la aplicación del impuesto a las ganancias a los asalariados; universalización del salario familiar y eliminación de topes; derogación de la Ley de Accidentes de Trabajo y rechazo a la Ley Antiterrorista; rechazo a la ingerencia del Ministerio de Trabajo en las organizaciones obreras; manejo de los fondos de las obras sociales.
Sin embargo, en el contexto agitado de estos días, la falta de diferenciación de estas demandas, en relación al pliego de demandas que movilizó el 8N, constituye un desliz oportunista peligroso, abonando un clima de ausencia de proyectos que estimule el horizonte de una propuesta de democratización efectiva, de justicia social, de soberanía. Mientras tanto, el gobierno ha dado nuevos pasos en un sentido conservador: la Ley de Semillas, que significa la resignación de nuestra soberanía alimentaria a favor de los grupos monopólicos y la aprobación de la Ley de Riesgos de Trabajos, que constituye un golpe a los trabajadores y trabajadoras, propiciado por la Unión Industrial Argentina.
La movilización: terreno fértil para pensar nuevos horizontes
Los desafíos para los movimientos populares son múltiples. El central, es repensar en clave propia un proyecto que posibilite salir de un enfoque binario de construcción política, estimulado tanto desde el oficialismo como desde la oposición conservadora.
La posibilidad para el pensamiento crítico y para las fuerzas populares es ser parte de los procesos de movilización social en una Argentina que no ha abandonado las calles. Pero hacerlo no como fuerza de apoyo de políticas que -proviniendo desde el oficialismo o desde la oposición de derecha- no expresan un programa popular ni caminos de democratización real, de descolonización y desmercantilización de la vida social. En este devenir, una vez más se pone en discusión la capacidad de que el pueblo se constituya con voz propia como sujeto histórico, que los discursos y las prácticas empiecen a parecerse entre sí y se distancien de la hipocresía, de la altisonancia, de las medias palabras.
Hay un modelo de país que, con variantes en los modelos de gestión, nos ofrecen oficialistas y opositores, basado en la renta de la soya y minera, en la energía represada de los ríos, en el extractivismo, en un modelo de recolonización del continente de acuerdo a los intereses de las corporaciones transnacionales. Es un modelo que se llama Monsanto, Barrick Gold, Alto Paraná, Cargill. Construye las vías del saqueo de la IIIRSA y pone las bases para el control de las poblaciones afectadas por los agrotóxicos, la contaminación, la pérdida de territorios y las bases legales de ordenamiento territorial, leyes antiterroristas y bases militares.
Este modelo no está en discusión ni en la movilización del 8N ni en el 7D. La imaginación del capitalismo no reconoce otros horizontes. Pero ese programa estimulado por las transnacionales está mostrando sus límites. ¿Será que los debates apasionados que recorren Argentina puedan atreverse a idear, a soñar, a construir otros horizontes? Ahí hay una clave, y un fuerte desafío.
CLAUDIA KOROL
En Buenos Aires
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 771, 23 de noviembre, 2012