Es posible que tras las múltiples manifestaciones de las últimas dos semanas, las que han superado ya varias decenas, los procesos sociales en Chile hayan ingresado en una nueva fase. Aun cuando el gobierno ha preferido insistir en la descalificación de los movimientos sociales y mantener su gastado discurso del orden público, desde otros ámbitos institucionales de la política han comenzado a elevarse voces que confirman el traspaso de un nuevo umbral.
Durante estos días se ha hablado de “crisis institucional”, de una “situación inmanejable”, de “pérdida de rumbo”, además, claro es, del síndrome del “pato cojo”, que es la condición en la que ha mutado la figura de Piñera, desde ahora enfrentado a un sistema político que mira el presente en una relación de rentabilidad que apunte a las elecciones presidenciales del próximo año.
Lo que puede verse de aquí al futuro es un gobierno acabado en su capacidad de establecer un rumbo y hacer proposiciones. No solo porque sus niveles de aprobación se mantienen en mínimos históricos para esta democracia tutelada, sino también porque sus grandes propuestas, como ha sido este año la reforma tributaria o la ley de pesca, están en el congreso en un áspero proceso y bajo la observación externa de activistas y organizaciones sociales. Si la reforma tributaria ha dejado ver los descuentos en los impuestos con los que el gobierno intenta beneficiar al primer quintil de ingresos, ensanchando aún más la brecha de la desigualdad estructural, en el caso de la ley de pesca busca consolidar un proceso iniciado hace más de una década por los gobiernos de la Concertación para privatizar los recursos pesqueros en manos de las grandes pesquerías depredadoras.
El último intento por copar la agenda comunicacional fue el fiasco de la encuesta Casen y la reducción de la pobreza. Las odiosas declaraciones que las estadísticas esgrimidas por el gobierno de Piñera estimularon entre ex ministros de los anteriores gobiernos administradores del modelo neoliberal no solo sirvieron para poner en duda la idoneidad y integridad de los ingenieros de Piñera sino a la misma metodología de la Casen. La encuesta, a los ojos de gran parte de la población, es una entelequia funcional a sociólogos y políticos que una expresión de la verdadera cara social y económica del país.
Pese a gozar de la complicidad de los medios corporativos de comunicación, son escasos y efímeros los eventos que logran fluir bajo el control comunicacional del gobierno. Lo usual, desde hace más de un año, es que sean los movimiento sociales, encabezados por los estudiantes, los que han marcado la pauta política. Ni durante las vacaciones ha tenido tregua: en pleno febrero fueron los habitantes de Aysén quienes se encargaron de mantener a la ciudadanía como el primer actor de la agenda.
La penúltima semana de agosto, con la nueva y poderosa arremetida de los estudiantes secundarios, el gobierno agotó sus respuestas, las que si bien no habían logrado destrabar el conflicto con los jóvenes y adolescentes, sí pudieron distender el problema y confundir a dirigentes y estudiantes. A diferencia de los años y meses precedentes, esta vez ya ha utilizado todos los cartuchos legislativos, todos ellos hoy rechazados por el movimiento estudiantil, desde las becas a la reforma tributaria.
Lo que le queda al gobierno, y eso es lo que hemos observado en estas semanas, es negar, quizá engatusar, también descalificar. Algo así hizo el ministro de Educación, Harald Beyer, durante la jornada de protesta de los secundarios. Con el cinismo propio de la oligarquía y de funcionarios de la dictadura reciente, daba una conferencia de prensa para defender las iniciativas del gobierno en materia educacional, las que son, decía, una respuesta a las demandas de los estudiantes. A la misma hora, el presidente Piñera hacía sus cálculos y declaraba que los colegios en toma representaban solo el 0,1 por ciento del total de los establecimientos.
Con esta actitud, Piñera cortó las comunicaciones con los grupos movilizados. El discurso del gobierno se ha cerrado sobre sí mismo, sobre las clases financieras y empresariales y sobre las elites políticas. La insistencia de responder a esas demandas con ajustes al mercado y no desde fuera del mercado, tal como exigen los jóvenes, representa, además de su encierro ideológico y los límites de un deteriorado y cada día más desprestigiado modelo de mercado, su fracaso político para resolver la crisis educacional.
El duopolio, descalificación y represión
Tal como hemos venido observando desde hace meses, la negación de la magnitud de la crisis y la descalificación que se hace al movimiento estudiantil, obedece a una estrategia comunicacional de La Moneda canalizada y amplificada a través de los medios de comunicación funcionales al gobierno y al empresariado. Se trata de un discurso mediatizado que apunta a los efectos y no ve causas, que busca atemorizar a la población con la amplificación de la “violencia de los intransigentes líderes estudiantiles”, el que reproduce casi literalmente los calificativos del gobierno. El editorial de La Tercera del 24 de agosto reproduce ese relato casi con puntos y comas. “La convocatoria de ayer confirma otra vez que un grupo minoritario de alumnos de establecimientos municipalizados insiste en recurrir a medidas de fuerza…”, mensaje de Piñera, por tanto los estudiantes deben “desistir de las tomas y aportar con propuestas a la discusión de los proyectos que se tramitan en el Congreso”, que es el mismo mensaje de Beyer.
Esta naturaleza de declaraciones, que expresan con toda claridad un cerrojo a los cambios demandados, no se lanzan solas. Van reforzadas con un despliegue masivo de fuerzas policiales, las que reprimieron aquel jueves 23 de agosto con una refrescada energía a los jóvenes y adolescentes. Las escenas en las calles para cualquier observador, algunas de ellas capturadas por los medios independientes que circularon profusamente por internet y las redes sociales, recordaban sin ninguna exageración a las de la dictadura. Así escribió con su habitual agudeza nuestro compañero Ricardo Candia horas después de la violenta jornada en un artículo titulado “La guerra de Piñera” publicado por el diario electrónico El Clarín de Chile. “El régimen se ha armado y apuesta a aumentar su poder de fuego. Dispone para el efecto uno de los más grandes presupuestos de la historia. Suma a esa medida la guerra sicológica disponiendo que los medios de comunicación busquen las contradicciones entre los dirigentes, aumenten las hogueras y quebrazones, oculten las causas que dan origen a la rebelión y mientan todo lo que les permita la imaginación y el sueldo”.
El Mercurio ha ido aún más lejos: ha detectado un nuevo enemigo interno. El 22 de agosto un editorial alertaba a sus lectores porque “actualmente minorías audaces pero organizadas pueden ampararse en aspiraciones estudiantiles, regionales, laborales, indígenas para enseñorearse por horas de carreteras, recintos educacionales, industrias”. El peligro de desestabilización del statu quo, advertía el matutino, se halla en “grupos políticos radicalizados que están instrumentalizando a los estudiantes con objetivos que ya distan mucho de su demanda original porque su meta es un estallido social que cambie el sistema y la institucionalidad del país (…) son grupos minoritarios que repudian por igual a partidos gobiernistas y opositores, recurriendo a toda la violencia que puedan desplegar “. Como sugerencia al gobierno, el diario propuso una mayor eficacia en la represión policial y en el trabajo de las fiscalías.
Pero desde otras tribunas surgen opiniones menos ideológicas y bastante más reflexivas. Aquellos mismos días, en el diario electrónico El Mostrador se podía leer un editorial que apuntaba en un sentido opuesto al del gobierno y el duopolio. “Resulta preocupante la manera cómo el gobierno hace frente a las movilizaciones sociales y gestiona los conflictos. Lo está haciendo sin atender al hecho que las razones que los mueven poco tienen que ver con diferencias doctrinarias o ideológicas. La mayoría, como la educación, por ejemplo, a estas alturas una encarnizada demanda por la gratuidad y la calidad, son transversales y tienen el apoyo de la mayoría de la población”.
El duopolio y los poderes establecidos pueden olfatear el nuevo clima nacional, aun cuando no consiguen ni desean determinar sus causas. Porque no se trata, como dice El Mostrador, ni de minorías ni de radicalización, sino de una masa crítica cuyos problemas cotidianos han terminado por desbordar su paciencia.
Una creciente movilización social
El movimiento estudiantil no está solo y se inscribe en una corriente social que tiene características globales e históricas, flujo con una fuerte inspiración antineoliberal y anticapitalista. Los estudiantes, si bien partieron bastante solos el 2006 y un poco más escoltados el 2011, hoy forman parte de una tendencia que aglutina múltiples otras demandas impulsadas por diversos movimientos sociales. Aquellos reclamos puntuales por deficiencias en infraestructura, hoy, tras el despertar ciudadano, han mutado en la necesidad de cambios políticos integradores impulsados por la misma ciudadanía. Ante el deterioro del sistema binominal y el absoluto descrédito de toda la clase política la única salida que el pueblo ha comenzado a ver es a través de una asamblea constituyente.
El gobierno ha entrado en una etapa de repliegue que queda representada en una Moneda vallada y por calles reforzadas por una creciente fuerza policial. Es la rendición de Piñera ante los poderes de la oligarquía nacional, representada por los medios de comunicación, las grandes corporaciones, los grupos económicos y los partidos de su coalición. Hace un año atrás, en medio del fragor del movimiento universitario, tal vez Piñera pudo haber inscrito su propio rumbo a las demandas de la historia mediante una reforma profunda al sistema educacional, pero hoy ya es tarde. El presidente ha sucumbido a su clase empresarial y política, a sus socios y colegas, a la mercantilización de la educación. El neoliberalismo y los grandes negocios ya han escrito su pobre lugar en la política.
El gobierno está en las cuerdas ante un movimiento en pleno crecimiento y organización. El historiador Gabriel Salazar, en una entrevista reciente a un diario del duopolio, hizo una evaluación del movimiento estudiantil, el que “está lejos de haber perdido fuerza”. Lo que viven hoy los estudiantes es un momento de transición, “sumido en una reflexión interna a nivel de sus bases, con el propósito de levantar una propuesta política”. Un trance que requiere de otros actores sociales como aliados.
No sabemos aún el rol que jugará la CUT sin Arturo Martínez a partir de ahora. Pero sí es posible observar un proceso de incorporación de nuevas temáticas a la agenda política. Lo que hace unos pocos años y tal vez meses era impensable, hoy está de manera creciente incorporada en el habla política. La Asamblea Constituyente, que es una manera de “resetear” el actual sistema binominal junto a toda la institucionalidad económica, ya es materia que aterra a concertacionistas, aliancistas, gobiernistas y editorialistas del duopolio.
La idea de una Asamblea Constituyente ha venido ganando terreno desde las primeras movilizaciones estudiantiles hace ya más de un año. En la convicción que la traba a los necesarios cambios que pide la población no es este gobierno ni la Concertación, sino ambos bajo la institucionalidad heredada de la dictadura, la única salida hoy posible es una recomposición de todo el sistema político y económico desde sus cimientos y con la participación de las organizacciones sociales. De lo contrario, el deterioro institucional conducirá al país a una crisis sin precedentes en esta larga transición.
PAUL WALDER
Artículo publicado en revista Punto Final