Este 19 de noviembre el Senado votará la nueva Ley de Pesca en medio de la polémica por las casi mil indicaciones presentadas en la tramitación de la “Ley Longueira”. En tanto, pueblos indígenas presentarán denuncia ante Relator ONU por no ser consultados según el convenio 169 de la OIT.
El controversial proyecto de la nueva Ley de Pesca está en cuenta regresiva para la votación en el Senado. Esta semana la Comisión de Pesca comenzó el debate de una nueva fórmula junto al Ejecutivo para facilitar la votación de las cerca mil indicaciones que posee el proyecto sobre la ley “larga”, acordando que los temas complejos de la iniciativa legal, como licencias y licitaciones para la pesca industrial y artesanal, serán votados durante la sesión especial de la Sala que se realizará el lunes 19 de noviembre.
En tanto, sectores de la pesca artesanal, pueblos indígenas y organizaciones sociales han radicalizado las acciones para alertar a la sociedad chilena la amenaza que significaría la aprobación de esta nueva legislación, que dejaría en el corto plazo a los pescadores sin fuente de trabajo y a la ciudadanía sin pescados para el consumo.
Fundamentalmente porque, según indican, los recursos pesqueros serán concentrado los denominados siete clanes familiares que ya poseen el 92% de las cuotas de captura industrial.
Pescadores Artesanales
“La Ley de Lagos- normativa vigente que entregó cuotas industriales por 10 años, del 2002 al 2012- fue una prueba y los resultados fueron totalmente negativos, hemos perdidos casi el 80 % de biomasa en algunas pesquerías. Entonces la antigua ley ha tenido buenos resultados para las grandes familias, pero si esto continúa bajo la nueva ley, no vamos a tener recurso pesqueros en el país y los pescadores artesanales vamos a quedar en la miseria”, emplazó Cosme Caracciolo, dirigente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp).
Asimismo, el reconocido representante del sector pesquero aclaró que los artesanales están por la defensa de la soberanía alimentaria que el mismo Estado chileno ha dicho amparar. “Los que pescan para comer somos los artesanales, consideramos a los peces como especies que deben ser usados de buena manera, en cambio los industriales generan capital con la pesca para hacer harina de pescado y hacer alimentos para pollo, salmones, etcétera. Estamos hablando de soberanía alimentaria, entonces el estado tiene que ver quiénes cumplen esa función”.
Caracciolo junto con señalar que los pescadores artesanales están en alerta en todo el país y otros se están movilizando en contra de la aprobación de esta ley, enfatizando que “es una ley injusta y tenemos la obligación y derecho a rebelarnos, y si se aprueba vamos a ir a pescar igual, y si en la faena tenemos que enfrentarnos con el Estado ¡lo haremos!”.
Ley Longueira
Por su parte Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos, reiteró que la “Ley Longueira” quitará la propiedad del Estado de los recursos pesqueros del país. “Entrega de las licencias de pesca a las siete familias a perpetuidad, específicamente, por 25 años renovable automáticamente”.
Agregó que el proyecto señala que no habrá “licitación de porcentaje la cuota de pesca de la industria, que es el único mecanismo que tiene el Estado para recuperar en parte las rentas que generan las pesqueras, que ascienden alrededor de 900 millones de dólares que serán traspasadas de forma monopólica a las familias”.
“Llamamos a rechazar el proyecto de ley, que ha sido tramitado de forma espuria porque hay senadores que tienen intereses comerciales y económicos en las principales empresas pesqueras tanto extractiva como comercializadora. Entonces demandamos prorrogar la actual ley que reconoce que los peces son de propiedad de todas las y los chilenos y hay una serie de regulaciones que nunca han sido cumplidos desde el año 1991 y que la ley actual menciona”.
Pueblos indígenas
Otro aspecto fundamental que ha sido ignorado en la discusión de esta nueva legislación, es la consulta a las comunidades pesqueras indígenas que tradicionalmente viven de la extracción de peces por más de 10 mil años.
En este sentido, Sergio Millamán, integrante del Grupo de Trabajo de los Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche, señaló que el gobierno a través de ministro Longuiera y subsecretario Galilea, han negado que los pueblos indígenas sean afectados por la ley de pesca.
“Desde distintos pueblos indígenas se ha planteado al Congreso que este proyecto de ley sea consultado a los pueblos indígenas como indica el Artículo 6 del convenio 169 de la OIT. Es por ello que estamos impulsando una denuncia al Sistema Internacional de Derechos Humanos, ante la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, en que hemos denunciado que esta ley no ha sido consultada por las comunidades pesqueras indígenas que extraen recursos de la costa”, concluyó.