El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país el porqué dos de sus principales exponentes –los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados- promovieron a fines de 1991 la extensión de la amnistía de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura, sin perder la confianza política de los diputados y senadores concertacionistas.
En efecto, el entonces Presidente del Senado, Gabriel Valdés, en diciembre de ese año (cumpliendo su anuncio de febrero de que 1991 “debe ser el año de cambio de hoja, tanto para conocer la verdad de lo ocurrido con los derechos humanos conculcados, así como para preparar el advenimiento de la reconciliación nacional”) planteó “que la transición es un problema político y va a terminar el día que tengamos una situación que permita dictar una ley de amnistía general como se ha hecho en otros países, pero dejando al margen algunos casos que no fueron incluidos en la amnistía anterior y están en poder de la justicia, como el caso Letelier” (El Mercurio; 15-12-1991).
Reveladoramente, dos días después el Presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera Gallo, se manifestó partidario de una amnistía en dos fases. Primero a los presos políticos heredados de la dictadura que aún no habían sido indultados por Patricio Aylwin; y luego a los ex agentes de la DINA y la CNI culpables de crímenes con la excepción de “los asesinatos más graves (sic) cometidos en los últimos años, entre ellos, el caso Letelier, caso de los degollados, Operación Albania, Tucapel Jiménez y otros de singular magnitud” (El Mercurio; 17-12-1991).
¡Hasta la propia derecha de ese entonces se manifestó contraria a la idea! De este modo, el Presidente de RN, Andrés Allamand, manifestó que su colectividad no era partidaria de una nueva ley de amnistía: “Así como defendemos en todas sus partes –y nos parece un elemento clave en la estabilidad política y la reconciliación- mantener la Ley de Amnistía de 1978, no nos hemos planteado en la hipótesis de una nueva ley de amnistía” (El Mercurio; 17-12-1991).
Asimismo, el diputado UDI, Andrés Chadwick, dijo que su partido “no promoverá una nueva ley de amnistía, porque no es indispensable y urgente para la paz social. Sostuvo que la ley anterior respondió a la necesidad de dar tranquilidad ante las múltiples confrontaciones que se vivieron producto del Gobierno de la UP, pero que a partir de ella las situaciones se mueven en el ámbito penal” (El Mercurio; 17-12-1991).
Dichas reacciones liquidaron totalmente desde su inicio aquellas iniciativas promotoras de la ampliación de la impunidad. Además, varios diputados concertacionistas comprometidos con la causa del respeto de los derechos humanos se manifestaron particularmente duros al respecto. Fueron los casos de Sergio Aguiló(PS), Jaime Naranjo(PS) y Guillermo Yunge(PDC).
Así, los dos primeros señalaron en una declaración pública que “resulta a lo menos sorprendente que sean los presidentes de ambas corporaciones del Congreso, en un mismo período, y sin consulta previa a las instancias políticas a las cuales pertenecen, quienes se manifiesten a favor de una medida que nunca estuvo en los propósitos y Programa de la Concertación. Por el contrario, nuestro compromiso, entre nosotros y ante el pueblo, fue la derogación o anulación de la ley de amnistía de 1978” (La Epoca; 18-12-1991). Además, afirmaron que “una ley de punto final sin duda debilitará la democracia, puesto que aquellos que ayer mataron, secuestraron y torturaron no sólo sabrán que es posible hacerlo mañana y no ser castigados, sino que muchos de ellos seguirán cumpliendo funciones relevantes en los aparatos del Estado”. Por último, sostuvieron que “es falsa la argumentación del senador Gabriel Valdés de que una ley de punto final pondría fin al proceso de transición. La transición culminará cuando el Estado de Derecho y las instituciones democráticas definan y caractericen el desarrollo y quehacer de nuestro país” (La Tercera; 18-12-1991).
A su vez, el diputado Yunge manifestó que “plantear una ley de punto final a estas alturas sólo beneficia, en estricto rigor, a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno anterior, de los cuales sólo están siendo juzgados algunos en casos muy determinados, por lo cual una legislación de esa especie significaría consolidar la impunidad del resto de los responsables de dichos atropellos” (El Mercurio; 17-12-1991).
Sin embargo, el nuevo presidente del PDC, Eduardo Frei Ruiz Tagle, curiosamente “declinó pronunciarse hasta conocer cabalmente las declaraciones de su camarada y colega Gabriel Valdés” (El Mercurio; 17-12-1991). Pero lo más notable fue que ¡la segunda y tercera autoridad del país y de la Concertación hiciesen propuestas de impunidad que iban más allá de las aspiraciones de los partidarios del pinochetismo! Y lo más grave es que ambas autoridades siguieran contando con la confianza política de la generalidad de los parlamentarios de la Concertación, manteniéndose varios años más en sus altos cargos ¿Qué explicación hay para todo ello?